Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en octubre un pacto que abarcó más allá de los Presupuestos de 2019. Una batería de medidas y reformas ajenas a las Cuentas del Estado que eran todo un programa político para revertir buena parte de las políticas y los recortes de Mariano Rajoy. Pero el Ejecutivo no ha aprobado casi ninguna de las medidas con las que se comprometió el presidente del Gobierno más allá de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 900 euros. 

Unidas Podemos sigue pidiendo valentía para que se saquen adelante algunas de estas medidas. El grupo confederal no quiere hacerle la campaña a los socialistas aprobando los decretos en la Diputación Permanente, pero les recriminan que no han trabajado lo suficiente durante la legislatura. Por el camino se ha quedado la regulación de los precios del alquiler o de la factura de la luz, la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas o el plan de choque en dependencia para reducir las listas de espera.

Estas y muchas más medidas podrían llevarse por real decreto todavía. La Constitución Española establece en el artículo 86 que el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales a través de Decretos-leyes siempre que no afecten "al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

De hecho, Unidas Podemos y el Gobierno han continuado las negociaciones esta semana para llegar a un acuerdo con el decreto de vivienda. En contra de lo que el Ejecutivo se comprometió, han rechazado regular el precio del alquiler. El nuevo decreto de vivienda tiene algunas medidas que ha arrancado el grupo confederal, pero no incluye todo lo que debería.

Vivienda: regular el precio del alquiler

En el anterior decreto la principal medida era que se ampliaba el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de tres a cinco años (o siete años si el arrendador es persona jurídica). En este nuevo decreto se obliga a los juzgados que pongan en conocimiento de los Servicios Sociales los procesos de desahucio, el aplazamiento de estos de un mes a persona jurídica y la modificación de la LEC para que se especifique siempre la fecha y hora exacta de los desahucios. Además, entre otros, se establece la indexación al IPC obligatoria para todos los contratos y hacer un índice de precios de referencia, estatales y autonómicos. 

Todas estas medidas las ha negociado Unidas Podemos, pero por el camino se quedó el compromiso de regular el precio del alquiler, sobre todo de los nuevos contratos, vinculados a índices de precios en barrios que se basen en la renta media disponible. Esta es una medida que todavía puede llevarse a cabo por decreto ley para que los Ayuntamientos puedan limitar el precio del alquiler en la zonas tensionadas. "Es lo que más puede detener la burbuja acelerada del alquiler", insiste Unidas Podemos.

La revalorización de las pensiones al IPC

El Gobierno ha renunciado a hacer cambios en pensiones por decreto. No cumplirán con otra de las medidas a la que se comprometieron con Unidas Podemos y con los agentes sociales: la revalorización de las pensiones al IPC. El Ejecutivo todavía tienen en sus manos llevar a cabo esta reforma, aunque ha renunciado a ello excusándose en las diferencias del Pacto de Toledo después de que Unidas Podemos rechazara apoyarlo al contener recomendaciones como aumentar la edad de jubilación.

Sin embargo, en octubre firmó que las pensiones se revalorizarían conforme a la previsión de IPC con la misma garantía de paga compensatoria en caso de desviación a final de año. Además de medidas para reforzar la estructura financiera de la Seguridad Social como que las horas extraordinarias vuelvan a cotizar a la Seguridad Social como antes del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Reducir la factura de la luz

Otra medida que tampoco llegará será la de reducir la factura de la luz. Es una reforma que tiene más complicación técnica pero podría hacerse si se reducen los privilegios de las eléctricas y, con ese plus de ingresos, se abarata la factura de la luz de todos los consumidores. Sobre todo, para los más vulnerables, primeras residencias y consumos razonables.

Como se reconoce en el pacto presupuestario, el mercado eléctrico recibe una sobrerretribución gracias a que "determinadas tecnologías fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y con el que han recuperado sobradamente sus costes de inversión". La posibilidad que se acordó fue establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico. 

Prohibir la publicidad de las casas de apuestas

Tampoco se ha avanzado en prohibir la publicidad de las casas de apuestas. Otra medida que podría llevarse a cabo al dar la competencia estatal el motivo de salud pública y la urgencia la gravedad de la proliferación de las casas de apuestas. 

De hecho, son necesidades que se reconocieron en el acuerdo cuando se firmó "aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos de tabaco" y "estudiar la inclusión en el marco regulador de los juegos de azar y apuestas en línea de medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos, que permitan reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y prevenir, anticiparse y, en su caso, identificar la generación de patrones de juego problemático, mejorando la protección del consumidor". 

Plan de choque para reducir las listas de espera

Tampoco se ha materializado el plan de choque para acabar con las listas de espera. Las cifras son alarmantes: ochenta personas murieron al día en 2018 esperando a recibir las ayudas de la dependencia. Para revertir esta situación, las valoraciones pendientes y las ya reconocidas como dependientes pero que están a la espera de recibir la prestación, el Gobierno y Unidas Podemos acordaron mejorar las cuantían en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia. 

Aquí se pactó un "esfuerzo gradual" para mejorar la financiación del nivel mínimo a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y Comunidades Autónomas que se derogaron en 2012, la recuperación de la cotización a la Seguridad Social para los familiares que cuidan y la derogación de los artículos del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos

No se ha llevado a cabo la polémica reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos. Sánchez firmó con Iglesias que se vincularían a los ingresos reales "de manera que se garantice a los autónomos con menos
ingresos una cotización más baja". También se quedó en papel mojado las medidas para combatir la proliferación de falsos autónomos. 

Plan de choque en ciencia

Las medidas en Ciencia e I+D+i son otras que se quedaron en el acuerdo de Moncloa. Entonces se firmó incrementar en un 6,7% las cuantías íntegramente en el ámbito civil, aumentar las partidas de proyectos de investigación y facilidades para contratar gente a cargo de ellos y los contratos  predoctorales y postdoctorales e iniciar un plan de choque para la recuperación del personal perdido a causa de los recortes. 

Sistema de escuelas de 0 a 3 años gratuito

También se paralizó la universalización de las escuelas infantiles de los cero a tres años. "Con el objetivo de avanzar decididamente en la universalización y gratuidad de esta etapa educativa en el conjunto del país en un sistema público, se facilitará que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones", se acordó.

"¿Hubo voluntad?" Voto rogado y ley mordaza

Otras medidas son imposibles de recuperar, como ocurre con la derogación de los artículos del Código Penal. Pero entre el grupo confederal de Unidas Podemos se preguntan si hubo realmente voluntad del Gobierno de hacer estos cambios. Desde la derogación de la ley mordaza, a las reformas más regresivas del Código Penal o blindar el "sólo sí es sí". Estos cambios se comparan con lo que ha sucedido con el voto rogado. "No hubo prisa", aseguran. Se esperó a tener consenso en la Cámara Baja hasta que ha finalizado la legislatura y las medidas cayeron. 

Pendiente: reforma laboral y permisos de paternidad

El decreto de reforma laboral también dejará mucho por el camino. El Gobierno negocia con algunas formaciones políticas - no con Unidas Podemos - modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Con el grupo confederal se comprometió a ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo a la finalización de su vigencia, reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial, revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y reducir la dualidad
entre trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral. De momento, este decreto para la reforma laboral no se llevará a Consejo de Ministros. 

También está pendiente el aumento de los permisos de paternidad a 16 semanas a través de decreto ley, las mejoras de las prestaciones por hijo a cargo y la reducción de la edad de la prestación para desempleados de más de 55 años a 52 años. Medidas que, en principio, contarían con el voto de Unidas Podemos y que tienen altas posibilidades de que, si el Gobierno da el paso, se puedan aprobar.