Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG presentan ante la Mesa del Congreso la propuesta de la creación de una comisión de investigación "sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados". Según reza el documento que las tres formaciones extenderán a la Mesa, y al que ha tenido acceso Público, hasta 65 personas habrían sido objeto del espionaje. En el texto se solicita al Congreso que facilite a la comisión todo el material necesario para la investigación.

Los tres partidos respaldan su solicitud con los datos aportados por los laboratorios forenses Citizen Lab (Universidad de Toronto) y Amnesty International Security Lab, además de en las informaciones publicadas en el medio de comunicación norteamericano en The New Yorker y el diario español El País. 

El presunto espionaje a través de los softwares maliciosos Pegasus y Candiru a los que se refiere el documento socabaría varios "derechos fundamentales" recogidos en la Constitución, que garantiza a cualquier ciudadano el "respeto y protección individual a la intimidad y privacidad"  (artículos 18.1. y 18.4. de la Carta Magna), el secreto de las comunicaciones (art. 18.3.) o el derecho de defensa (art. 24 CE).

Habrían sido víctimas de estas malas prácticas por parte del Estado, siempre según las investigaciones que recoge la propuesta de comisión de investigación, los expresidentes de la Generalitat Quim Torra y Artur Mas; el actual presidente Pere Aragonès; otros políticos como Jordi Sánchez, Anna Gabriel o Arnaldo Otegi; el presidente del Parlament Roger Torrent o la expresidenta Laura Borràs; activistas como Jordi Cuixart o Elisenda Paluzie; o diputados y exdiputados como Míriam Nogueras, actual portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso o Ferran Bel, Jon Iñarritu o Albert Botran entre otros.

"Los hallazgos de Citizen Lab demuestran técnicamente la utilización de vectores de infección diversos, con utilización de sistemas de ocultación del malware y de infiltración de máxima sofisticación (infección inadvertida a través de sistemas de zero-click), que generan una monitorización del terminal espiado que va más allá de la interceptación de comunicaciones, para suponer un acceso absoluto a todo su contenido", detallan los partidos firmantes.

Tanto en los acuerdos para la formación de la Mesa del Congreso, como en los acuerdos de investidura, Pedro Sánchez ya se comprometió a reactivar la investigación de del caso Pegasus. Junts per Catalunya registró el pasado viernes, junto con el PNV, dos comisiones de investigación. Una, también sobre Pegasus y otra, para "saber la verdad" sobre los atentados yihadistas de 2017 en la Rambla.

ERC, Bildu y BNG señalan al Estado

El software malicioso, fabricado por la compañía israelí NSO, del que hablan ERC, EH Bildu y BNG en el texto permitiría "la monitorización y extracción de datos de la mensajería instantánea, geolocalización, captura de pantalla, escucha de llamadas e incluso activación remota de cámara y micrófono y posible creación de pruebas falsas".

Además, las tres formaciones especifican que "NSO afirma que Pegasus solo se vende a fuerzas del orden y agencias de inteligencia", con lo que las tres formaciones señalan, siempre presuntamente, al Estado como responsable del espionaje a los políticos vascos y catalanes, activistas, abogados y periodistas, así como al entorno de algunos de ellos.

En el plano internacional, el caso Pegasus también ha cobrado importancia en los últimos meses. El Parlamento Europeo ha iniciado ya su propia comisión de investigación, mientras que el Consejo de Europa ya se ha expresado en términos de urgencia para que España se apresure a investigarlo y aplicar las sanciones oportunas.