Recuperado de sus problemas de salud y con las mismas energías que cuando era ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha declarado tajantemente que son "grabaciones ilegales" las que le hicieron en su despacho mientras hablaba con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, los días 2 y 16 de octubre de 2014. Lo ha dicho en sede parlamentaria y con la obligación de decir la verdad, ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre su gestión y sobre los informes apócrifos de su Policía contra políticos soberanistas y Podemos, entre otros partidos. 

Aunque el interés del dirigente del Partido Popular ha sido culpar a Público por difundir "a trocitos" las grabaciones en exclusiva  antes de las elecciones del 26 de junio de 2016 para perjudicarle políticamente ─a pesar de que sacó más votos en Barcelona que en otros comicios─, no le ha quedado más remedio que reconocer que alguien grabó ilícitamente a quien fuera el máximo responsable de la seguridad interior española en su despacho ministerial. Incluso ha solicitado que se haga una prueba pericial de los archivos entregados por este medio a la Fiscalía General del Estado, algo que sorprendentemente no realizó la Comisaría General de Información encargada de la investigación.

En una comparecencia que ha recordado por momentos a una declaración en sede judicial, cosa que habría ocurrido si la Fiscalía hubiese abierto diligencias o los grabados hubieran denunciado, el exministro ha echado balones fuera y ha recalcado que sólo el ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, el inspector José Ángel Fuentes Gago, conocían que se iban a realizar las reuniones, porque fueron ellos quienes las organizaron, tal y como desveló Público.

Eso pone en jaque al ex número dos de la Policía y jefe de la brigada política que actuó durante el mandato del exministro, quien declaró a uno de los periodistas relacionados con esta trama que sabían que era normal grabar al ministro y que el problema era el "custodio" de las grabaciones. 

En esa entrevista, Pino dejó claro que ni los comisarios José Manuel Villarejo ni Marcelino Martín-Blas habían tenido en su poder esa grabación, por lo que la comisión de investigación se ve obligada a llamar a declarar al menos al ex número dos de la Policía, que aunque era un funcionario también era un cargo de confianza elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy, explican fuentes de los diferentes partidos. 

Ni guerra de comisarios, ni con el CNI

Lo que ha quedado desmontado también es que la grabación que le hicieron en 2014 y su difusión tuviera su origen en la supuesta "guerra de comisarios" o "entre Policía y CNI" que algunos altos mandos de la confianza de Pino han divulgado entre los periodistas. Ni siquiera el ministro ha hecho alusión a esto; más aún, ha señalado como algo extraño que al excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, se le grabara cuatro días después que a él. 

El tono de las preguntas del PdCat, Podemos, ERC, PNV e incluso el PSOE ha estado cargado de la intención de investigar un problema "que afecta al Estado" al margen de las diferencias políticas, como ha señalado la dirigente de Podemos Irene Montero. Esto da a entender que tras estas declaraciones el presunto pacto PSOE, Ciudadanos y PP para que no acudan a comparecer los ex responsables de la policía tiene grietas. 

A pesar de los encontronazos que el ministro ha intentado mantener con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el diputado ha logrado sacarle que la relación de confianza con Daniel de Alfonso no era tal.  El exministro ha eximido al exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya de ser quien le grabó ─"me puedo sorprender", ha dicho Jorge Fernández Díaz─, pero como si de dos pillos se tratara ha asegurado también que la frase que pronuncia al principio de la segunda reunión ("el presidente lo sabe") en realidad era una mentira para intentar dar confianza a su interlocutor. 

A quien no ha podido acusar de malos modos es a la diputada de Podemos, Irene Montero. La pasada semana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, intentó hacer creer que el listado de preguntas que le hacía la portavoz de la formación morada atentaba contra las normas del decoro, cuando lo que trataba era indagar sobre los comisarios y periodistas relacionados con estas presuntas malas artes de la brigada política y que ya están afectando también al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Casa Real.

Pero en esta ocasión Fernández Díaz ha reconocido el interés de las preguntas y también que el mal llamado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) era "un conjunto de recortes de prensa", que no estaba inscrito en la base de datos oficial de la policía (Gati), que no sabe quién lo hizo y que fue enviado a la UDEF por el comisario Eugenio Pino sin seguir los cauces legales.

Más aún, la cronología que le ha expuesto la diputada demuestra que el ex responsable de la cúpula policial filtró a su amigo Eduardo Inda ese "informe de noticias de actualidad" y que nadie firma, como si realmente fuera un documento auténtico de la Policía. Algo que el exministro no ha tenido argumentos para negar.