MADRID.- El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, mintió al decir que las actividades privadas del comisario José Manuel Villarejo eran compatibles con sus funciones públicas, según se desvela en el sumario del caso del pequeño Nicolás. Después de hacerse públicas las decenas de empresas y los millones de euros de patrimonio de este alto funcionario policial, el ministro encargó al ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, una investigación sobre la compatibilidad o no de las actividades. Pino delegó esta misión en su mano derecha, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, conocido ahora por ser la persona que pone en contacto al director de la Agencia Antifraude de Barcelona con el ministro del Interior.

Fernández Díaz había declarado secreto este informe. Sólo era conocido por el ministro, Pino y Gago, hasta que el juzgado de instrucción número 2 de Madrid, que dirige Arturo Zamarriego, lo ha reclamado. Según explica el inspector jefe Fuentes Gago en el informe al que ha tenido acceso Público, “si bien es cierto que NO consta solicitud de compatibilidad, desde nuestro punto de vista hay que resaltar que no resulta necesaria”.

Pero la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios en su artículo 14 remarca que “el ejercicio de actividades profesionales laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”. El informe demuestra, sin embargo, lo desvelado por Público hace un año, que el comisario Villarejo no cumple ese requisito y que nunca ha solicitado la compatibilidad al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, obligatoria para todos los funcionarios españoles.

Además, en el artículo 12 de la Ley Orgánica 53/84, en su punto b, explica que es incompatible “la pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado”. Pero los objetos sociales de sus empresas incluyen despachos de abogados –y clientes que tienen investigaciones policiales abiertas-, de investigación, el asesoramiento empresarial o las relaciones con instalaciones telefónicas y otros asuntos tecnológicos.

Actividades descontroladas

Lo más sorprende del asunto, al margen del informe en sí, son las declaraciones de los dos responsables policiales encargados de investigarlo. Ante el juez Zamarriego, el inspector José Ángel Fuentes Gago explica que realizó un informe sobre “compatibilidad administrativa y actividad empresarial” con la documentación que “me aportó él”, “no hice ningún análisis exhaustivo”. Es más, asegura que no realizó "ninguna valoración de las empresas, simplemente los títulos que ostentaba”.

Es decir, no sabía si las actividades del comisario Villarejo eran compatibles o no con la función pública, aunque lo que sí sabía era que no había pedido la compatibilidad para las mismas. Ahonda más en el asunto el juez Zamarriego con el ex director Adjunto Operativo (DAO), el comisario Eugenio Pino, quien le explica al juez que las informaciones sobre las propiedades y empresas de Villarejo las conocía porque el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, lo había investigado y se lo había pasado, “pero no lo he leído”.

Empresas clave

Estas empresas del comisario Villarejo son claves para conocer a los autores de la grabación y difusión de la conversación entre miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los investigadores del caso, y que fue entregada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias con la intención de archivar la causa. Por ahora está imputado un periodista del medio de comunicación que regenta la esposa del alto funcionario policial, Gema Alcalá.

Sin embargo, el sumario señala como autor intelectual de estos hechos al comisario José Manuel Villarejo, que declara hoy ante el juzgado de instrucción número 2 de Madrid, por poner su entramado empresarial al servicio de esta trama. Los investigadores a las órdenes del juez Arturo Zamarriego relatan que este pudiera tratarse de un encargo realizado desde la secretaría de Estado de Interior a la cúpula policial para elaborar y difundir a través de determinados periodistas (como Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta) una grabación ilegal que ayudara al presunto estafador a archivar la causa.

También declara por este caso, pero en calidad de testigo, el director General de la Policía, Ignacio Cosido, que lleva un tiempo desaparecido y que no se ha pronunciado aún sobre las conversaciones grabadas en el despacho de Jorge Fernández Díaz.