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Hacia el final de ETA El gobierno abandona a su suerte a los últimos cien escoltas del País Vasco

El viernes 31 finaliza el servicio de seguridad que aún conservaban 109 políticos y empresarios. A pesar de los intentos de negociación, la mayoría de los vigilantes se quedará sin trabajo. “Nos han dejado tirados”, afirma uno de ellos.

Escoltas de espaldas acompañan a un político. /EFE

“Entregaremos las armas antes que ETA”. Así resumía su situación laboral –y también personal- uno de los últimos escoltas del País Vasco. Cuando acabe este mes, será un número más en la lista del INEM: el próximo viernes 31 concluirá para siempre el servicio de protección a políticos y empresarios amenazados por ETA.

De esta manera, los 109 empleados de la empresa de seguridad Ombuds que prestaban este servicio se quedarán sin empleo. Según fuentes sindicales, un 80% se ha visto obligado a optar por el despido. Paradójicamente, la paz se ha vuelto un infierno para ellos.

Cinco años y cinco meses después del cese de la violencia por parte de ETA (y a las puertas de que se produzca la entrega definitiva de las armas), el Ministerio de Interior ha decidido retirar el servicio de protección que aún disponía un centenar de políticos en el País Vasco, principalmente del Partido Popular. Según ha podido confirmar este periódico, entre los escoltados también se encontraban algunos empresarios “importantes”.

“Sabíamos que esto iba a ocurrir desde hace algo menos de dos meses, cuando llegó una notificación en la que anunciaban que se finiquitaba el contrato. Desde entonces las instituciones se han callado, y hoy nos vemos totalmente abandonados. Sentimos que nos han dejado tirados”, afirmó a Público uno de los trabajadores que se quedará en la calle. Al igual que sus restantes compañeros, prestaba funciones para la empresa Ombuds Seguridad, la principal adjudicataria del servicio de escoltas en Euskadi.

Los intentos para “relocalizar” a la mayoría de los despedidos no tuvieron los resultados esperados. Si bien estaba previsto que muchos de ellos se reciclaran como vigilantes de seguridad privada, la mayoría tendrá como destino la cola del paro. “Incluso había compañeros que podrían haber optado por la prejubilación, pero finalmente no ha sido posible”, destacaron fuentes conocedoras de este proceso.

A la espera de que llegue el último día de trabajo, los escoltas afectados ya piensan en la vida que les espera a partir del 1 de abril. Atrás quedan los años de plomo, en los que la violencia supuso una oportunidad laboral para miles de personas. En 2011, cuando ETA puso fin a su actividad, Ombuds Seguridad contaba con una plantilla de tres mil empleados en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra. El número fue descendiendo progresivamente, al ritmo que marcaba el Ministerio de Interior. Para finales del año pasado solo quedaban 109. Los últimos 109.

En efecto, el Gobierno de Mariano Rajoy ya había informado a los empresarios del sector que este año sería el último de servicio. Los trabajadores lo sabían, pero confiaban en que podrían negociar una solución “digna”. Hoy saben que no será posible. “Esto es una salida por la puerta de atrás”, lamenta uno de los afectados. El día 31 deberá entregar su revólver.

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