La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de tres millones de euros para el PdeCAT por la "estrategia para el financiamiento ilícito" que se habría realizado "sistemáticamente" a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC), en el marco del conocido como 'caso del 3%'.

En su escrito, el fiscal José Grinda acusa a 30 personas físicas y a 14 personas jurídicas, además de a sendas formaciones políticas, solicitando una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, que fue asimismo conseller de Justicia del Govern.

El Ministerio Público detalla que en el período de 2008 a 2015 "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

"Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito", explica el fiscal, que asegura que "los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido".

La Fiscalía entiende que los hechos descritos son constitutivos de delitos de organización criminal, de fraude a las administraciones públicas, de corrupción entre particulares, de tráfico de influencias, de cohecho, de prevaricación y de blanqueo de capitales.