El enfrentamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a cuenta de los planes de Esperanza Aguirre de sacar a bolsa el 49% del Canal de Isabel II, la empresa pública responsable de la gestión del del agua, se encamina hacia una ruptura nada amistosa. Alberto Ruiz-Gallardón cuenta ya con un informe, realizado la Dirección General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento, en el que se trazan las líneas maestras para liquidar los convenios entre el Consistorio y el Canal de Isabel II, cuando el accionariado de este deje de ser totalmente público.

Tras analizar el convenio de encomienda de gestión de los servicios de saneamiento entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Canal, el informe concluye que una modificación 'sustancial' en el modelo de gestión 'justificaría sobradamente la finalización anticipada de los convenios suscritos con el Ayuntamiento'.

En el documento, al que ha tenido acceso este diario, se señala que 'para preservar el mantenimiento de los servicios públicos dicha liquidación deberá realizarse dentro de un periodo transitorio en el que se instrumentarán los mecanismos para la prestación de los servicios públicos sin interrupción'.

Una vez pasado el periodo transitorio, el Ayuntamiento comenzará las gestiones para la 'licitación de los servicios correspondientes'. Es este el punto que más enfada al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha amenazado al alcalde con obligarle a pagar un canon si rompe el convenio y pone en marcha un concurso para adjudicar el abastecimiento y saneamiento del agua de la capital.

Según el citado documento, entre las obligaciones del nuevo adjudicatario no estaría la de asumir la 'deuda o indemnización' que el Ayuntamiento genere con la ruptura del convenio.

El pasado día 20 de noviembre, con la aprobación del anteproyecto de la Ley de Acompañamiento, el Gobierno de Aguirre dio luz verde al proceso que permitirá la creación de una sociedad anónima que dé paso después a la privatización del Canal. El martes, el presidente de esta empresa pública y vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, respondía a las críticas de la oposición asegurando que sólo se va a sacar a Bolsa un 49% del Canal, porque es el porcentaje que contempla la ley, y trataba de quitar hierro a la polémica.

Una vez más, González señaló que el proceso es una 'capitalización', no una 'privatización', e intentó poner la pelota en el tejado de los socialistas. Así, les acusó de apostar por la gestión privada en comunidades y municipios en los que gobiernan. Y se preguntó por qué, en esos casos, el PSOE no considera que 'se ponen en riesgo los servicios, el precio, la calidad y que se prima a amiguetes'.

Además, afirmó que la Comunidad de Madrid lleva cinco años tomando decisiones sobre la venta del patrimonio de la empresa de aguas, ya que 'todos los años se vende patrimonio' que no es productivo para la gestión del agua.