El exministro de Consumo Alberto Garzón ha solicitado la indemnización a la que tienen derecho los altos cargos del Gobierno tras ser cesados. Garzón es, al menos por ahora, el único de los nueve ministros de Sánchez que no se han mantenido en el cargo en el nuevo Ejecutivo que ha solicitado esta prestación.

Público ha conocido esta información tras realizar una solicitud de información, utilizando la ley de transparencia, ante la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que es el organismo al que se tienen que dirigir los altos cargos del Estado tras ser cesados para solicitar esta indemnización.

Garzón no fue candidato en las elecciones del 23J y hace unos días anunció que dejaba la política, incluida la coordinación de Izquierda Unida, su partido. El ministerio de Consumo que lideró desde 2020 ya no existe de forma individual. Se ha integrado dentro del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, uno de los nuevos ministros de Sumar.

Un 80% del sueldo

Esta indemnización que ha pedido Garzón la pueden solicitar determinados altos cargos del Estado cuando dejan de serlo. Principalmente los ministros y los secretarios de Estado. 

La prestación que se les entrega consiste en el 80% del sueldo que cobraban en su cargo y pueden recibirla durante el mismo tiempo que lo ocuparon, con un máximo de dos años. Garzón fue ministro durante más de tres años y, por tanto, podrá recibir el máximo posible la indemnización: 24 mensualidades.

Según la información publicada en el Portal de la Transparencia, Garzón cobró 77.478,24 euros el año pasado por su cargo como ministro de Consumo. Por lo tanto, la indemnización anual que va a cobrar sería de 61.982,59 euros. O lo que es lo mismo: 5.165,22 euros al mes.

Los otros exministros

Los otros ocho ministros que han salido del Gobierno son Irene Montero, Ione Belarra, Miquel Iceta, Raquel Sánchez, Hectór Gómez, Pilar Llop, Joan Subirats y José Manuel Miñones. Ninguno ha solicitado esta indemnización ni ha pedido permiso a la Oficina para empezar a ejercer una actividad privada, según la respuesta de la OCI este mismo 30 de noviembre a la solicitud de Público.

Ione Belarra, Miquel Iceta, Raquel Sánchez, Hectór Gómez y José Manuel Miñones son diputados en el Congreso en la recién arrancada legislatura. Por tanto, si no renuncian al escaño, no podrán solicitar la indemnización, ya que esta es incompatible con cualquier otro sueldo público o privado. Está por ver qué hacen el resto de exministros, que no tienen acta en la Cámara Baja: Montero, Llop y Subirats.

En anteriores ocasiones ya ha habido ministros del Gobierno de Sánchez que han disfrutado de esta indemnización tras dejar el cargo. Es el caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias o Reyes Maroto. Otros, en cambio, han renunciado a ella, como hizo Máximo Huerta.