MADRID.- El Gobierno andaluz va a comprometer un presupuesto de 418,5 millones de euros en los próximos tres años para sacar definitivamente a Canal Sur de la crisis del sector, sin necesidad de privatizar el ente público ni de ejecutar nuevos recortes. El mantenimiento de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), con una plantilla de 1.475 trabajadores (llegó a tener 1.653), costará a los andaluces 11,6 millones de euros al mes durante los próximos tres años, una inyección anual de 139,5 millones entre 2017 y 2019. La crisis se ha llevado por delante muchos medios de comunicación públicos, municipales y autonómicos.

Desde 2008, algunos gobiernos regionales los han cerrado y otros (también el andaluz) recortaron considerablemente sus presupuestos con el argumento de que había que priorizar los servicios esenciales: educación, sanidad, dependencia… Al tirar de ese argumentario, la crisis también trajo consigo otro debate: ¿son necesarias 17 televisiones autonómicas? Las comunidades que rebasaron su nivel de endeudamiento y que tenían un déficit disparado, ¿podían seguir permitiéndose un medio de comunicación propio mientras se aplicaban duros recortes a la plantilla sanitaria o de profesores?

Durante esta coyuntura, el Gobierno de Mariano Rajoy planteó toda una serie de medidas encaminadas a facilitar a las comunidades el ahorro en el gasto público, propuestas para la consolidación fiscal, entre ellas, una polémica ley que abría la puerta a la privatización de las televisiones y radios autonómicas. Pero la Junta de Andalucía dio la espalda desde el principio a aquel modelo, siempre denunció la “demagogia” de plantear la necesidad de suprimir un canal de televisión o una emisora de radio que cumplían un servicio público con el pretexto de salvaguardar la educación y la sanidad.

El Ejecutivo de Susana Díaz considera prioritaria la viabilidad del ente público andaluz, clave para la vertebración de un territorio tan disperso, con ocho provincias y casi ocho millones y medio de habitantes (el 55% de la programación generalista de radio y televisión serán informativos, que prestarán especial atención a las noticias de ámbito local y provincial).

Por esta razón, la Junta va a prorrogar hasta 2019 un contrato programa para la RTVA que compromete una partida de 418,5 millones de euros en los próximos tres años, una inyección presupuestaria que “sacará definitivamente a Canal Sur de la crisis”. El contrato-programa es un documento que blinda el presupuesto para un periodo determinado a cambio de una serie de compromisos sociales por parte de la radio y televisión públicas, tales como el fomento de la cultura y la educación, la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las mujeres, y el tratamiento especialmente riguroso frente a la violencia de género.

La Junta usó esta fórmula por primera vez en el trienio 2013-2015, lo prorrogó un año más, y ahora garantizará la viabilidad de Canal Sur otros tres años, con una inyección anual mayor incluso, puesto que los empleados públicos recuperan las pagas extraordinarias que les fueron retiradas con la crisis. Durante siete años, de 2013 a 2019, el Gobierno andaluz blindará Canal Sur con un presupuesto de 970,5 millones de euros, de cuales más de la mitad va destinado a pagar las nóminas.

Los presupuestos contemplan unos gastos de 164 millones de euros

Los presupuestos de la RTVA para este año contemplan unos gastos de 164 millones de euros, la misma cifra estimada de ingresos (barajando un repunte de la publicidad), lo que permite a sus responsables prever un presupuesto de explotación “equilibrado y con déficit cero”. La media anual de cuota de pantalla (el porcentaje de espectadores que ve Canal Sur) es de 8,4%.

En 2011, uno de los años más duros de la crisis, el Partido Popular prometió impulsar una ley que permitiría a comunidades y ayuntamientos empezar a privatizar sus televisiones públicas. “Impulsaremos las reformas legislativas para que las Administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada”, rezaba el artículo del programa con el que concurrieron a las elecciones el año siguiente.

La propuesta venía acompañada de un informe de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, según el cual, en el último año (2010) las 13 televisiones públicas autonómicas “habían costado al contribuyente casi 2.000 millones de euros, más un endeudamiento de 1.500 millones por los déficit de explotación del pasado”.

Obviamente el informe procedía de una parte interesada. Las televisiones públicas se financian por una doble vía de ingresos: los presupuestos autonómicos o municipales y la publicidad, y las cadenas privadas aspiraban a quedarse con su parte del pastel publicitario si sus competidoras cerraban. En efecto, el Gobierno andaluz entendió que el PP, usando la crisis como excusa y en un momento en que cada euro público era cuestionado al máximo, pretendía aprobar una ley que facilitara la liquidación de las teles autonómicas. Los populares defendían que era un dispendio, un sobregasto innecesario.

La estabilidad del ente público ha contado con el apoyo de Ciudadanos, socio del PSOE-A en esta legislatura, que sin embargo no está representado en el Consejo de Administración de la RTVA. El pacto para blindar a Canal Sur en los presupuestos de este año abre al fin la puerta a la renovación de este órgano de decisión, cuyo mandato caducó en 2015, y que ahora no representa la nueva pluralidad del Parlamento tras las últimas elecciones autonómicas (ni Podemos ni Ciudadanos forman parte del mismo).

La RTVA cuenta con una dirección provisional desde hace tres años y tres meses

La RTVA cuenta con una dirección provisional desde hace tres años y tres meses. El subdirector general del ente, Joaquín Durán, asumió el cargo en funciones tras la repentina dimisión de Pablo Carrasco, el primer directivo de Canal Sur nombrado por el Parlamento autonómico. Pero su mandato en funciones se ha prolongado más de lo previsto, ya que para sustituirlo se necesitaría un acuerdo político de todos los partidos difícil de vislumbrar en el actual panorama parlamentario. El director general, según la ley que regula la RTVA, tiene que ser elegido por mayoría cualificada, esto es, dos tercios de la Cámara en primera votación (72 votos del total de 109 diputados) y por tres quintos (65), en una segunda. Ambas fórmulas exigen el acuerdo entre los 47 diputados del PSOE y los 33 del PP, o bien que los socialistas pacten la renovación del ente público con Podemos (15), Ciudadanos (9) e IU (5), dejando fuera a los populares.

Toda la oposición, en cualquier caso, no suma suficiente como para imponer un nombre distinto para dirigir la RTVA al Ejecutivo de Díaz. Con estos mimbres, y dada la falta de sintonía entre grupos que impera ahora en el Parlamento, es complicado vislumbrar una pronta renovación de la cúpula del ente público. Existirá la opción de reformar la ley Audiovisual de Andalucía para modificar el sistema de elección del director general, sustituyendo la obligatoriedad de la mayoría cualificada por una mayoría absoluta (menos exigente), como hizo el PP en el Congreso para deshacer el modelo de la RTVE más independiente que había creado el Gobierno de Zapatero. Esto, por ahora, no está sobre la mesa.