El 17 de noviembre pasado se publicó en el boletín oficial el acuerdo al que el Ayuntamiento de Cádiz, que dirige José María González (Adelante Andalucía), había llegado en septiembre –con la abstención del PP– para ubicar en el Plan Urbano los establecimientos de apuestas y de juegos de azar "a más de 500 metros de distancia de los accesos normales de entrada o salida" de los colegios, centros deportivos y espacios socioculturales. El objetivo de la regulación era, según la memoria de la modificación, "evitar la instalación actividades de juego en el radio de visión de espacios frecuentados por menores y jóvenes, con el objeto de proteger a los mismos de la ludopatía".

Hace menos de un mes, el 11 de enero, en un escrito firmado por el propio consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), la Junta de Andalucía decidió recurrir ese acuerdo, con el argumento de que la Ley del Juego establece que las competencias para "planificar los juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma" son del Consejo de Gobierno y por tanto el Ayuntamiento de Cádiz se ha "extralimitado" en sus atribuciones.

Sin embargo, la decisión de Bravo se tomó en contra de dos informes de la propia Junta de Andalucía, uno de la Consejería de Fomento, que dirige Mari Frán Carazo (PP) y otro de la Consejería de Salud, cuyas riendas lleva Jesús Aguirre (PP), que habían avalado la modificación del plan urbano sin poner objeciones relevantes. Esta documentación, de haber sido contraria a lo que pretendía hacer el Ayuntamiento de Cádiz, podría haber frenado el cambio en el plan urbano, pero no lo hizo. Por el contrario, la Junta apoyó la modificación.

Así, el primero de ellos, de fecha 20 de abril de 2020, antes del pleno en que se aprobó la modificación, lo firma el Jefe de Servicio de Salud Ambiental y en él se afirma que la práctica de juegos de suerte, azar y envite es una actividad "puramente mercantil, que en ningún caso puede entenderse como un servicio que fomenta el enriquecimiento cultural de los ciudadanos o su bienestar".

Luego, añade: "Se trata de alejar los salones de juego y casas de apuestas de las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, precisamente por una cuestión de salud pública para la protección de los entornos más vulnerables".

Aunque el Jefe de Servicio detecta errores en la metodología aplicada por el Ayuntamiento para evaluar el impacto sobre el medio físico, económico y social, afirma que, "no obstante […] presumiblemente su impacto sobre el medio físico será inapreciable". Y, por ello, concluye que a pesar de esas carencias metodológicas, la regulación "será en su conjunto positiva".

El segundo informe, preceptivo, de control de la legalidad urbanística, emitido por la consejería de Fomento de 31 de agosto de 2020, es decir, también anterior a la aprobación en el Pleno del cambio, firmado por la misma delegada territorial, Mercedes Colombo, informó también favorablemente sobre la nueva regulación de los establecimientos de juego.

Limitación extrema

Pero todo cambió el pasado 15 de diciembre, una vez aprobada la modificación, cuando el director general de Tributos, Manuel Vázquez, del equipo del consejero Bravo, a instancias de la Agrupación Gaditana del Recreativo (AGARE), la patronal del juego, emitió un informe, al que ha tenido acceso Público, que iba en la dirección contraria a los de Fomento y Salud. En él, Hacienda pone en cuestión la competencia del Ayuntamiento para regular "aspectos específicos y propios de los establecimientos de juego y apuestas" y añade que "tampoco [puede] establecer una planificación municipal de estos, al ser una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía".

En ese informe de Hacienda, sin embargo, se ignoran por completo los pronunciamientos anteriores de las consejerías de Fomento y de Salud –tan Junta de Andalucía como Hacienda– que autorizaron la modificación y, de su lectura, se puede extraer la conclusión de que a pesar de que el consejero Bravo asegura que el recurso se pone exclusivamente por razones competenciales, formales, el asunto es, sin embargo, más profundo y tiene aristas ideológicas.

Así, por un lado, escribe el director general en el informe que se encuentra en tramitación un nuevo decreto en el que el Gobierno "establecerá un nuevo régimen de distancias mínimas respecto de los centros educativos de enseñanza reglada no universitaria: [… se autorizará] la apertura y funcionamiento de nuevos salones de juego que se encuentren a menos de 150 metros radiales". Esto supone 350 metros menos que la regulación ya aprobada por el Ayuntamiento.

Y, por otro, además, recurre nada menos que a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para afirmar, por ejemplo, que "la limitación en la oferta de un bien o de un servicio, como sería la de ocio del juego, es una medida extrema de intervención pública sobre una actividad económica que tiene que ser muy razonada para resultar compatible con el artículo 38 de la Constitución". Ese artículo es el que garantiza la libertad de empresa. Una argumentación, desde luego, muy del gusto de la patronal del juego.

Incomprensible

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, calificó como "gravísimo" este asunto en una nota de prensa, lo tachó de "agresión sin precedentes al municipalismo" y añadió que "la Consejería de Hacienda actúa de forma coordinada con la patronal del juego".

El alcalde de Cádiz, José María González, afirmó sobre el asunto, en la misma nota: "Entre las familias arruinadas y los poderosos, la Junta se pone del lado de los segundos. Porque entre proteger a las personas que sufren ludopatía o proteger el negocio de sus amiguetes, ellos eligen a sus amiguetes. Y porque entre cuidar a nuestra juventud y alejar el juego de los espacios que frecuentan o que unos cuantos se enriquezcan por mucho dolor que provoquen, prefieren el dinero a toda costa. Su único interés es defender los beneficios de las multinacionales del juego".

En una nota de audio remitido a los medios de comunicación, el coordinador regional de IU, Toni Valero, también terció en el asunto y se lamentó de que "la desregulación, la permisividad absoluta de las casas de apuesta, ha proliferado" y agregó que "la lacra de la ludopatía deja en situación desesperada a las familias de los barrios de trabajadores". "Es incomprensible que el Gobierno andaluz se ponga de parte de la patronal ante las limitaciones que los ayuntamientos intentan poner", remachó Valero.