El Gobierno aprobará este viernes el proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos que prohibirá las donaciones de personas jurídicas y la condonación de deudas por entidades de crédito. Además, regulará la figura del tesorero de los partidos, según han informado fuentes gubernamentales.

Esta norma forma parte del programa de regeneración democrática que está impulsando el Ejecutivo para mejorar la lucha contra la corrupción, que ya fue anunciado hace un año por el propio Mariano Rajoy durante el Debate sobre el estado de la Nación.

Este plan de regeneración democrática se completa con nuevas medidas en el Código Penal (que está en trámite parlamentario en el Congreso)  y con el proyecto de ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado. Este último también ha pasado ya por el Consejo de Estado, pero su aprobación por el Consejo de Ministros podría posponerse un poco más.

El proyecto de ley orgánica de control económico-financiero de los partidos, que ya pasó su primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre, pretende imponer nuevas obligaciones en su funcionamiento a las formaciones políticas, en especial, en lo que tiene que ver con la gestión de sus recursos.

Se trata, según el Ejecutivo, de someterlos a un régimen estricto de rendición de cuentas y ampliar el control y fiscalización que sobre ellos ejerce el Tribunal de Cuentas. Para ello, se modifican tres leyes: la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Entre las principales novedades de la norma destaca la prohibición de donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya dijo en diciembre que hasta ahora los partidos podían recibir donaciones con un límite de 100.000 euros anuales, pero ahora se prohibirán completamente. Las donaciones por parte de las personas físicas se mantienen porque forman parte de la libertad individual.

La norma también incluirá la prohibición de condonaciones de deuda a los partidos por parte de entidades de crédito, así como la imposibilidad de refinanciarla a precios por debajo del de mercado. Además, regulará cómo devolver las donaciones que se reciban indebidamente y que de no ser posible hacerlo, se ingresarán en el Tesoro Público.

La ley recoge además la obligación de todos los partidos de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, con retención de las subvenciones a aquellas formaciones que no hayan presentado sus cuentas. También impondrá 'obligaciones más estrictas en publicidad y transparencia de los partidos', según el Ejecutivo.

Igualmente, se regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido, que tendrá que rendir cuentas ante el Parlamento, al tiempo que se regulará la obligación de inscribir en el Registro de Partidos de las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos.

En la norma se establecerá además la obligación de definir un procedimiento normalizado de contratación; una regulación del contenido mínimo de los Estatutos de los partidos; y la adaptación a la responsabilidad penal de las formaciones políticas.

El texto de la ley orgánica reguladora del control de la actividad económica financiera de los partidos ya ha pasado por el Consejo de Estado. El Ejecutivo ha incluido alguna de sus sugerencias en el proyecto de ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros, según las fuentes consultadas.

En cuanto a la ley reguladora del ejercicio del cargo público, que en breve también verá la luz, establece un conjunto de obligaciones de altos cargos. Entre las novedades destaca el hecho de que las personas condenadas, incluidos los delitos de terrorismo, no podrán ser nombrados altos cargos mientras no se le cancelen los antecedentes penales, según avanzó en diciembre la vicepresidenta.

Esta norma recogerá también el régimen retributivo de estos cargos, la obligación de que presenten una declaración de bienes y rentas, las limitaciones en los gastos de representación y un sistema de alerta temprana de conflictos de intereses. Además se refuerza la Oficina que supervisa estos conflictos, que tendrá más independencia y cuyo director, aunque elegido por el Gobierno, deberá comparecer en el Congreso.