El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley de apoyo al sector agrario en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico para hacer frente a la situación prolongada de sequía, que compromete las producciones.

Entre las medidas destacan la reducción del 20% en los módulos del IRPF, líneas de créditos ventajosas, el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social y la equiparación de la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio. El decreto también fija un precio del agua desalada para 2022 y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana.

Además, el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), una de las medidas más reclamadas por el sector.

El Real Decreto-Ley se ha aprobado a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se espera que el impacto del paquete de medidas sea de unos 450 millones de euros.

Desde el inicio del año hidrológico, en octubre de 2021, el valor medio nacional de las precipitaciones ha sido un 41,1% inferior al valor normal, y en el Guadalquivir y el Guadiana se sitúa en torno al 60%, según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Lluis Planas. El Gobierno también tomó medidas en 2005, 2011 y 2017 a causa de la sequía.

Entre las iniciativas laborales se incluyen medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual.

En las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, las dos más afectados por la situación de sequía, se autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios.

En cuanto a las medidas fiscales, se ha aprobado una reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos), una iniciativa que se estima que beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.

También se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios.
El decreto incluye además, en lo relativo a la sostenibilidad de las explotaciones, medidas de liquidez con una línea de ayuda directa con un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector, además de avales en explotaciones agrarias y líneas de financiación de 2,7 millones de euros.