La Fundación Francisco Franco incumple la Ley de Secretos Oficiales, pero al Gobierno de Mariano Rajoy parece darle igual el cumplimiento de la misma. En una respuesta parlamentaria a Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, el Ejecutivo reconoce que la institución que honra la memoria del dictador no ha entregado la documentación clasificada que está en su haber y que está obligada a entregar a las autoridades, según la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

El Gobierno, de hecho, más de un año después de que se desvelara que la Fundación posee estos documentos, se limita a señalar en su misiva a Garzón que está realizando "las gestiones necesarias" para la recuperación y reintegración de la documentación clasificada. Sin embargo, tal y como desveló El Plural, la misiva que el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió a la Fundación Francisco Franco se limita a solicitar que dichos documentos fueran retirados de la consulta pública.

Es decir, el Gobierno no requirió su incautación, tal y como afirma, y la Fundación Franco no la ha entregado a las autoridades, tal y como exige la Ley de Secretos Oficiales en su artículo noveno, que además habilita al Ejecutivo para promover las acciones penales, las medidas disciplinarias y los expedientes administrativos" pertinentes para hacer cumplir la Ley. 

Concretamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy informa a Alberto Garzón, diputado de Unidos Podemos, que, por una parte, "no tiene constancia de qué fondos componen la documentación" de la Fundación Francisco Franco y, por otra parte, que "continuará realizando las gestiones necesarias para la retirada de la consulta pública de la documentación que pudiera estar clasificada, así como también para la recuperación" de dichos documentos. 

IU: "El Gobierno nos está toreando"

La responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, considera que el Gobierno está permitiendo de facto que la Fundación que honra la memoria del dictador custodie unos documentos públicos. "La respuesta del Gobierno a nuestras preguntas sobre el asunto muestra que nos están toreando para seguir garantizando la impunidad de esta Fundación, algo que es deplorable e inapropiado para una democracia del siglo XXI". 

"Ya está bien de que los ciudadanos tengamos que ir a una Fundacion filofascista para consultar una documentación pública y y ya está bien de impunidad para la Fundación, que debe explicar cómo consiguió esos papeles", explica López Barceló, que señala que desde IU seguirán "luchando" para que sean las instituciones públicas las que custodien estos documentos y no una institución de carácter privado.