El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto, que ha impulsado la secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge (Podemos), que concede una subvención por importe de 2.628.000 euros a los Ayuntamientos de Lepe y de Moguer (Huelva), municipios freseros, para que "ofrezcan soluciones habitacionales dignas a las personas trabajadoras temporeras que actualmente residen en asentamientos irregulares".

Año tras año, desde hace unos veinte, cientos de jornaleros deambulan por las calles de los municipios freseros, muchos de ellos con permisos de trabajo y residencia, sin que obtengan una vivienda digna. Las ONG de la zona lo han denunciado incansables cada vez que sucede: "No podemos entender que, después de más de veinte años de campañas agrícolas exitosas donde empresarios y administraciones se congratulan mutuamente de la expansión de un negocio redondo, se olviden por completo de las condiciones de vida más básica de la mano de obra, como es un alojamiento digno. Esta actitud solo se puede entender desde la lógica del capitalismo más depredador y deshumanizado y desde el racismo institucional, impropio de un estado social y de derecho". La fresa es un negocio que mueve más de mil millones de euros en la provincia de Huelva.

El objetivo de esta línea de ayudas, según asegura el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra (Podemos), es "contribuir a revertir esta situación de alta vulnerabilidad y a facilitar la integración residencial y sociolaboral de estas personas". "Son trabajadores con unas condiciones muy duras y condiciones habitacionales complicadas. Este Real Decreto supone invertir 2,6 millones para facilitar sus vidas y que tengan condiciones mejores", destacó Verstrynge este martes, durante una visita a Huelva, donde ha cifrado en 220 las personas que pueden se beneficiarán "en primera instancia" de este programa.

El Real Decreto se enmarca en el protocolo de colaboración que firmaron en julio pasado la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer. Los fondos impulsados por la Secretaría de Estado, explicó Verstrynge, "servirán para impulsar estas infraestructuras habitacionales, sin perjuicio de las inversiones complementarias que deberán realizar la Junta de Andalucía".

Al Gobierno andaluz, en manos del PP, le corresponde desarrollar las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda. Y a las administraciones locales, en colaboración con la Junta, el trabajo de acompañamiento e integración a estas personas a través de los servicios sociales municipales.

Albergues

Así, según indicó el Ministerio, en una fase inicial, "se promoverán soluciones residenciales transitorias, tales como albergues o módulos temporales, y, posteriormente, se desarrollarán intervenciones que permitan el acceso a viviendas en núcleos urbanos en dichos municipios". La finalidad es "consolidar modelos de integración que puedan ser útiles para otros asentamientos irregulares o en procesos de regeneración urbana".

De los 2,6 miilones, 1,8 se destinarán a programas de realojo e inclusión social que realizará el Ayuntamiento de Lepe, donde se construirán 24 alojamientos con 144 plazas, que "en fases posteriores podrían llegar a 720 plazas", según Derechos Sociales. Los restantes 818.000 euros se destinarán "a la finalización de un albergue en Moguer con una capacidad máxima prevista de 42 plazas, así como a la construcción de ocho módulos residenciales con un total de 24 plazas y a la adquisición de una vivida en el casco urbano, con 10 plazas, con lo que la capacidad total en esta localidad será de 76 personas".

El Ministerio agregó que para el realojo o reubicación de las personas trabajadoras temporeras "se tendrán en cuenta criterios como la existencia de menores de edad en el núcleo familiar, las condiciones precarias de salud, la permanencia en el municipio u otras situaciones de especial vulnerabilidad que sean identificadas por los servicios sociales municipales de los ayuntamientos de Lepe y Moguer".