El Gobierno está dispuesto a hablar con las asociaciones judiciales 'todas las veces que haga falta' para lograr una mejora de la administración de la justicia que redunde en el bienestar de los ciudadanos y de los jueces. Porque los ministros de José Luis Rodríguez Zapatero no han perdido la esperanza de que, finalmente, las asociaciones judiciales escojan la vía del diálogo en el ejercicio de la responsabilidad que les corresponde.

Así lo argumentó el jueves la vicepresidenta, con un tono de paciencia inifinita, al ser preguntada por la huelga de jueces prevista para el 18 de mayo. Sobre la misma, aclaró María Teresa Fernández de la Vega en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ya hizo el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) un pronunciamiento 'nítido' que el Ejecutivo respetará, pues a este órgano político de los jueces corresponde decidir sobre el asunto. El Consejo defendió el lunes que una eventual huelga de jueces carece de marco legal, por lo que no se daba por enterado de la convocatoria prevista por estos funcionarios para el miércoles.

La número dos del Gobierno, sin embargo, no se quedó únicamente en una llamada a la responsabilidad de los jueces, sino que la hizo extensiva al PP, después de que el principal partido de la oposición anunciara esta semana la ruptura del pacto por la Justicia.El motivo de esta fractura es la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo por los presuntos casos de corrupción que afectan a los conservadores, por lo que De la Vega manifestó su deseo de que se aclaren cuanto antes las circunstancias de esta trama para que el PP pueda dedicarse a trabajar en los temas que afectan a los ciudadanos, particularmente, en los relacionados con la Justicia. Aunque, matizó la vicepresidenta, el Gobierno va a seguir trabajando 'con el PP o sin él'.

La controvertida decisión del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, para dar a una calle de la localidad el nombre del fundador del Opus Dei se hizo un hueco ayer en la polémica diaria. La vicepresidenta, visiblemente resignada, aseguró que si 'el pleno del Ayuntamiento la adopta de forma mayoritaria, habrá que respetarla'.