Publicado: 20.11.2015 14:31 |Actualizado: 20.11.2015 18:31

El Gobierno impone condiciones a Catalunya para recibir 3.034 millones del fondo de rescate autonómico

El interventor de la Generalitat, que recibirá casi el 40% del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico, deberá informar cada mes de que los gastos son legales

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de la Moncloa. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de la Moncloa. EFE/Juan Carlos Hidalgo

MADRID.- El Gobierno ha aprobado el reparto del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del año 2014, un total de 7.889 millones de euros que se repartirán entre las autonomías que lo han solicitado y que exige condiciones específicas para la Generalitat de Catalunya, para asegurar el destino del dinero que se le facilita. El Ejecutivo en funciones de Artur Mas recibirá 3.034,84 millones de euros (el 38,45% del total).

Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha subrayado que esas condiciones especiales se deben entre otras cosas a las declaraciones de dirigentes catalanes anunciando el impago de las deudas contraídas con las farmacias.



Con estas condiciones que impone a Catalunya, el Gobierno dice que quiere asegurar que con ese dinero no se pagan actividades irregulares ni ilegales. El desembolso de esa cantidad será por tramos y "en función del cumplimiento" de las condiciones impuestas. "La garantía de que no se desvíe ningún euro hacia veleidades independentistas es lo que introduce esta condicionalidad", ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de la Moncloa. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Una de esas condiciones es que el interventor de la Generalitat deberá emitir un certificado mensual sobre la ejecución del presupuesto autonómico, dejando constancia de que los gastos que se van realizando "no contravienen el ordenamiento jurídico". El Ejecutivo exige además la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas, creado este año y en el que se registran las facturas emitidas por todos los proveedores de todas las administraciones públicas adheridas. De esta manera, podrá seguir el recorrido de esa factura hasta asegurarse realmente de que ha sido pagada con ese dinero facilitado a la Generalitat.

Estas exigencias a Cataluya se deben a la calificación a la baja de la deuda catalana acordada recientemente por la agencia Fitch, a la ocultación de 1.300 millones de déficit de 2014 que se han conocido ahora, y a las declaraciones de algunos representantes públicos catalanes, tanto sobre un posible incumplimiento de la legalidad como del pago de deudas a proveedores.

El Gobierno "no tiene intervenidas las cuentas" de la Generalitat

Montoro ha subrayado, a preguntas de los periodistas, que las cuentas de la Generalitat no están intervenidas con estas medidas, que son sólo controles adicionales que no se hubieran aprobado de ser otro el panorama político catalán. "No es admisible que nadie dedique un euro a una actividad que no tiene amparo legal ni constitucional", ha dicho.

El Gobierno catalán había pedido recientemente más recursos del FLA para hacer frente a pagos pendientes (ha solicitado 2.600 millones), y Montoro dijo que este fondo pagaría exclusivamente servicios públicos fundamentales y se desembolsaría por tramos en función el cumplimiento de la condicionalidad. La aprobación de nuevos fondos coincide con denuncias del sector farmacéutico, sanitario y social catalanes, que han denunciado que los retrasos de pago ponen en peligro el pago de las nóminas de los 150.000 profesionales y la sostenibilidad de las oficinas de farmacias.

A lo largo de la legislatura, entre el plan de pago a proveedores, el fondo de liquidez autonómica, los nuevos fondos de facilidad financiera y otras medidas adicionales (líneas ICO, aplazamientos, etc), la Generalitat ha recibido del Estado 52.962 millones de euros, casi el 30% del total repartido entre todas las comunidades y entidades locales desde 2012, que son 184.983,5 millones de euros.

El total distribuido entre comunidades asciende a 178.895 millones, a los que se suman otros 5.095 repartidos entre las corporaciones locales.

Catalunya y Comunidad Valenciana copan el 50% de los fondos

Catalunya ha recibido el 28 por ciento del total de la legislatura, 52.962 millones de euros, seguida de la Generalitat Valenciana, con 41.323 millones; entre las dos absorben la mitad, el 50,9%.

Les siguen Andalucía (28.826,91 millones), Castilla-La Mancha (11.423,89 millones), Madrid (7.398,47), Baleares (7.231,9), Murcia (6.957,84), Canarias (5.186,86), Castilla y León (4.637,27), Galicia (3.036,67), Aragón (2.806,18), Asturias (2.346,66), Cantabria (2.042,86), Extremadura (2.028,42), La Rioja (602,13), Ceuta (82,12) y Navarra (1,16 millones). Sólo el País Vasco queda fuera de la lista.

El 70% de ese dinero, según los datos del Gobierno, ha sido para medidas de liquidez con las que financiar políticas sociales y 75.691 de esos millones han sido pagos directos a proveedores de comunidades autónomas, según las cifras de Hacienda y Administraciones Públicas.


Montoro ha defendido el papel del Estado como "garante" final de que los ciudadanos reciben de las administraciones los servicios públicos fundamentales y ha recalcado que a eso se ha destinado esta cifra multimillonaria. Ha aprovechado también para recordar que estos mecanismos ahora no suponen ningún coste añadido a las comunidades, porque el tipo de interés es cero.

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