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El Gobierno negocia con la Junta para corregir el decreto-ley de Moreno que afecta a Doñana

Moreno y Ribera conversaron el lunes por la tarde-noche y el presidente le trasladó a la vicepresidenta "su disponibilidad para corregir" lo que pudiera afectar a Doñana. "No quiero ningún problema con el agua", afirma el presidente de la Junta.

Juan Manuel Moreno y Teresa Ribera, el día de la firma del pacto.
Juan Manuel Moreno y Teresa Ribera, el día de la firma del pacto. Francisco J. Olmo / Europa Press

Después de haber colado en un decreto-ley de simplificación de trámites administrativos que será convalidado este miércoles en el Parlamento andaluz una reforma de la ley forestal que permitiría "amnistiar" regantes ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana, según la interpretación de las asociaciones ecologistas, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha manifestado que dará marcha atrás y negocia con la vicepresidenta Teresa Ribera (PSOE) una salida.

Esta actuación del Ejecutivo andaluz, que denunció públicamente el PSOE de Andalucía, cogió por "sorpresa" y a contrapié al Ejecutivo que confiaba en haber sellado la paz en Doñana hace semanas, según dijo la vicepresidenta. "Es difícil seguir [con la confianza], entre tanto no se resuelva. Confío en que se resuelva", manifestó este martes Ribera.

Moreno y Ribera conversaron el lunes por la tarde-noche y el presidente le trasladó, según contó la vicepresidenta, "su disponibilidad para corregir las disposiciones que pudieran afectar a la corona forestal de Doñana". "No quiero ningún problema ni con Doñana ni con el agua", confirmó el presidente andaluz este lunes en Madrid, según recoge Europa Press.

"Me consta que al presidente de la Junta el asunto de Doñana le preocupa, confío en que se resuelva", abundó Ribera. La paz en Doñana es clave para poder pensar en mantener los humedales y en evitar las multas que podrían llegar de la Unión Europea. Sobre España, pesa ya una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por no cuidar los acuíferos, que hoy están sobreexplotados y en riesgo.

Moreno indicó este martes que no está de acuerdo con la interpretación que hacen los ecologistas y la oposición del cambio en la ley forestal, pero manifestó que lo que tiene es "plena voluntad de acuerdo con el Gobierno de España".

"Como el interés general prima por encima de cualquier otra cosa, no vamos a tardar ni diez minutos en ponernos de acuerdo para que no haya ningún problema ni con Doñana ni con acuerdos del agua", agregó. "Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo", añadió.

Cambio ya publicado

El asunto es, además de político, de tenor jurídico, porque la modificación de la ley forestal está ya en vigor al haberse aprobado por decreto-ley, una cuestión que ha indignado a las asociaciones ecologistas y a la oposición a Moreno Bonilla.

"Jurídicamente, tendremos que ver la mejor manera de encajar algo que está en el Boletín Oficial. Obviamente, no es una señal muy correcta, [que añade] presiones sobre Doñana. Espero que se resuelva cuanto antes. Mañana [por el miércoles] se verán los equipos. Lógicamente, requerirá alguna disposición específica", dijo Ribera.

Moreno se mostró dispuesto a sentarse para aclarar "qué no les gusta" y que se "modifique" el decreto para que el Gobierno se sienta "a gusto" con la interpretación del texto.

"El decreto está vigente desde el sábado y prevé medidas con carácter retroactivo. Cualquiera podría haber presentado solicitud en Registro. Si el Parlamento de Andalucía no lo deroga este miércoles, Moreno habrá engañado al Gobierno porque al ilegal que lo solicite habrá que aplicarle la ley vigente hasta su modificación", aseguró Juanjo Carmona, de WWF.

Esta es la interpretación que hace la ONG conservacionista de la modificación de la ley forestal acometida por el Gobierno andaluz: "Los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana que, a día de hoy, están considerados como forestales y que han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal".

"De esta forma, los terrenos que actualmente tengan abierto expediente sancionador podrían reclamar el archivo del mismo y esquivar la multa, puesto que tendrían consideración de agrícola", añade WWF.

Al hacer el cambio por decreto-ley, lo que "esquiva la participación pública y los informes técnicos pertinentes, se desconoce completamente el número de hectáreas forestales que se verán afectadas, su actual estado, su importancia para Doñana".

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