Publicado: 27.07.2014 09:07 |Actualizado: 27.07.2014 09:07

El Gobierno promueve el secretismo sobre la alianza comercial UE-EEUU

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El Gobierno del Partido Popular ha evitado responder a las preguntas de Amaiur sobre el Tratado de Libre Comercio que Bruselas y Washington negocian discretamente, a pesar de las exigencias de transparencia de numerosas organizaciones civiles, que ven este pacto como un artefacto para imponer políticas neoliberales y dar aún más poder a las grandes corporaciones.

En un documento remitido el pasado 30 de junio a la Mesa del Congreso por el diputado de Amaiur Jon Iñarritu García, la formación articulaba en ocho puntos varias preguntas sobre la posición del Gobierno en las negociaciones, pero también sobre los mecanismos que incorporan estos acuerdos y permiten a las empresas demandar a los estados ante paneles arbitrales y no ante las justicias nacionales, o los nombres de quienes han ejercido como árbitros recientemente. En contestación, el Ejecutivo de Rajoy ha obviado dar respuesta a varias de estas cuestiones, evitando incluso nombrar el nombre del polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea y EEUU.

Iñarritu: "Ocultan información para que no se debata, para que no se sepa cuáles son los instrumentos que utilizan"

"No nos responden a nada, es más de lo de siempre: la ocultación y la opacidad permanente del Estado, que además trabaja con las grandes multinacionales día a día", denuncia a Público Iñarritu, asegurando que el Gobierno tiene la obligación de responder. "Conocen perfectamente cuales son los casos y no han querido responder, y no es la primera vez que lo hacen. Ocultan información para que no se debata sobre esto, para que no se sepa cuáles son los instrumentos que utilizan, o que las grandes multinacionales tienen tanto poder como los estados; es el funcionamiento del neoliberalismo", denuncia."

La respuesta del Gobierno indica que no quiere dar esa información porque algo está ocultando", asegura Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción; una de las organizaciones más críticas con el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, por sus siglas en inglés). "Es una muestra más de cómo el Gobierno está violando el derecho a la información, no sólo de cualquier ciudadano: incluso niega la información a los cargos electos, niega su legítimo derecho de exigir total transparencia en relación con la política pública del Gobierno. Si lo comparamos con otras preguntas parlamentarias similares en la UE y con las respuestas, podemos pensar que tenemos uno de los gobiernos menos transparentes, y nos hace preguntarnos qué están escondiendo", critica.

Ambos entrevistados aseguran que el Ejecutivo está mucho más informado de lo que afirma en cada una de sus respuestas. Como ejemplo, recuerdan que los cambios regulatorios en materia de energías renovables puestos en marcha en 2012 han permitido a varias corporaciones demandar ante tribunales arbitrales al estado español. Los costes de los abogados especializados en estos procesos son muy elevados -los más prestigiosos cobran entre 600 y 800 euros por jornada-, pero el Estado no ha dado ninguna información sobre estos procesos, a pesar de haber sido requerida por Amaiur.

Kucharz: "Es falso que no tengan esa información y es gravísimo que un cargo público no tenga acceso a ella"

El Ministerio de Economía ha rechazado aclarar a este diario por qué han evitado contestar a estas cuestiones, a pesar de que varias publicaciones en prensa han dado respuesta a estas preguntas: "Una cosa es que lo diga la prensa y otra es la respuesta oficial", rebaten desde el Ministerio que dirige Luis de Guindos. "Si el Gobierno ha contestado en ese sentido eso lo que tiene que decir el Ministerio. No tenemos nada que objetar a su respuesta", insisten.

Kucharz rebate estos argumentos: "Si una empresa demanda al Gobierno español, sea ante el organismo que sea, automáticamente se informa al Estado, que debe gastar dinero público para defenderse; eso no lo hace cualquier funcionario, contratan un abogado de derecho comercial privado. Es falso que no tengan esa información y es gravísimo que un cargo público no tenga acceso a ella", denuncia. "Es una violación flagrante del reglamento del Congreso, es una patada en la cara de la ciudadanía por parte de un Gobierno antidemocrático y autoritario que actúa en favor de una pequeña minoría del poder económico", zanja.

Por su parte, Iñarritu ha asegurado que interpondrán un recurso de amparo ante la Cámara Baja, y se muestra convencido de que obtendrán más respuestas de las que aparecen recogidas en el documento remitido por el Gobierno, con fecha del 22 de julio. También ha avanzado que Amaiur se reunirá próximamente con varios movimientos sociales y organizaciones civiles para preparar nuevas interpelaciones parlamentarias sobre estas materias, y para buscar alternativas a mecanismos como el que incorpora el TTIP, para "garantizar que los inversores se atengan a la legalidad y siempre se pongan los derechos humanos por encima de los intereses económicos", explica Iñarritu.

En este sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción y uno de los impulsores de la Campaña No al TTIP ha ido un paso más allá: "Las empresas transnacionales son una fuente constante de vulneración de derechos humanos, y por eso es imprescindible crear normas que acaben con la arquitectura de la impunidad de la que se benefician", defiende.

"En las reuniones de la UE, cuando se toca tema de política de inversión, el Ejecutivo español es el  más agresivo", afirma Kucharz. El Tratado ha sido duramente criticado por el oscurantismo que ha envuelto las seis rondas de negociaciones oficiales entre Bruselas y Washington -la última tuvo lugar esta seman-. Sí ha transcendido la presión ejercida por las empresas para influir en la negociación, o el hecho de que permitirá a las multinacionales demandar a los estados en los que realicen inversiones ante cortes arbitrales y no ante las justicias nacionales.

Aunque en esta ocasión el Ejecutivo haya evitado explicar su posición sobre la inclusión de este mecanismo en el TTIP, las declaraciones de varios de sus miembros han disipado todas las dudas, como también lo ha hecho su apoyo al TTIP frente a la Comisión Europea. "Sabemos que en las reuniones de la UE, cuando se toca tema de política de inversión, según fuentes del Gobierno alemán el Ejecutivo más agresivo es el español", afirma Kucharz.

Desde el secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz al presidente del think tank del PP -Fundación FAES- y expresidente del Gobierno, José María Aznar, pasando por el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, varios miembros destacados del Partido Popular o del Gobierno han vendido las bondades del TTIP en numerosas ocasiones, obviando los aspectos más polémicos del Tratado y negándose a la creación de una comisión parlamentaria que explique a los españoles los efectos del acuerdo en nuestro país - propuesta de IU-.

Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es el mecanismo de resolución de conflictos entre estados y empresas, que permite a las multinacionales recurrir a paneles o cortes de arbitraje para resolver sus disputas con los países en los que inviertan.

Varios países han pasado a rechazar mecanismos de protección de inversiones como el del TTIP

En los últimos años, varios países -de Australia a Venezuela- han pasado a rechazar estos mecanismos de protección de inversiones, que otorgan carta blanca a las multinacionales para presionar a los estados para que no efectúen cambios regulatorios que puedan afectar a sus inversiones, que les permitirían sentar a estos países ante cortes arbitrales.

El aumento de demandas presentadas ante estas cortes en los últimos años ha sido considerable, los costes de estos procesos son muy elevados, y apenas un puñado de compañías -en su mayoría norteamericanas- manejan el lucrativo negocio del arbitraje internacional.

El caso de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay ha obligado al país que preside José Múgica a gastar decenas de millones de euros en su defensa, aunque la corte arbitral no haya tomado aún ninguna decisión para resolver esta disputa.

La multinacional pide al Gobierno 2.000 millones de dólares por incluir en las cajetillas de tabaco una advertencia sobre los riesgos que este entraña para la salud; así funciona el negocio del arbitraje internacional sobre el que el Gobierno del PP dice no tener información.


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