Publicado: 29.06.2014 23:50 |Actualizado: 29.06.2014 23:50

"El Gobierno quiere imponer una auténtica censura a los jueces"

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Roser Bach Fabregó (Barcelona, 1964) responde al instante en cuanto se le pregunta por el recurso del fiscal Pedro Horrach contra el juez José Castro, que imputa a la infanta Cristina. Magistrada especialista en Penal, Bach se muestra preocupada por la desconfianza que destila el recurso del fiscal anticorrupción contra la labor del juez instructor 3 de Palma: 

- "El fiscal está amparado por el derecho a la libertad de expresión y el derecho de defensa, pero, en este caso, creo que ha sobrepasado los límites protegidos por ambos derechos. Me preocupan algunas imputaciones que contiene su escrito y que pueden trasladar a la opinión pública una sospecha de falta de imparcialidad en la labor de este juez y desmerecer la confianza de la ciudadanía en sus jueces y tribunales".

¿Considera que el Consejo General del Poder Judicial debe amparar al juez instructor frente a insinuaciones como que ha prevaricado para imputar a la infanta Cristina?

- Aún cuando el Juez Castro no ha solicitado el amparo, me gustaría que existiera un pronunciamiento del Consejo mostrando la preocupación del en relación a estas manifestaciones que pueden afectar a la confianza de los ciudadanos en los jueces, teniendo en cuenta que una de las funciones esenciales de este órgano es la defensa de la independencia judicial.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Roser Bach fue encargada por sus compañeros del sector progresista de defender ante el Pleno celebrado esta semana una enmienda a la totalidad de la reforma de la Ley Orgánica del  Poder Judicial (LOPJ). Las razón: porque pone "patas arriba" el sistema e impone el silencio a los jueces. Una ley de nombre muy largo y muy poderosa, ya que abarca cómo funciona la justicia en España, cómo se administra y por quién se administra y en qué condiciones. Es la quinta reforma que emprende este Gobierno desde que llegó al poder y la número 40 desde su aprobación, en 1985.

¿Por qué los vocales progresistas María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y usted piden la retirada del Anteproyecto de LOJP que pretende el Gobierno?

- Pensamos que no es una reforma más, sino que lo que se pretende es un cambio del modelo del sistema de Justicia con un mayor control del Poder Judicial que va en detrimento de la garantía de la separación de poderes.

Dos vocales del sector progresista no votaron con ustedes y apoyaron el texto del Gobierno del PP, con las enmiendas parciales del sector conservador. ¿Cuál es la razón de las deserciones del exdirigente del PSOE, Álvaro Cuesta, y de la magistrada Mar Cabrejas?

- La Comisión Permanente, de la que forman parte ambos vocales, elaboró un borrador de informe que fue llevada al Pleno. Por otro lado, seis vocales entendimos que había que pedir la retirada de la reforma y que convenía realizar un planteamiento global de disconformidad con la ley, pero ellos no lo apoyaron y optaron por las enmiendas parciales de ese informe.

En su escrito, que no salió adelante, los vocales progresistas sostienen que no hay elemento más disolvente en una sociedad democrática que un cambio de las reglas del juego y sus instituciones sin contar con el consenso.

"Para que una reforma tan relevante prospere se precisa implicar a muchos sectores, y aquí no ha ocurrido"- Es una ley que saca el Gobierno con el único apoyo del PP. Y estas reformas de gran calado exigirían un consenso entre las fuerzas políticas y hubiera requerido con carácter previo debate y reflexión con los más afectados, como los abogados y procuradores, así como con el mundo académico. Para que una reforma tan relevante prospere se precisa implicar a muchos sectores, y aquí no ha ocurrido.

¿La reforma destila un afán de control de los jueces?

- Pensamos que existe un afán de burocratización de la carrera judicial que supone un mayor control de los jueces y magistrados, como es la creación de una jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, la limitación a la libertad de expresión de los jueces y las asociaciones judiciales, la configuración de una carrera plana donde desaparecen las categorías...

¿Existen otros países con jurisprudencia vinculante como la que pretende este Gobierno?

- Existe en los países de tradición de la Common Law el sistema del precedente; pero no en nuestro modelo. La vinculación estricta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo aparece como un un elemento extraño en nuestro sistema de fuentes del Derecho. La seguridad jurídica debe ser un valor esencial en nuestro sistema de justicia, pero ésta no se consigue publicando en el BOE unas frases entrecomilladas de la jurisprudencia vinculante. El propio Tribunal Supremo en el informe que ha realizado sobre el anteproyecto se ha mostrado su desacuerdo en este punto, lo cual pone de manifiesto la lejanía del prelegislador con los actores llamados a aplicar las reformas que propone.

La reforma impone a los jueces y a sus asociaciones la prohibición de hablar, siquiera de opinar o manifestarse sobre cualquier tipo de asunto de interés público...

- Nosotros defendemos la libertad de expresión. Los jueces tienen prohibido constitucionalmente militar en partidos políticos o sindicatos, pero no tenemos limitada la libertad de expresión. Otra cosa es nuestra responsabilidad a la hora de opinar sobre un asunto que lleva un compañero, pero eso entra en el ámbito de la ética del comportamiento del juez y no tiene nada que ver con una limitación legal. Es absolutamente improcedente que se impida a los jueces y a las asociaciones judiciales opinar sobre los asuntos a debate en la sociedad.

"Somos partidarios de romper el modelo de juzgados aislados e ir a estructuras más modernas"

¿Es una nueva ley mordaza?

- Forma parte del intento de control de la judicatura, para que no manifieste sus opiniones con toda normalidad. Esta reforma que pretende el Gobierno es una auténtica censura.

¿Se oponen a la estructura judicial que crea esta reforma?

- La administración de Justicia necesita una nueva organización y somos partidarios de romper el modelo de juzgados aislados e ir a estructuras más modernas. Pero eso no tiene nada que ver con lo que se pretende, porque se crean los presidente de los tribunales de instancia que son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, a diferencia de los decanos de los partidos judiciales que son elegidos directamente por sus propios compañeros. Y se da amplias facultades a estos presidentes para la organización de las salas e, incluso, con capacidad para incidir en el reparto de asuntos, de tal manera que, en determinadas circunstancias, hasta se prevé la posibilidad de que a un juez se le prive de un caso para atribuirlo a una sección.

Ha mencionado a los jueces decanos. La reforma del Gobierno los suprime de un plumazo.

- Es un gran error. Los decanos son un órgano de gobierno de la base, del primer nivel de la organización judicial y son elegidos democráticamente por sus compañeros. Tienen una gran capacidad y sensibilización a lo que está ocurriendo en la base de la jurisdicción, la que está en contacto día a día con los ciudadanos. Los decanos son sustituidos por los presidentes de los tribunales de instancia, que son elegidos por el CGPJ con la posibilidad de que pueden ser cesados en caso de pérdida de confianza del órgano político. También estamos en contra, por supuesto.

También denuncian que esta reforma estructural no se ha ensayado...

- Las reformas de este calado que afectan a la organización de todos, al sistema de la Justicia al completo, deben ir acompañadas de ensayos, de pruebas-piloto. Es muy arriesgado por el propio funcionamiento del sistema que se impongan sin ensayos y sin prever un periodo transitorio de adaptación. Esta reforma legal puede provocar un caos importante en el funcionamiento de la administración de Justicia.

Si a esta modificación tan radical, sumamos las tasas que se han impuestos, ¿mal va la justicia?

- Esta reforma es especialmente grave porque viene después de la ley de tasas. Es otro factor que aleja a la Justicia de los ciudadanos e influirá en los colectivos más vulnerables: dificultará a muchas personas el acceso a la justicia, porque falla la justicia de proximidad, la más local, al localizar las sedes en las capitales de las provincias.

"La Ley de Justicia Gratuita, la Ley de Tasas y esta última reforma pone en riesgo el acceso a la justicia para los colectivos más débiles"

¿La Justicia es cosa de ricos?

- Me niego a pensar que la Justicia sea cosa de ricos. Lo que pasa es que la Ley de Justicia Gratuita, la Ley de Tasas y esta última reforma pone en riesgo el acceso a la justicia para los colectivos más débiles económicamente, que verán dificultado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

¿Qué pasa en la Justicia para que las reformas se hagan sin consenso y desconociendo la realidad?

- La reforma denota cierto desconocimiento de la realidad de nuestra administración de Justicia, esto es cierto, por las soluciones que se proponen. Se acometen estas reformas sin pensar bien en el impacto de estos cambios tan transcendentales. Existe cierta improvisación en una reforma que cambia por completo nuestro sistema de justicia sin pensar en las consecuencias que puedan tener tantos cambios para la ciudadanía en general, que son los destinatarios de este servicio público.

Cómo valora la reforma previa del CGPJ, por la cual sólo seis vocales tienen dedicación exclusiva. ¿Es posible compatibilizarlo con su ejercicio de magistrada en la Audiencia de Barcelona?

- La valoro de forma muy negativa. La reforma de 2013 ha supuesto una debilitación del órgano de gobierno de los jueces:  limitando la actuación de los vocales, por cuanto sólo seis tienen dedicación exclusiva y suprimiendo parte de sus competencias. Creo que la constitucionalidad de la reforma es muy discutible y está pendiente de un recurso interpuesto en el Tribunal Constitucional.

Efectivamente, es complicado compatibilizar el cargo de vocal con el ejercicio de la jurisdicción, como lo es para todos los vocales que ejercen de forma simultánea su profesión (abogados, secretarias judiciales...) con el desempeño en el CGPJ.

Roser Bach ha tenido que reducir su afición al teatro y a la música que dedicaba en los fines de semana, a cuenta de su doble trabajo. Magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, destina los fines de semana a escribir sentencias. Como muchos magistrados y magistradas de este país, que han visto multiplicar los asuntos a enjuiciar a raíz del tsunami de la crisis económica.

Por si fuera poco, la última reforma del Gobierno provocó que sólo un pequeño grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial tengan dedicación exclusiva: los cinco miembros de la Comisión Permanente. Los otros 15, como es su caso, tienen que compatibilizar sus trabajos con la responsabilidad de vocal de un órgano político que selecciona y forma a los jueces, los disciplina, distribuye los refuerzos en los juzgados para afrontar causas complejas y, sobre todo, tiene como función el amparo de los jueces y magistrados cuando se sienten presionados por los poderes fácticos, políticos y económicos.

Fue nombrada por el Senado vocal del CGPJ, en noviembre de 2013, entre los jueces y magistrados ejercientes que se presentaron a integrar este órgano constitucional. Es miembro de Jueces para la Democracia.

Bach fue directora de la Escuela Judicial entre 2011 y 2013, tiempo en el que dirigió con visión innovadora la Formación Inicial de cuatro promociones de nuevos jueces y la Formación Continua de los 5.000 miembros de la Carrera Judicial, así como la de muchos jueces de América Latina a través del Aula Iberoamericana.

También dirigió el Centre-d?Estudis-Juridics i Formació Especialitzada (CEJFE) de la Generalitat de Catalunya, bajo la consellería de Monsterrat Tura. Allí coordinó programas como es el de la preparación de oposiciones a juez, fiscal y secretario judicial en un territorio donde había necesidad de estos especialistas pero pocos se presentaban a las oposiciones.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, ingresó en la carrera judicial por oposición en 1989. Ha ejercido en diversos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Catalunya, en concreto en Gavá, Sant Feliu de Llobregat y Hospitalet de Llobregat, hasta incorporarse a la Sala de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, donde está ahora destinada.

Ha combinado sus tareas jurisdiccionales con la docencia en diversas universidades de Barcelona y participó en la elaboración de un libro-icono para muchos abogados, que se disputan los escasos ejemplares que aún circulan: "99 cuestiones básicas sobre la prueba en el proceso penal".


http://www.quoners.es/debate/como-calificarias-la-situacion-de-la-justicia-en-espana