Publicado: 29.09.2015 14:19 |Actualizado: 29.09.2015 18:18

El Govern tacha la imputación de Mas por el 9-N de "anomalía democrática" 

Junqueras afirma que la imputación del presidente en funciones y dos consejeras de la Generalitat "tiene que acelerar la desconexión" de Catalunya con España, puesto que "supone una prueba más de que la pertenencia al Estado español es del todo inviable"

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La vicepresidenta de la Generalitat Neus Munté, durante la rueda de prensa ofrecida en la mañana del martes. EP

La vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Neus Munté./ EP

MADRID.- La portavoz del Gobierno de la Generalitat, Neus Munté, ha denunciado este martes la "anomalía democrática" que ha llevado a la Fiscalía a querellarse contra "un presidente escogido democráticamente en las urnas por poner, precisamente, las urnas para escuchar la voz del pueblo". 

La portavoz en funciones ha achacado esta "querella política", como la ha definido, a las "presiones, a la persecución a Mas y a los tics antidemocráticos del Gobierno central y la Fiscalía del Estado". Munté ha dejado claro que el Govern tiene la convicción de que "no se ha hecho nada ilegal"



Munté ha sentenciado además que la imputación de Mas y las conselleras Joana Ortega e Irene Rigau no afectará a la constitución del Parlament ni a los pasos que se deben dar a partir de ahora "por mucho que lo intenten la Fiscalía del Estado y el Gobierno central".

Sobre la hoja de ruta tras las elecciones del domingo, Munté ha mostrado la voluntad de Junts pel Sí de "hablar con la CUP" y ha dejado claro que la lucha contra la pobreza —haciendo referencia al plan choque que la lista de Baños sitúa en el centro de la negociación— es un objetivo prioritario de CDC y del Gobierno de Catalunya. De hecho, ha recordado que el Parlament aprobó por unanimidad un decreto contra la pobreza energética que luego fue impugnado por el Gobierno central.

ERC advierte sobre la politización de la justicia

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha expresado "toda la solidaridad" y ha advertido sobre la "politización de la justicia" y de "cómo entiende la democracia el Gobierno español". El portavoz republicano ha lamentado, en este sentido, que "la voluntad democrática de Catalunya expresada democráticamente el pasado domingo en las urnas sea respondida con la imputación del presidente y de dos conselleras, además del personal técnico relacionado con la consulta del 9-N".

"Esto nos reafirma en lo importante —ha agregado Sabrià— que es tirar adelante con la hoja de ruta desde la mayoría parlamentaria que tenemos a partir de ahora y avanzar en la desconexión y en el proceso hacia la independencia, que es el mandato democrático surgido de las elecciones".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en declaraciones a RAC 1, se ha pronunciado en el mismo sentido y ha recalcado que lo ocurrido "tiene que acelerar la desconexión" de Catalunya con España sin que se produzcan "dilaciones", puesto que "supone una prueba más de que la pertenencia al Estado español es del todo inviable". Para Junqueras, la coincidencia de la citación judicial con el aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, que fue presidente de su partido, "es monstruosa".

El líder de ERC se ha mostrado convencido de la investidura de Mas como presidente y considera que ahora tienen que concentrarse en "el qué, y el resto ya se concretará". "No tenemos que ponernos nerviosos, seguro que se resolverá, no hace falta que hagamos un gran espectáculo público de una cosa que se resolverá"

Unió y la CUP muestran su apoyo a Mas

El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha denunciado que "estamos ante un juicio político", El político de Convergència, que calificó la imputación de "episodio grave en términos políticos y democráticos" pues a su juicio están acusados de "defender la democracia", ha añadido que el Estado y la Fiscalía "quieren ganar a través del código penal lo que no pueden ganar a través de las urnas".

Por su parte, el secretario general del comité de gobierno de Unió, Ramon Espadaler, ha dejado claro que el 9-N " no hubo desobediencia " y ha considerado que "la querella ha sido un grave error" y "no conduce a ninguna parte". Según Espalader, que mostró su apoyo a los imputados, " es un error gravísimo judicializar lo que requiere respuestas políticas ".

También rechazó tajantemente la imputación la CUP, que entiende que "estamos ante un nuevo ataque contra las instituciones del país por parte de un estado demofòbico que utiliza políticamente las instancias judiciales para intentar doblegar la voluntad del pueblo catalán". En un comunicado, la formación independentista "alerta al Estado de que la desobediencia vivida el 9N será una práctica habitual en adelante".