La trama andorrana de la llamada operación Catalunya cobra nuevo impulso. El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (INDHA), que, junto 'Juristes Drets', lleva la acusación particular de la causa, ha ampliado la querella inicial por el "presunto crimen de Estado" que supuso el desmantelamiento de la Banca Privada d'Andorra (BPA) en el contexto de las cloacas del Estado españolas, con el gobierno de Mariano Rajoy a la cabeza.  

La ampliación de la querella de INDHA, a la que ha podido acceder Público, recopila casi 200 documentos y audios de diversos sumarios relacionados con el caso Villarejo para pedirle a la jueza andorrana que lleva el caso de la caída de la BPA una serie de nuevas diligencias para llegar a la cuestión nuclear de la causa: que el cierre de BPA fue provocado por "mandatarios españoles" en el marco de la operación Catalunya (2012-2015), una campaña parapolicial para  desacreditar a los líderes independentistas catalanes y frenar el 'procés'. 

La acusación, que ha recopilado en el último año gran cantidad de nuevos indicios, pide la imputación del comandante de la Guardia Civil Basilio Luis Sánchez Portillo que, "como agente encubierto" habría sido clave en la nota de riesgo que recibió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la BPA y que provocó su cierre, en 2015. En este sentido, la querella reclama la "desclasificación" de todos los documentos que provocaron el cierre de la BPA.

Hay que recordar que la jueza andorrana Stéphanie Garcia Garcia, titular del Juzgado de Instrucción 2 del Principado, mantiene en calidad de investigados al expresidente Mariano Rajoy por los presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales, penado en el ordenamiento andorrano con entre tres y diez años de cárcel; y el de creación, uso y comercialización de documento falso, castigado con hasta tres años de prisión.

También están imputados por los mismos delitos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz  y el de Hacienda Cristóbal Montoro. Ahora la acusación pide la testifical del exministro de Economía, Luis de Guindos. Y reclama la «desclasificación» de todos los documentos secretos del Tesoro norteamericano que provocaron el cierre de la BPA. 

INDHA y 'Drets' acusan por organización criminal a Rajoy, Fernández Díaz y Montoro, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, el exDAO  Eugenio Pino, y al exagregado de Interior a la embajada de España de Andorra, Celestino Barroso, entre otros.

La tesis que desarrolla la querella es que el Estado español orquestó una operación "violentando la soberanía e independencia de nuestro estado [Andorra], para conseguir un fin político, en una guerra política contra el nacionalismo catalán".

"Allí donde no pudo llegar la diplomacia, ni la política española, ni la Hacienda española, ni los tribunales españoles, presuntamente desde la Moncloa se puso en marcha una auténtica operación de inteligencia político-policial fuera de sus fronteras", consta en la querella.

El objetivo fue conseguir datos de supuestas cuentas de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, y también del exvicepresidente Oriol Junqueras. Esta operación habría precipitado, con información falsa, la caída de BPA, investigada por blanqueo por el FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement Network, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos).