Izquierda Unida ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria con la que pretende que se endurezca la Ley de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos para echar el cerrojo a la conocida como puerta giratoria, el carrusel de expresidentes, exministros y antiguos secretarios de Estado que, al terminar su servicio, acaban formando parte de empresas privadas relacionadas con el sector del que se ocupaban desde las administraciones públicas.

La iniciativa, presentada por el diputado por Asturias, Gaspar Llamazares, llega después de los casos de Rodrigo Rato y Teléfónica y Juan José Güemes y Unilabs, y tiene como objetivo principal “fijar limitaciones más estrictas en el ejercicio de actividades que realicen al término de su mandato” los excargos de la Administración y propone ampliar de dos a cinco años la incompatiblidad para ejercer en las empresas privadas 'que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza  contractual”.

Asimismo, contempla un veto a estos excargos para “dar a sus asociados, clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato”. 

La iniciativa propone también que estas personas no puedan disponer de “participaciones directas o indirectas superiores al 10% en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier otra naturaleza con empresas públicas privatizadas en los 10 años anteriores”.

Llamazares explicó que para poder ejecutar estas restricciones deben modificarse dos leyes: la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

El diputado informó de que IU presenta esta propuesta “ante la evidente necesidad demostrada por los últimos casos que han saltado a la luz públicamente, aunque algunas de sus particularidades nominales no entren directamente en esta casuística legal, y por la falta de claridad evidenciada por la legislación en vigor para poder aplicarse adecuadamente”. 'Los poderes públicos están llamados a adecuar la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la deontología de la función pública”, añadió.