La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en la causa de la presunta caja B del Partido Popular, que se investiga en la Audiencia Nacional, ha pedido al juez instructor José de la Mata que impute al presidente de OHL Villar Mir y que cite como testigo a la exdirigente del PP Esperanza Aguirre.

En concreto, IU pide que se impute a Villar Mir por su actuación como presidente de la constructora OHL y "y la sucesiva entrega de fondos opacos al Partido Popular", mientras que a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre le pide que explique las distintas actuaciones durante su etapa al frente de la Comunidad.

Plantea Izquierda Unida que se cite a Aguirre debido a que su número dos y luego presidente madrileño Ignacio González declaró ante la Audiencia Nacional que entre él y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta "se celebraron dos reuniones a instancias de Esperanza Aguirre".

Además, "como presidenta del Gobierno del que González era vicepresidente y coordinador político, puede tener conocimiento de las presiones que relató este último por parte de Álvaro Lapuerta a miembros de la administración pública de la Comunidad de Madrid", explica el letrado de la acusación popular.

En cuanto al empresario Villar Mir, es la segunda ocasión en la que Izquierda Unida pide que se le impute (como ya hizo sin éxito al reabrirse el caso en 2017) debido a "las múltiples referencias a su persona que se han ido acumulando en la causa", que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular.

También se pide la testifical de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, quien el 20 de diciembre de 2016, en su declaración en la vista oral del caso Gürtel, declaró que "Álvaro Lapuerta le llamó en al menos una ocasión para que favoreciera a las entidades del empresario Joaquín Molpeceres, en particular a la empresa Licuas".

En esa misma comparecencia, Ortega sostuvo que su expulsión del PP "se debió, precisamente, a no aceptar esa petición tras la queja de Molpeceres (que también aparece citado en los denominados "papeles de Bárcenas") por la falta de adjudicaciones en el municipio madrileño".