MADRID.- Una ley integral para proteger a los denunciantes de casos de corrupción y un organismo específico que estudie los casos son dos de las propuestas que partidos como podemos y Ciudadanos, entre otros, integraran dentro de sus programas electorales. Para Juan Pedro Yllanes, que fue juez de Palma de Mallorca y que tuvo que decidir sobre si la labor del juez Castro en el caso de la infanta Cristina estaba bien encaminada, “los denunciantes de corrupción son equiparables a las víctimas de violencia machista y necesitan un blindaje jurídico y social”.

Este lunes por la mañana ha tenido lugar la primera reunión para concretar las medidas que los partidos incluirán en sus programas, “y con las que PSOE y PP no se ha querido comprometer”, explica el presidente de la Plataforma por la Honestidad, Pedro Alarcón.

Junto a los diputados se encontraban dos de las víctimas que han sufrido en primera persona las presiones de instituciones públicas tras denunciar casos de gran alarma social, Ana Garrido Ramos del caso Gürtel y el exmilitar Luis Segura, que fue “expulsado del Ejército por los mismos generales a los que había denunciado por corrupción. Esta ley de protección al denunciante tiene que amparar también a los ciudadanos que forman parte del Ejército y de la Guardia Civil y que se rigen aún por un Código Militar Penal”, explica.

Ambos se han quedado sin sus trabajos, han sufrido acoso laboral y han tenido que emprender una nueva vida al margen de sus vocaciones. Por su parte Ana Garrido, que sufre el acoso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde que empezó a denunciar sus conexiones con la red de Francisco Correa y el PP madrileño, relata que “los denunciantes somos víctimas y lo seguimos siendo, porque hemos tenido que sufrir un calvario pero queremos dar una lección al ciudadano de a pie para involucrarle y animarle para que denuncie la corrupción por cauces seguros, no como nos ha pasado a nosotros”.

La segunda preocupación de los españoles

El representante de Podemos Yllanes, que ha acudido a la reunión con la también juez Victoria Rosell, ha destacado que “la corrupción es la segunda preocupación de los españoles, por eso es urgente que en la próxima legislatura se ponga en marcha una comisión de investigación sobre corrupción en la que se tiene que contar con los ciudadanos que cumpliendo sus obligaciones cívicas han denunciado estos casos. En este sentido creo que tanto Podemos como ciudadanos coincidimos en que combatir la corrupción es clave para la regeneración democrática con el que estamos comprometidos”.

En representación de Ciudadanos han acudido a la reunión Francisco de la Torre y la presidente de la comisión de investigación sobre corrupción en la Comunidad de Madrid, Dolores González Pastor. El representante nacional de Ciudadanos ha asegurado que: “La lucha contra la corrupción es una obligación cívica en la que tendríamos que estar incluidos todos los partidos. Nosotros presentamos una proposición no de Ley que no se ha podido debatir en el pleno de un plan de choque contra la corrupción, y uno de los ejes era la protección. Hay que seguir el rastro del dinero para combatir el blanqueo de capitales y proteger a los denunciantes porque no nos vamos a enterar de lo que ocurre”.

La diputada autonómica del Ciudadanos, Dolores González Pastor, que dirige una comisión de investigación por la que ya han tenido que pasar entre otros Esperanza Aguirre y Francisco Granados –Ignacio González se excusó alegando un viaje-, ha explicado que la tarea que se está llevando a cabo en la Asamblea madrileña tendría más garantías “si los denunciantes de corrupción que han ido a declarar estuvieran protegidos. En ciudadanos hemos impulsado cinco comisiones de corrupción, presidimos tres, Murcia, Andalucía y Madrid, gracias a que no hay mayorías absolutas que consigan que el gobierno de turno las controle. Protección jurídica y los funcionarios no se vena presos y con miedo y para que puedan colaborar”.