Publicado: 16.03.2014 08:00 |Actualizado: 16.03.2014 08:00

Los jueces del pueblo

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Unos los llaman Robin Hood, otros jueces del pueblo, y algunos, simplemente, tercos. Todos estos apelativos aluden, en realidad, a un profundo proceso de transformación en el que están inmersos los jueces españoles.

En los últimos cinco años se asiste a un cambio cultural entre los jueces, azuzados por la necesidad de impartir justicia en una crisis económica histórica: con demandas cada vez más complejas, jurisprudencia europea consolidada, abogados preparados para esgrimir sentencias de Alemania o Francia como si se tratara de una Audiencia Provincial, despidos nunca vistos y recursos muy limitados.

Este cambio cultural se detecta entre los jueces de trinchera: los que están en contacto directo con los ciudadanos. No son jueces de campanillas, ni los jueces estrella de la década de los 90. Son jueces de primera instancia, en el ámbito Civil, Mercantil, Social y Penal, que imparten justicia para ciudadanos en el borde de la exclusión social por haber perdido sus trabajos, o juzgan tramas corruptas cada vez más complejas.

"Hemos cambiado de mentalidad, es cierto. Antes de la crisis todo funcionaba en un marco razonable de confianza y había límites que no se sobrepasaban fácilmente. Pero todo eso ha saltado por los aires con la crisis y tienes que estar en guardia, porque las artimañas van cambiando". Así se expresa la jueza de primera instancia Raquel Blázquez, del juzgado 84 de Madrid, quien apostilla: "Hay que ser muy riguroso, estudiar caso a caso y siempre evitar el populismo". Una labor que, además, han de afrontar junto al resto de funcionarios de Justicia entre falta de medios materiales y recortes económicos.

Raquel Blázquez (Madrid): "Hay que ser muy rigurosos y siempre evitar el populismo"

"La jurisprudencia europea nos ha cambiado completamente", destaca el decano de Valencia, Pedro Viguer. "Ha alterado los cimientos del sistema procesal. Nos obliga a bucear en los procedimientos y a actuar de oficio, sin que nos lo pida una parte".

Todos coinciden: el modelo de juez que se derivaba de la Ley de Enjuiciamiento Civil era el de un juez pasivo, guiado por el llamado principio dispositivo con el que juzgaba sólo aquello que les presentaban las partes. Pero la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada hace ahora un año en relación a España, les ha convertido en jueces activos, beligerantes —así lo dice el TJUE— en la defensa de los consumidores frente a los profesionales, como son los bancos, las aseguradoras, las compañías telefónicas.... Tienen que actuar de oficio para detectar cláusulas abusivas, porque el desequilibrio entre el consumidor y el profesional está especialmente protegido en la Directiva 93/13/CEE.

Carlos Gómez (Baleares): "[Los jueces de lo Civil] hemos dejado de ser los cobradores del frac" El presidente de la Audiencia de Baleares, Carlos Gómez, reconoce este cambio cultural, en especial en la jurisdicción Civil y Penal. Los jueces de lo Civil están actuando, en las relaciones entre consumidores y profesionales, en un ámbito nuevo, "en el que previamente no había doctrina consolidada, ni jurisprudencia, ni autores que lo hayan investigado", destaca Gómez, quien apostilla: "Hemos dejado de ser los cobradores del frac".  Por su parte, los jueces de lo Penal "están dando una respuesta muy positiva ante la corrupción".

Carlos Gómez resalta otra contribución nueva: los jueces desarrollan ahora la jurisprudencia de figuras incluidas en el Código Penal de 1995, como el tráfico de influencias, la prevaricación, o el cohecho pasivo impropio. Son tipos penales cuyo contenido no estaba consolidado y que ahora se construyen en los enjuiciamientos de casos conocidos al ser macroprocesos, pero también de otros muchos sólo difundidos en sus comarcas.

Los jueces de lo penal tramitan más de 1.400 casos de corrupción en los que los imputados tienen cargos de concejal para arriba  Para hacerse una idea del impacto de este cambio, se calcula que los Juzgados y Tribunales tramitan en estos momentos más de 1.400 casos de delitos relacionados con la corrupción política, contando sólo de concejal y alcalde para arriba. Este camino jurídico nuevo se ha ido abriendo con el esfuerzo de muchos jueces, y la pasividad de otros tantos.

Mientras, reformas como la laboral ponen fronteras a la jurisprudencia en materia de despidos. Y si el Tribunal Supremo anula las tasas laborales, el Gobierno las pretende imponer a través de la nueva reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que tramita ahora el Congreso, orillando el criterio del Alto Tribunal.

A finales de 2012, cuando las ejecuciones hipotecarias estaban el pleno auge, y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas llevaba ya varios años clamando contra estos abusos, Viguer escribió un informe para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que denunciaba lo que ocurría: los jueces no podían entrar a enjuiciar las ejecuciones hipotecarias, porque lo impedía la legislación, y había un desequilibrio entre el consumidor y el banco. El documento iba en la misma línea que un informe del Defensor del Pueblo.

El papel de los decanos ha sido determinante en la evolución de los jueces

El órgano de gobierno de los jueces no se dio por enterado. Pero el informe corrió como la pólvora y poco después, en noviembre de 2012, los 46 decanos de toda España reunidos en Barcelona reclamaron que los jueces pudieran tener un margen de maniobra para suavizar las ejecuciones hipotecarias y aprobaron un decálogo de propuestas "para una justicia en tiempo de crisis".

Los decanos son los únicos cargos elegidos directamente por los jueces de su partido judicial. "Tenemos poca potestas, pero mucha autoritas", reconoce Viguer. Y su papel ha sido determinante en esta evolución del juez.

La entonces decana de Cádiz, Nuria Orellana [en la imagen], es una jueza preocupada por aportar soluciones a los trabajadores incursos en procedimientos laborales. Fue una constante como juez de lo Mercantil cuando tuvo que afrontar procesos como el concurso de acreedores de Delphi  o de bodegas de Rumasa. Coincide con sus compañeros en que es la jurisprudencia del TJUE la que les ha hecho evolucionar rápidamente.

Ahora, como integrante de la Audiencia de Málaga, Orellana firmó esta semana una sentencia que reconoce al cliente la retroactividad en la devolución del dinero de las cláusulas suelo, después de que el Tribunal Supremo las anulara pero sin retroactividad.

La Audiencia de Álava fue la primera en devolver el dinero por una cláusula suelo. Fue el 9 de julio de 2013, con una ponencia del juez Edmundo Rodríguez. Esta línea ha sido seguida por las Audiencias de Alicante, Murcia, Barcelona, Cuenca y finalmente Málaga.

Ya a finales del año 2010 el Tribunal Supremo anuló el redondeo, por ser cláusula abusiva. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) llevaba tiempo pronunciándose sobre el desequilibrio entre los consumidores y los profesionales. Pero la mayoría de los jueces seguían con el viejo esquema.

Todo saltó por los aires el 14 de marzo de 2013, hace ahora un año, con una sentencia del TJUE. Era el caso Aziz, que permitió a los jueces entrar a estudiar una ejecución hipotecaria y detectar si había cláusulas abusivas. Los jueces tuvieron que actuar en el vacío porque el Gobierno tardó varios meses en promulgar la Ley 1/2013 para rellenarlo. En este tiempo, debían enjuiciar los miles de casos que había en trámite.

La ley antidesahucios del PP ha inundado los juzgados de demandas

Viguer [en la imagen superior] recuerda esas semanas trepidantes de 2013, cuando las juntas de jueces de Valencia, Barcelona o Baleares, convocadas por los decanos, abordaron de forma coordinada a partir de qué parámetros se podría hablar de cláusula abusiva, o a partir de qué porcentaje el interés de mora era abusivo. El 8 de mayo de 2013 más de 20 magistrados de toda España y de los distintos tribunales se reunían en Madrid para debatir las repercusiones de la nueva doctrina del TJUE y abordar este periodo transitorio, bajo la dirección de Juan Antonio Xiol, entonces presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y actual magistrado del Tribunal Constitucional, y el impulso del entonces vocal del CGPJ Manuel Almenar.

La Ley 1/2013 no ha servido para paliar el problema, sino que ha inundado los juzgados de demandas. Y ya hay cuestiones prejudiciales interpuestas contra ella porque permite a la entidad financiera recurrir en caso de que se anule una cláusula abusiva, pero no permite recurrir al consumidor en el caso opuesto.

José María Fernández Seijo tenía tan solo 25 años cuando en su primer destino en Esplugues de Llobregat tuvo que convencer a una chica de 21 años de que no se tirara desde el tejado para impedir el desalojo de sus padres. Aquella anécdota le marcó. Era 1991. Seijo fue el juez que planteó la cuestión prejudicial del caso de Mohamed Aziz. Cayo de reparto en su juzgado, el de lo Mercantil 3 de Barcelona, ante una demanda interpuesta por el abogado Dionisio Moreno.

Moreno [en la imagen], abogado "de ejecutados" —como él se define—, intentaba a la desesperada que Aziz no se quedara sin casa. Y encontró el hueco en la directiva europea que protege a los consumidores. Con la cuestión prejudicial en marcha, Moreno se personó ante el TJUE con más de 50 documentos que probaban el desequilibrio que hay en España entre el consumidor y el banco. Un año después, la sentencia que amparó a Aziz no ha impedido que recupere su casa, porque la Ley 1/2013 no permite ser aplicada en las ejecuciones ya realizadas como era ese caso.

Seijo ya era ducho en recurrir "a Europa": en el año 2000 había conseguido que el TJUE declarara abusiva una cláusula que obligaba a los compradores de enciclopedias a someterse a los juzgados de Barcelona, residieran donde residieran.

Seijo reconoce que los jueces han cambiado, se han vuelto más sensibles en esta crisis "sobre todo a raíz de los movimientos ciudadanos. Los servicios sociales se han recortado y el único sitio abierto las 24 horas es el juzgado de guardia". Ahora llegan a los juzgados asuntos que antes eran impensables, como swaps, preferentes y otros productos financieros complejos, los préstamos multidivisas o los 2.500 casos de particulares que han entrado en procesos de insolvencia para, al menos, tener una cantidad fija con la que sobrevivir. "Tenemos puesto el culo sobre una olla exprés", remacha.

El juez José María Fernández Seijo.

El juez Edmundo Rodríguez cree que la crisis "nos ha hecho buscar el acervo en la UE porque los mimbres legales que teníamos en España no serán suficientes".

Rodríguez [en la imagen] destaca el papel desempeñado por los abogados en este proceso de cambio, que han rebuscado en la jurisprudencia para ganar los pleitos. "Los abogados nos han hecho pensar a los jueces. Hoy un abogado te cita jurisprudencia alemana o francesa con toda naturalidad".

Otro de los problemas es que las entidades financieras no están cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo pasado, que anuló las cláusulas suelo. "Tenemos los juzgados repletos de demandas porque el banco de turno no las retira", destaca.

En su opinión, el TJUE ha cogido el relevo de prestigio que tuvo el Tribunal Constitucional en la década de los años 80. Y si entonces, y en la de los años 90, el juez español se transformó para que todas sus resoluciones estuvieran presididas por los principios del derecho constitucional, ahora el nuevo salto es el derecho europeo: el juez comunitario.

Manuel Ruiz de Lara [en la imagen] tiene un récord: es el juez español con más cuestiones prejudiciales interpuestas en 2013 ante el TJUE. Ha interpuesto siete de las 26 planteadas en 2013 desde España, todas ellas referidas a los intereses abusivos. Él defiende que hay que anularlos directamente.

Ruiz de Lara era decano de Marchena hasta que, recientemente, se convirtió en titular del Juzgado de lo Mercantil 5 de Barcelona. Resalta el papel que ha jugado en este proceso las juntas de jueces. Y cree que el giro dado en Civil no se debe sólo a la jurisprudencia. También es generacional. "El juez de la UE es un juez joven, de unos 40 años". Al igual que lo es el español.

El juez en España tiene una edad media de 47 años. Y, hoy, el 72% de los nuevos jueces no tienen ni un jurista en su familia; sólo el 6% tiene de familiar un juez. Los jueces españoles son de clase media, consumidores que firman también sus hipotecas y conducen coches.

Cuando Diego Gutiérrez ingresó en la carrera judicial con 24 años, le sorprendió que un juez no pudiera revisar de oficio un contrato, a pesar de que existieran cláusulas abusivas. Era el año 2002 y aquel fue su caballo de batalla. Intentó en 50 ocasiones anularlas, y en otras tantas la Audiencia de Lleida se las rechazaba en los recursos de segunda instancia.

El empeño de Gutiérrez era tal que, en una resolución, la Audiencia de Lleida llegó a hablar de "la terquedad" del juez de primera instancia. "Terco y cabezón sí que soy", reconoce Gutiérrez, titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Lleida.

En aquella época de terquedad, estos jueces eran los raros. Hoy son muchos los que, como el juez de primera instancia número 4 de Arrecife Juan José Cobo Plana, anulan hipotecas por abusivas, estudian contratos, cláusulas y pólizas, a pesar de la sobrecarga de trabajo. Y encuentran la jurisprudencia adecuada para juzgar los casos de corrupción política. Otros no siguen este camino.

La Unión Europea ha descubierto a este juez de base. El último informe Greco sobre la corrupción en España del Consejo de Europa hace un guiño a esta infantería judicial. Reconoce su sentido de servicio público y su defensa del derecho a la vivienda de los ciudadanos, por ejemplo, pero alerta de los problemas de independencia política de la estructura superior colocada sobre ella, el gobierno del poder judicial, y de la Fiscalía.