Publicado: 07.09.2016 22:01 |Actualizado: 08.09.2016 11:34

Los jueces tensan el debate de la remunicipalización en Zaragoza

Las diferencias entre ZeC y el PSOE sobre la internalización de servicios se acentúan tras rechazar la Audiencia que hubiera connivencias en la adjudicación de la contrata del bus, poco después de que el Tribunal Superior anulara parte de la licitación al considerar que fue hecha a medida de la concesionaria

Publicidad
Media: 3.60
Votos: 5
Comentarios:
La contrata del autobús urbano conlleva una factura de más de 700 millones anuales en la que el ayuntamiento paga la parte que no cubren los billetes de los usuarios.

Los despidos del autobús urbano costaron 2,1 millones cuyo pago a la concesionaria mantiene paralizado ZeC.

ZARAGOZA .- La Audiencia de Zaragoza ha entrado, sin pretenderlo, en el debate sobre la eventual remunicipalización del autobús urbano en la capital aragonesa, que tiene estos días varios frentes abiertos y afronta jornadas clave, como el final, este viernes, del plazo para recurrir la sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que tumbó la adjudicación del servicio a Auzsa en 2013 y para diez años.

Esos dos procedimientos judiciales están ampliando el alejamiento que mantienen sobre la internalización de servicios ZeC (Zaragoza en Común), partidario de afrontarlas en todos los casos que resulte factible, y el PSOE, contrario a ellas tras doce años en el gobierno municipal en la capital aragonesa: la mayor ciudad de España con el autobús urbano en manos privadas, ya que tanto Madrid, como Barcelona y Valencia lo gestionan mediante empresas públicas. “Somos una anomalía”, señala el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero.

El TSJA anuló en junio varias cláusulas del concurso en el que Auzsa obtuvo una contrata para una década valorada en 700 millones –la mayor del municipio- al considerar que la licitación, realizada en 2013, estaba hecha a medida de esa empresa e incluyó trabas que la ley no admite para la cooperativa de trabajadores que optaba a ella.

La Audiencia, sin embargo, en el auto por el que archiva una querella contra el exalcalde Juan Alberto Belloch y cinco de sus concejales y avala que el ayuntamiento asuma los 2,1 millones que costó un ERE de 153 despidos tras esa adjudicación, rechaza que “haya habido un concierto de voluntades” entre los denunciados “para licitar el servicio con cláusulas ambiguas” que permitieran cargar los despidos al ayuntamiento.

El plazo para recurrir la del TSJA termina este viernes. Ni la concesionaria ni el ayuntamiento han hecho público si va a recurrirla, aunque en el segundo caso todo apunta a que no lo harán.



Una contrata de 700 millones en el aire

El portavoz de los socialistas, Carlos Pérez Anadón, reivindicó este martes la honorabilidad de los exculpados y, tras destacar que según la Audiencia “no hubo ningún indicio de connivencia” en la adjudicación, animó al equipo de gobierno de ZeC a recurrir la resolución del TSJA ante el Supremo, donde, según dijo, existen “muchas posibilidades” de que sea revocada. En ese caso, la contrata se mantendría con sus actuales condiciones hasta 2023.

“Espero que no hacerlo no sea una puerta de atrás para cambiar el modelo de gestión de los servicios municipales”, anotó, antes de recordar que una remunicipalización requiere el acuerdo del pleno. Y en él, ZeC y Cha, partidarios de acometerlas, suman 11 votos, frente a los 10 del PP, los 6 del PSOE y los 4 de C’s, contrarios a ellas.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, se muestra partidario de acometer la remunicipalización del bus a partir de que una eventual sentencia firme lo permita, aunque para eso deberán esperar al trámite de ejecución de la sentencia del TSJA, que no ha aclarado si el ayuntamiento debe realizar una nueva valoración de las ofertas sin las cláusulas ilegales o toda la licitación decae.

Este nuevo desencuentro entre ZeC y PSOE sobre la internalización de servicios coincide con el anuncio de nuevas movilizaciones para este otoño por parte de la plantilla, que también reclama la remunicipalización y cuya cooperativa de trabajadores aparece como la principal damnificada en la adjudicación que tumbó el TSJA, y con una tormenta política sobre el servicio. Esta última, centrada en la obsolescencia de los vehículos -algunos de ellos superan los 16 años pese a que el consistorio ha adquirido 46 en dos años-, tiene su origen en el incendio de seis de ellos en plena calle, mientras circulaban, en las últimas semanas.

Asistencia externa para remunicipalizar en doce meses

La recuperación de la mayor parte posible de los 142 servicios privatizados del ayuntamiento de Zaragoza, que permitirían un ahorro anual de 40 millones solo en IVA, es una de las principales apuestas políticas de ZeC. No obstante, su hoja de ruta incluye algunas condiciones: que se trate de contratos que venzan, para evitar el pago de lucros cesantes –en el caso del bus supondría una cifra astronómica-, y que conlleven ahorros, mejoras de la prestación, mantenimiento de empleos y mejora de su calidad. “Antes de tomar cada decisión hay que saber si es viable y cómo puede y debe hacerse”, explicaron fuentes municipales.

En este sentido, el consistorio, que ya cuenta con informes favorables a las remunicipalizaciones elaborados por técnicos de la casa, ha licitado un contrato de asesoría sobre “el impulso, desarrollo y resolución de aquellas cuestiones prácticas que se plantean en un proceso de internalización de servicios” que incluirá “el acompañamiento durante el proceso efectivo” de remunicipalizaciones que puedan llevarse a cabo en un año.

Las condiciones del contrato, que sale a concurso por 16.500 euros más IVA, incluyen “haber participado en procesos de internalización en entidades locales, así como en procesos de reforma, mejora o diagnóstico de la gestión de servicios públicos”, y contar con personal con perfil jurídico y económico, ya que una de las claves es determinar las fórmulas mercantiles susceptibles de aplicación.

¿Es lesivo pagar 2,1 millones en despidos de una empresa?

El bus urbano genera otro foco de enfrentamiento entre PSOE y ZeC, que impulsó el inicio de un proceso contencioso para determinar si la decisión del anterior equipo de gobierno de pagar los 153 despidos -1,9 millones de las indemnizaciones por los ceses, 180.000 de la sanción que la Inspección de Trabajo impuso a Auzsa por saltarse los preavisos y 190.000 de la minuta de los abogados- resultó lesiva para los intereses municipales.

La Audiencia considera que no lo fueron, aunque admite la existencia de “un problema interpretativo” sobre la ejecución de la contrata porque, tras recortar los kilómetros anuales de servicio del anterior contrato, “no se especificó de forma explícita quien debía asumir el coste que conllevaba el asumir el excedente de personal para la nueva concesión”.

Pérez Anadón, que reclamó explicaciones a ZeC, y especialmente a Cubero, mostró su intención de “tratar estos temas en la primera reunión” sobre la futura gobernabilidad del consistorio que las dos formaciones prevén mantener este curso. “Si no las dan asumiremos qué relación quieren tener con el PSOE”, añadió.