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El juez Ruz cita a Esperanza Aguirre como testigo por el 'caso Gürtel'

Quiere que aclare si prohibió a su consejero Alberto López Viejo, imputado en la causa, contratar con empresas de la trama liderada por Francisco Correa. La expresidenta madrileña dice en twitter que estará encantada de cola

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado citar a declarar como testigo en el 'caso Gürtel' a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El instructor cree 'útil, necesario e idóneo' que aclare su papel en determinadas contrataciones verificadas por su consejero Alberto López Viejo, imputado en la causa, con empresas vinculadas a la trama mafiosa liderada por Francisco Correa.

En un auto, el juez explica que no tiene 'indicio alguno' de la participación de Aguirre en la 'irregular operativa de contratación' llevada a cabo por la Comunidad de Madrid en relación con las empresas de la trama Gürtel. Pero sí considera que la declaración de Aguirre como testigo es pertinente para saber si prohibió a López Viejo la contratación de actos y eventos con empresas vinculadas a la trama, y en concreto con la mercantil Easy Concept.

El juez da a Aguirre la opción de declarar por escrito, dado que los hechos investigados se produjeron cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid (cargo que tiene esa prerrogativa), aunque también puede acudir en persona a la sede de la Audiencia Nacional de la calle Prim, cosa que deberá notificar en los próximos días.

Minutos después de conocer su citación, Aguirre ha utilizado la red social Twitter para manifestar su primera impresión: 'Estaré encantada de colaborar con la Justicia para que se depuren todas las responsabilidades en el Caso Gürtel'.

La Fiscalía Anticorrupcion se opuso a esta citación, pero el juez considera que, 'sin perjuicio de compartirse con el ministerio fiscal que de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de la señora Aguirre en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid', su declaración resulta 'necesaria, útil e idónea'.

Ello porque, prosigue en el auto, 'se podrá incidir en la supuesta instrucción o indicación que el imputado López Viejo habría recibido por parte de la señora Aguirre de prohibición de contratación de actos y eventos con la mercantil Easy Concept'.

Ruz sostiene que López Viejo, exviceconsejero de Presidencia y posteriormente consejero de Cultura y Deportes, habría recibido 'cuantiosos pagos' del entorno de Correa 'como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid'.

El también exconsejero de Deportes -imputado de prevaricación, cohecho, malversación y delito fiscal- habría conocido las prácticas que se hacían en el gobierno regional para fraccionar los contratos y amañar concursos con la concurrencia de diferencias empresas vinculadas todas a Correa, a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5 por ciento.

El juez sostiene que López Viejo intermedió para contratar 'no de forma directa con sociedades vinculadas a la organización de Francisco Correa, sino a través de sociedades pantalla o velo, para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios'. Indica que 'todos los testigos que han declarado sobre los hechos a los que afectaría la diligencia solicitada han coincidido en atribuir fundamentalmente a López Viejo la selección indiciariamente irregular de las empresas y el seguimiento de su pago'.

El magistrado recuerda que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) constata la existencia en Madrid 'de un operativo de contratación pública llevado a cabo por diferentes entidades y consejerías que se habría apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia'.

Según el informe, la Comunidad llegó a fraccionar 104 contratos de hasta 12.000 euros, por un total de 3,1 millones, para evitar su publicidad, y luego las empresas de Correa emitían facturas por importe inferior al dinero que recibían del gobierno regional, cuya diferencia 'era el beneficio que se obtenía por sus servicios de intermediación'.