SANTIAGO.— El Ayuntamiento de Santiago calcula que tendrá que pagar alrededor de 3,5 millones de euros para cumplir con los pagos a los que le obligan varias sentencias derivadas de otros tantos casos judiciales iniciados durante los gobiernos del PSOE y el PP. De esa cantidad, unos 500.000 euros corresponden a los intereses de mora derivados de uno solo de esos asuntos.

El pleno del Ayuntamiento, que preside Martiño Noriega, de Compostela Aberta —la marca con la que En Marea ganó las municipales del 2015 en la capital gallega—, tuvo que aprobar este miércoles una modificación presupuestaria de casi un millón de euros para hacer frente a tres de esos fallos. Lo hizo en solitario con sus votos y la abstención del populares, socialistas y el BNG.

El expediente más oneroso se refiere a la reclamación de la empresa Extraco Construccions e Proxectos, que inició el proyecto del parque comarcal de bomberos de la ciudad bajo el mandato del socialista Xosé Sánchez Bugallo. La obra, cuyo coste inicial fue tasado en 1,8 millones, fue paralizada ante el enorme desfase presupuestario en el que se estaba incurriendo y cuando la firma ya había recibido pagos por valor de 900.000 euros. “Y eso que sólo hay un esqueleto de edificio”, ilustra Noriega.

El TSXG confirmó el fallo de primera instancia, que obliga ahora al Ayuntamiento a abonar a la constructora cerca de un millón y medio de euros 

El Ayuntamiento de Bugallo acordó en 2008 con Extraco liquidar todo el asunto certificando la obra y reconociendo una deuda de algo más de un millón de euros añadidos, para cubrir el supuesto exceso de gasto. Pero no pagó. Y tampoco lo hizo en los años posteriores bajo los gobiernos de los populares Gerardo Conde Roa, Ángel Currás y Agustín Hernández. En julio pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó el fallo de primera instancia, que obliga ahora al Ayuntamiento a abonar a la constructora 1.018.000 euros más otra cantidad que, según fuentes municipales, puede alcanzar el medio millón de euros entre intereses de mora y la liquidación del IVA, que Extraco también reclama.

El segundo caso se refiere al pago de 135.589,50 euros por el servicio de transporte urbano, que gestiona la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las firmas Autobuses Urbanos de Lugo y Trapsa, del año 2008. La UTE reclamó esa cantidad por un error en el cálculo del coste del combustible: el Ayuntamiento le abonaba los repostajes en función del precio medio establecido por el Ministerio de Industria, a pesar de que el contrato del servicio establecía que debería hacerlo en función de las correspondientes facturas presentadas. La misma UTE había ganado “procesos judiciales idénticos”, según el Ayuntamiento, en los años 2007, 2009, 2010 y 2011, que suman 485.000 euros. Y está a la espera de los fallo sobre sus demandas de los años 2012, 2013 y 2014, que engordarían la deuda en otros 400.000 euros más.

En cuanto a la tercera sentencia afectada por la modificación de crédito, tiene que ver curiosamente con un tercero implicado en los casos anteriores: el despacho de abogados con el que el Gobierno local tiene contratado el servicio de asesoría jurídica desde el mandato de Bugallo. El convenio de externalización establece una “tarifa plana”, en palabras de Noriega, de 102.000 euros anuales, que no cubre, sin embargo, las minutas superiores a 3.000 euros. El bufete exigió el pago de otros 112.381 euros y los jueces le han dado la razón.

El gasto medio en asesoría jurídica está costando realmente 250.000 euros al año a los compostelanos

El alcalde de En Marea explica que pese a que el contrato con ese despacho, a la vez cliente y acreedor, parte y contraparte, sea de 102.000 euros anuales, el gasto medio en asesoría jurídica está costando realmente 250.000 euros al año a los compostelanos, lo que justifica su decisión de crear un servicio propio de letrados municipales. “En los últimos seis años siempre se facturaron trabajos fuera de esa tarifa plana”, recuerda.

“Este es el legado de los que presumen de ser buenos gestores”, ironiza el regidor santiagués, que responde con un expresivo “¡Buff!” cuando se le pregunta cuántas sentencias contrarias a los intereses de la ciudad le han caído este año. ¿Decenas? ¿Centenares? “Muchísimas”, responde. “Estamos haciendo un inventario, algunas son de carácter económico, pero también hay otras que obligan a reprivatizar servicios o a licitarlos de nuevo, con los costes de personal, tiempo y administración que eso supone”, advierte.

La cantidad que Noriega estima que habrá que pagar representa alrededor del 3,5% del presupuesto municipal, que ronda los 100 millones. Parte de esa cantidad estaba provisionada al tratarse de juicios perdidos en primera instancia y luego recurridos, pero el alcalde no descarta que en el futuro haya que echar mano de nuevas modificaciones de crédito que resten capacidad inversora en otros capítulos de gasto.

La cantidad que Noriega estima que habrá que pagar representa alrededor del 3,5% del presupuesto municipal, que ronda los 100 millones

Además de las ya citadas, en el inventario de sentencias que está elaborando el equipo de Noriega figuran otras como las siguientes:
- Devolución de 400.000 euros a dos inmobiliarias por el retraso del Ayuntamiento en más de cinco años en llevar a cabo la urbanización de la zona del Castiñeiriño.
- Anulación de la adjudicación del servicio de ORA y grúa porque la firma beneficiaria no cumplía el pliego de condiciones.
- Anulación de la adjudicación de las escuelas infantiles municipales porque una de las empresas fue excluida sin motivo del proceso.
- Anulación de la adjudicación del servicio de telecomunicaciones por la exclusión de Telefónica del concurso sin motivo justificado.
- Inadmisión a trámite de cuatro recursos del Ayuntamiento contra resoluciones del Jurado de Expropiaciones de Galicia por expropiaciones forzosas para el proyecto de construcción de un ascensor para salvar el desnivel de una calle de la ciudad (la rúa Triacastela). Las sentencias recalcan que el Ayuntamiento estuvo mal representado porque ni siquiera presentó la documentación necesaria para el caso. Como consecuencia, los contribuyentes tendrán que asumir un sobrecoste porque habrá que pagar esas expropiaciones a 360 euros el metro cuadrado, es decir seis veces más que el precio estimado por los técnicos municipales.
- Readmisión o indemnización de tres trabajadores de personal eventual de confianza contratados por el Partido Popular.