Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del eventual referéndum del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las llamadas "leyes de desconexión", prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.

Según han explicado ambas formaciones en una rueda de prensa en el Parlament, la ley pretende dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del 'sí', por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes, tras las cuales se aprobaría una "constitución catalana".

En la rueda de prensa de esta misma mañana, el presidente de JxSí, Lluís Corominas, ha afirmado que con esta ley busca garantizar "la seguridad jurídica que queremos que haya en todo momento en este proceso y la transparencia". Junto con él, han estado en la rueda de presa el diputado de su grupo Jordi Orobitg y los diputados de la CUP Benet Salellas y Gabriela Serra. 

Además, ha señalado que a 35 días de la votación es un "periodo suficientemente largo de tiempo el ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto, sea 'sí' o 'no'". 

Corominas ha criticado a los que han intentado que el pacto entre las fuerzas independentistas "encallase" y ha destacado que este lunes pueden anunciar el acuerdo en el contenido de la norma y en el periodo de su aprobación.

El diputado de la CUP en el Parlament, Benet Salellas, ha señalado que la aprobación de la Ley supone "el fin del procesismo" que concluirá "de forma definitiva" si gana el 'sí' en el referéndum.

Los grupos independentistas defienden que lo que dará mayor legitimidad al 1-O será precisamente la participación, defendiendo que cuanta más gente acuda a las urnas, más valor tendrá el resultado.

A lo largo de este lunes, están dando a conocer las diferentes partes del texto normativo. 

La nacionalidad catalana permitirá mantener la española

La proposición de ley para la "desconexión" con el Estado cuenta con 89 artículos y tres disposiciones finales, una de ellas de suspensión, de manera que tras su aprobación la ley no entraría en vigor a no ser que gane el 'sí' a la independencia en el referéndum previsto para el 1-O.

En los detalles a los periodistas del texto normativo, las formaciones políticas han explicado que la obtención de la nacionalidad catalana en caso de independencia "no exige la renuncia de la nacionalidad española".

Además, señalan que el artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Catalunya a fecha 31 de diciembre de 2016.

Junts pel Sí y la CUP no han entregado el borrador de la ley antes de la rueda de prensa y no han permitido hacer preguntas de contenido hasta después de la comparecencia, en donde en una sala sin cámaras se están ya dando detalles a los periodistas de todo el texto normativo.

Su aprobación requiere unas 3/5 partes del Parlament

La ley de transitoriedad jurídica incluye que su aprobación requiera una mayoría de 3/5 partes del Parlamento catalán en primera vuelta (menos de lo que se exigía para aprobar el Estatuto de autonomía). En la segunda votación sería suficiente con la mayoría absoluta.

Como hay 135 diputados, el texto requería 81 votos en la primera vuelta, menos que los que se requería para aprobar el Estatut, que exigía el voto favorable de 2/3 partes del hemiciclo, es decir, 90 diputados.

Si gana el 'sí' en el referéndum previsto para el 1-O, se abrirá un proceso constituyente "democrático, de base ciudadana, participativo y vinculante" que siente las bases de una constitución.

Se haría en tres fases: proceso participativo; elecciones constituyentes y propuesta de constitución por parte de una asamblea constituyente elegida en unas elecciones constituyentes; y ratificar el texto por referéndum.

Se proclamará un presidente de la república

La ley de transitoriedad también prevé que se proclame un presidente de la república, ya que si gana el 'sí' en el referéndum se proclamaría una república, aunque la norma no define si el jefe del Estado asumirá además ese papel. "Será el proceso constituyente el que definirá si es el presidente de la Generalitat es también el de la república", ha dicho el diputado de la CUP Benet Salellas.

También se ha referido al proceso constituyente que se abrirá al día siguiente del referéndum si gana el 'sí': duraría seis meses, tras los cuales se convocarían unas elecciones constituyentes.

De esas elecciones saldría una asamblea constituyente, que haría las veces de Parlament para definir la nueva constitución recogiendo las aportaciones del proceso constituyente en un documento que debería ser refrendado.

Después, se prevén unas nuevas elecciones, republicanas, en las que se escogería nuevo gobierno, cuyo presidente de la Generalitat debería ser un diputado del Parlament elegido electoralmente.

Así, los catalanes "serán llamados a las urnas para votar tres veces hasta estar al 100%" desde el referéndum del 1-O hasta las primeras elecciones de una república catalana.

Los dos grupos han explicado que la ley de transitoriedad no explicita un tiempo máximo para abordar el proceso constituyente, pero los grupos independentistas se dan un máximo de un año.

Seis meses de proceso constituyente

Durante los seis meses previstos para el proceso constituyente, el Gobierno catalán crearía un consejo asesor de expertos académicos a nivel nacional e internacional y un Foro Social Constituyente, que propondría una serie de preguntas que la ciudadanía conteste a través del proceso participativo para diseñar la constitución.

Terminados los seis meses de deliberaciones, el presidente de la república disolvería el Parlamento catalán y convocaría elecciones constituyentes para formar la asamblea constituyente con el mismo número de miembros que el Parlamento (los 135 diputados).

La ley de transitoriedad fija que la asamblea constituyente recoja lo deliberado en el proceso constituyente para redactar la constitución, con los mismos poderes y asumiendo las funciones y obligaciones del Parlamento, "incluida la elección del presidente".

"Ninguna de las decisiones de la asamblea constituyente, en ejercicio del poder constituyente, será susceptible de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal", explicita la ley, que JxSí y la CUP prevén aprobar antes del 1-O.

Si la ciudadanía ratifica la constitución en referéndum, la asamblea se disuelve y "de forma inmediata se convocan elecciones" para conformar el nuevo sistema institucional tal y como marcara esa nueva carta magna.

Control "total" de las fronteras y la expulsión del Ejército

También prevé que la Generalitat asuma el control "total" de las fronteras y aduanas, así como expulsar al Ejército. Sobre los detalles de cómo se asumirá el control fronterizo, JxSí y la CUP apelan al Gobierno: dicen que ellos han impulsado en el Parlamento catalán la ley de transitoriedad con las bases del corpus jurídico catalán, pero que debe ser el Ejecutivo de Carles Puigdemont el que concrete su aplicación con cinco decretos ley.

Sobre el Ejército, han dicho que "dejará de tener jurisdicción en el territorio catalán" si gana el 'sí' el 1-O, teniendo en cuenta que la ley de transitoriedad solo se activaría entonces. Aun así, han dicho que será una posterior Asamblea Constituyente la que decida si Catalunya tendrá dotación militar.

La Agencia Tributaria dejará de recaudar

Además, se indica que la Agencia Tributaria estatal dejaría de tener la potestad recaudadora en Cataluña tras el referéndum del 1-O si gana el 'sí' ya que la Generalitat tendría toda la autoridad tributaria, aunque sin afectar a las competencias recaudatorias de las administraciones locales.

Sobre cómo la Generalitat recaudaría impuestos o sobre las sanciones que impondría si un ciudadano o empresa se negara a contribuir al sistema tributario catalán, el diputado de la CUP Benet Salellas ha aclarado que será el futuro Gobierno catalán quien busque la manera de llevarlo a cabo: "Son funciones del Ejecutivo".

La norma tampoco incluye una disposición específica sobre qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña: sus relatores aclaran que será una parte fundamental de la negociación con el Ejecutivo estatal, si el 'sí' gana el 1-O. "Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda", ha advertido Salellas en un encuentro con periodistas para explicar detalles de la norma.

Amnistía a los condenados por el proceso soberanista

El proyecto también contempla la amnistía a los condenados o investigados por el proceso soberanista, además de que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado, y permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.

Según la norma, que ha sido explicada hoy ante los medios, el título V sobre "Poder Judicial y Administración de la Justicia" afirma: "los jueces y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".