Publicado: 14.11.2016 21:45 |Actualizado: 15.11.2016 07:00

La manga ancha del nuevo fiscal general del Estado con la corrupción policial y la prostitución

Propuesto por el Gobierno de Rajoy para ser el máximo responsable de la acusación pública, José Manuel Maza Martín absolvió a 15 de los 20 condenados, entre ellos un grupo de policías de Barcelona, en una operación contra los puticlubs Saratoga y Riviera.

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El próximo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, durante una de sus calses en la escuela de negocios ESADE. EFE/Toni Albir

El próximo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, durante una de sus calses en la escuela de negocios ESADE. EFE/Toni Albir

@patricialopezl

MADRID-. La propuesta que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy para nombrar como nuevo Fiscal General del Estado al magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza Martín, no está siendo bien recibida ni por círculos judiciales ni policiales. El resumen sería esta frase: "La Justicia en España sólo va a existir para los robaperas". 

Una de las sentencias más polémicas en las que participó en 2015, y que mantienen fresca en la memoria veteranos investigadores, fue la relativa a los macroprostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Saratoga y Riviera: "Tras años de instrucción y una sentencia ejemplar de la Audiencia Provincial llegó el Supremo y absolvió a 15 de los 20 condenados", recuerda esta fuente.  



De cárcel a inhabilitación

La sentencia dictada a finales de septiembre de 2015 por los magistrados del Tribunal Supremo, entre los que se encontraba Maza Martín, echa abajo las 600 páginas redactadas por la Audiencia Provincial de Barcelona en las que se condenaba con penas de hasta seis años a los policías que alertaban a los dueños de Saratoga y Riviera de las inspecciones policiales, dejaban de hacerlas o, directamente, se encargaban de que las administraciones no molestaran sus negocios. 

El ejemplo más significativo de los seis policías que fueron condenados en primera instancia es el del comisario Luis Gómez, que fue jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif). La Audiencia de Barcelona le condenó a seis años de prisión por un delito continuado de soborno y le impuso 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Gómez evitó que se hicieran inspecciones en los dos macroburdeles Riviera y Saratoga -donde algunas de las prostitutas se sospechaba que eran menores y se trataba con mafias de tráfico de mujeres del Este- a cambio de dinero, invitaciones a comidas o estancias en hoteles y también permitió que los dueños de los burdeles pagaran una consulta médica a su hijo, según la sentencia inicial.

Pero la sala del Supremo, donde se encuentran los grandes expertos en Derecho que general jurisprudencia en España como el candidato a nuevo fiscal general del Estado, decidió unánimemente rebajar la pena al comisario al considerar que evitó realizar inspecciones en los macroprostíbulos a cambio de dádivas pero que con esta actuación no realizó "una acción u omisión constitutiva de delito", sino que se abstuvo de realizar unas actuaciones debidas.

Por ejemplo, a pesar de su puesto en la Policía Nacional, Gómez eludió entrar en los clubes para comprobar la presencia de mujeres en situación irregular. Sin embargo, el Tribunal Supremo le libró de la prisión y le condenó a una inhabilitación de tres años y a 12.000 euros de multa. 

Relaciones empresariales

Fuentes judiciales destacan a Público que "las relaciones empresariales del José Manuel Maza, al igual que de otros magistrados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o incluso de la fiscalía son las que provocan un quiebro ético entre el ejercicio de la acusación en defensa de los intereses del Estado y los ciudadanos y los que puedan tener particulares o sociedades que financian esas clases de máster, incluso con los abogados que defienden a empresas y ejecutivos que son investigados. Muchos creemos que la conclusión es que la Justicia en España sólo va a existir para los robaperas". 

Como desveló Público hace unos días, José Manuel Maza Martín es uno de los reclamos más importantes de las diferentes sociedades, fundaciones y universidades que promocionan máster o cursos por importes no aptos para todos los estudiantes y que pueden llegar a los 14.000 euros. 

Entre las empresas con las que trabaja y por las que incluso ha mediado destaca Schola Iuris, Datadiar o la universidad Rey Juan Carlos, como aseguran reputados juristas en sendas denuncias remitidas al Consejo General de Poder Judicial (C.G.P.J.) en 2012 y 2014.