A la hora de la verdad, cuando se trata de aplicar un programa económico neoliberal en Andalucía, Vox, PP y Ciudadanos, más allá de sus cuitas y peleas por el poder, se ponen de acuerdo. Después de que interviniera la patronal andaluza, muy interesada en que el Parlamento convalidara un decreto-ley presentado a toda prisa por el Gobierno de Juanma Moreno que profundiza en la desregulación de la economía andaluza y, con la modificación de varias leyes, liberaliza el comercio y relaja los controles ambientales, Vox, que busca elecciones en Andalucía, ha anunciado que votará que sí.

Con ello, el Ejecutivo evitará una severa derrota parlamentaria, la segunda tras el fiasco de los presupuestos, y aprueba una gran reforma en diversos sectores, que profundiza en las privatizaciones y en una manera liberal de entender el desarrollo, sin trabas para las empresas. Habrá, según han afirmado los sindicatos, con quienes no se ha negociado el decreto, menos controles, más posibilidades para el sector sanitario privado y una liberalización del sector del comercio que, según algunos análisis, podría suponer un serio golpe a los empleos en el comercio minorista.

El presidente defendió esta mañana que el objetivo del Ejecutivo andaluz es que ninguna empresa ni ningún emprendedor desista de invertir en la comunidad andaluza, lo que a su juicio, generará riqueza y progreso porque "la burocracia se lo impida".  "Se trata de facilitar la relación de la Administración andaluza con los administrados y con las empresas", resumió el presidente. Ciudadanos aseguró que se trataba también de allanar el camino a los fondos europeos.

Una "estafa"

Para la oposición, el decreto es una "estafa". La portavoz de Unidas Podemos, Inma Nieto, afirmó que el modo en que el Gobierno lo había tramitado, sin negociar, vía decreto-ley, una fórmula que el Estatuto de Andalucía prevé cuando existen razones de urgencia y que evita numerosos trámites y ahorra meses de trabajo parlamentario, era una "chapuza" y suponía una "falta de respeto" al Parlamento.

"Se llevó al registro de la Cámara sin documentación. Se trajeron dos textos, hasta hoy han estado entrando correcciones y algunos defectos no han logrado subsanarse", dijo Nieto. La portavoz puso en cuestión a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos), y reclamó una "reflexión": "Este proceder desvirtúa nuestro trabajo parlamentario". Sobre el contenido, Nieto manifestó que tenía una clara ideología y que podría causar "destrozos" en el empleo. "Hasta el obispo de Sevilla les ha dicho que dónde van con eso", dijo Nieto. 

El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, tachó de "cacicada" el modo en que Moreno ha impulsado esta norma. "Al final han vuelto a engañar a Vox. Esto nada más que tiene un nombre, una cacicada, que viniendo de ustedes no es de extrañar. Cero diálogo político: no han consultado a la FAMP. Cero diálogo social: no han hablado con los sindicatos. La sociedad civil nos traslada la visión del alcance nefasto de esta norma. No existe justificación para aplicar el artículo 110 del Estatuto, el del decreto-ley, ni urgencia ni necesidad", dijo Jiménez.

"Esto es –agregó Jiménez– pura propagada barata de la fábrica Bendodo [consejero de la Presidencia]. Son ustedes un contacto de riesgo de la extrema derecha: la discusión política y democrática es lo que hace que las leyes sean del pueblo: le hurtan a esta cámara su papel y su lugar".

"Es un decreto que pone en peligro la sostenibilidad medioambiental de Andalucía. Cuando suena el teléfono de las grandes empresas es su prioridad, pero cuando suena el teléfono de cientos de miles de andaluces que piden centros de salud, les importa un pito: así de claro", remachó Jiménez.