El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral de las dos primeras piezas del caso Lezo sobre corrupción en el Canal de Isabel II, en las que sienta en el banquillo a un total de 29 personas, incluido el expresidente madrileño Ignacio González y exdirectivos de la empresa pública de aguas.

En concreto, por la pieza en la que se investiga la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II y el presunto reparto de comisiones derivados de esta operación, en el auto que interesa la apertura del juicio oral, el juez Manuel García Castellón pide, de acuerdo al escrito de acusción de Fiscalía, ocho años de prisión y 19 de inhabilitación para Ignacio González por los delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.

De igual modo, también solicita siete años de cárcel y 16 años de inhabilitación por los mismos delitos para el que fuera la mano derecha de González, Edmundo Rodríguez Sobrino. Junto a ellos, García Castellón incluye a otras cuatro personas, acusadas también de participar en la operación.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal explicaba que el proceso de compra de Emissao se llevó a cabo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre los años 2012 y 2014 y estuvo "plagada de ilicitudes", ya que supuso "una salida indebida de fondos públicos" de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al "sobreprecio pagado en su adquisión".

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional en su auto recuerda que el Ministerio Fiscal solicita que los acusados sean condenados a indemnizar al Canal de Isabel II en la cantidad de 2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, conjunta y solidaria.

Apunta el juez que en diciembre de 2017 con el objetivo de reparar en lo posible el perjuicio causado, el acusado Edmundo Rodríguez Sobrino ingresó en la cuenta de consignaciones judiciales un total de 2,7 millones de dólares; García Arias ingresó 828.000 dólares mas un cheque bancario de 71.000 dólares; en septiembre de 2018 Navarro Pereira entregó cheques bancarios por importe total de 900.000 dólares; y en octubre de 2018 el acusado Sebastio Cristovam realizó las gestiones necesarias ante las autoridades suizas para que desde su cuenta del Royal Bank de Canadá en Ginebra se transfirieran 2 millones de dólares a la cuenta de consignaciones judiciales.

Había un plan para repartir comisiones

Anticorrupción afirma que todo se debió al "plan ideado" por González y por el que fuera su 'mano derecha' y expresidente de Inassa (sociedad con la que se realizaba la política de expansión internacional del Canal), Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro --vinculado a la mercantil Essentium--; el ex gerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, por el que se habrían repartido 5,4 millones de dólares (más de 4,8 millones de euros) en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio.

Para ello, habrían contado con la "colaboración esencial" del propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien incrementó el precio de venta para "facilitar el reparto de los fondos públicos". Por este motivo, se solicitan también seis años y medio de cárcel para Cristovam; mientras que para García Arias y para Navarro interesa dos años de prisión.

En el juicio oral también se sentará en el banquillo la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond al entenderse que "conocía todas las circunstancias" en las que se llevó a cabo la operación de compra y que las "ocultó deliberadamente" a los demás miembros del Consejo de Administración "a fin de conserguir que estos votaran favorablemente, como así hicieron". Por ello, pide la pena de cinco años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos.

Dos exconsejeros de Gallardón, al banquillo de los acusados

Paralelamente, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, acuerda la apertura de juicio oral para la pieza 1 del caso Lezo en la que se investigó la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001. Anticorrupción, en su escrito de acusación de junio de 2019 solicitaba 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, al que el juez García Castellón investigó sin encontrar pruebas de conociera los sobrecostes.

A los dos excosenjeros se les imputa un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación, al igual que a los otros 20 procesados en esta causa, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas así como gestores e intermediarios en la operación, para quienes Fiscalía reclama entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

Una sociedad panameña fue clave

La operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- se enmarca, según el escrito de la Fiscalía, en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.