Un desvío de dinero público millonario y un reparto de comisiones ilegales por valor de 4 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 19 años de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II

La Fiscalía también solicita siete años de cárcel y 16 años de inhabilitación por los mismos delitos para el que fuera la mano derecha de González, Edmundo Rodríguez Sobrino.

La operación "estuvo plagada de ilicitudes" y fue realizada cuando González presidía el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sostiene la Fiscalía.  Y "supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición, de acuerdo con el plan ideado", destaca el escrito del ministerio público. González fue presidente del Canal de Isabel II (2003-2012) y de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015.

En la operación se repartieron 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4 millones de euros- en comisiones ilegales con cargo a este sobreprecio, seg´´un sostiene la Fiscalía.

El plan de la compra y el pacto de reparto de comisiones fue realizado por Ignacio González y Edmundo Rodríguez, así como por Diego Fernando García Arias ‒Director Gerente del área de Nuevos Negocios de Inassa-, Luis Vicente Moro Díaz ‒de la empresa Essentium‒ y Ramón Navarro Pereira ‒Director Gerente de Triple A. Para ello contaron con la colaboración esencial del acusado Sebastiao Cristovam, propietario de Emissao.

La Fiscalía requiere que los acusados sean condenados a indemnizar al Canal de Isabel II con 2.006.717 euros más intereses. Es una cuantía menor a la malversada, porque los acusados han ingresado en la cuenta del juzgado más de 6 millones de euros.

De ellos, 2,7 millones de dólares fueron devueltos por Rodríguez Sobrino e ingresado en la cuenta de consignaciones judiciales y corresponderían a su comisión y a la de Ignacio Gonzalez, " a pesar de que este no dio orden alguna para llevar a cabo dicha consignación, ni la autorizó con posterioridad", explica la Fiscalía.

Atenuante por reparar el daño

Anticorrupción aplica la atenuante de reparación del daño causado en sus peticiones de cárcel contra Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro Pereira y Cristovam.

En cambio, no aplica esta atenuante para el expresidente de la Comunidad de Madrid, María Fernanda Richmond, quien era directora financiera del Canal, ni tampoco para Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta, para el que la Fiscalía 7 años de prisión y 16 de inhabilitación por fraude a la Administración y malversación.

Por su parte, Richmond afronta una petición fiscal de 5 años de cárcel y 12 de inhabilitación por malversación de caudales públicos al ocultar al Consejo de Administración el sobreprecio en la adquisición de Emissao y la precariedad y falta de fiabilidad de esta empresa de la que les había advertido la auditora KPMG.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar a González, Rodríguez Sobrino y otras cuatro personas el pasado mes de noviembre por esta pieza separada que se enmarca en el 'caso Lezo', que estalló en abril de 2017 y supuso la detención del expresidente madrileño. 

Es la segunda pieza de la causa que se manda a juicio, pues también le procesó por la adquisición de la empresa colombiana Inassa. En ese caso, tanto González como el exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón fueron investigados, aunque finalmente el magistrado García Castellón decidió no incluir a ninguno en la causa, en la que sí se procesaron a 14 miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.