Publicado: 11.07.2014 20:06 |Actualizado: 11.07.2014 20:06

El PP contrata al abogado del ERE de Coca-Cola para salvar a Cospedal frente a Bárcenas

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En la sala, un brillante abogado esgrimía sin papeles las razones por las cuales el PP considera que este partido no debe nada a su famoso extesorero; es más "lo que se debía al señor [Luis] Bárcenas está abonado". Incluso defendía el pago en diferido de su indemnización. Y hasta sacaba a relucir un reciente decreto que habría legalizado el hueco legal respecto al pago a Hacienda y la Seguridad Social de una relación de alta dirección sin contrato laboral con una indemnización pagada a plazos, como era el caso.

El abogado no era el habitual del PP en los asuntos legales de este partido en el caso Bárcenas. No se quería identificar al término del juicio, y pedía que fuera tildado sólo como "letrado" de la parte demandada, sin entrar en nombres. El mérito era del equipo. Los periodistas se iban calentando hasta que aclararon quién era: Iván Gayarre, el letrado del fallido ERE de Coca-Cola. Es el vicepresidente del despacho autor de la reforma laboral del PP, Sagardoy Abogados.

El embrollo en el que se enredó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al argumentar el despido ‘en diferido' de Luis Bárcenas ha culminado este viernes en un juicio sobre el despido del extesorero, con la contratación de un despacho de campanillas para desahacer el entuerto.

Gayarre ha sido el encargado de traducir al román paladino las palabras de Cospedal: Bárcenas fue despedido del PP en abril de 2010, coincidiendo con su dimisión como senador. Los pagos posteriores de dinero - de 21.300 euros brutos mensuales- corresponden a un "acuerdo extinto de pago en diferido con simulación de renta". Palabras similares a las que expresó Cospedal en su famosa rueda de prensa del 25 de febrero de 2013.

Este tipo de acuerdos voluntarios -siguió explicando- son una práctica habitual en las relaciones de "alta dirección", como las que Gayarre ha defendido que fue el caso de Bárcenas. La indemnización podría haber pagado de una sola vez, por valor de 719.402 euros, pero se optó por el pago aplazado para evitar problemas al partido y al propio Bárcenas: hubiera originado la visita de inspectores de Hacienda y de Trabajo ya que "no existen contratos firmados" entre el extesorero y el PP.

Un inquisitivo abogado de Bárcenas, Enrique Villegas, replicaba que el PP no había aportado documento alguno que pruebe este supuesto acuerdo de 2010. Es más, si esa "indemnización en diferido" hubiera existido, supondría una "falta muy grave" con posibles responsabilidades de "índole penal" y administrativa por una "cotización irregular" a la Hacienda Pública.

Gayarre, el abogado del PP, aseguró que el acuerdo de pago en diferido finalizó en diciembre de 2012.

¿Y el hecho de que Bárcenas figurara en la nómina del PP en enero de 2013, cuando se filtró a la prensa su famosa contabilidad paralela? Aquí Gayarre atribuyó a un error interno el que fuera incluido como alta en la Seguridad Social a cuenta del PP y con antigüedad del año 1982. En cuanto se detectó, se subsanó el "error", que fue aprovechado por Bárcenas para esta demanda laboral.

Un testigo clave en el juicio ha sido el responsable de Informática del PP, Javier Barrero. Aseguró que Bárcenas tenía un despacho con secretaria hasta enero de 2013, con ordenador de sobremesa, impresora, teléfono fijo con extensión y móvil a cuenta del partido. Es más, también tenía correo electrónico con la extensión @pp.es. 

El informático Barrero atendía a Bárcenas, como al resto de la cúpula popular, e incluso acudió alguna vez a su casa a ayudarle cuanto tenía problemas con los ordenadores. Aquí el letrado del PP le preguntó que cuándo iba a la casa de Bárcenas. Y Barerro reconoció que a la hora de comer.

"Por relación o amistad...", terció Gayarre invitando a la respuesta.

"...No, amistad ninguna", zanjó el informático rápidamente.

"Si tenía correo electrónico, eso ha sido por una deslealtad" de empleados del PP. Así de tajante se mostró el director de la asesoría jurídica del PP, Alberto Durán, en posible alusión, sin citarlo, al departamento de Informática. Para el PP, el despacho de Bárcenas era "un habitáculo" de la tercera planta de la sede central de Génova. Una sala para depositar sus pertenencias personales mientras se defendía de los escándalos de Gürtel que habían estallado.

Durán testificó en sustitución de la tesorera Carmen Navarro, que era realmente la citada. Dijo tener poderes de ella y la jueza, María José Ceballos, le advirtió sobre la posibilidad de incurrir en un "fraude de ley" si negaba los hechos, al tiempo que le reprochaba el "hurtar la declaración" de Navarro en la fase de vista pública.

Durán reconoció al abogado de Bárcenas que conocía el acuerdo de extinción y compensación de la relación del extesorero con el PP. Pero no estuvo presente en la reunión, sino que lo habían adoptado las "altas instancias". Es más, desconocía quién lo había acordado con Bárcenas e, incluso, el día en se había formalizado.

En una pantalla, el afectado Luis Bárcenas asistía en silencio a la vista pública de su despido a través deuna viodeconferencia desde la cárcel de Soto del Real. Bárcenas lo había solicitado él personalmente el pasado miércoles, petición a la que había accedido la jueza Ceballos. El abogado de Bárcenas desconocía que el extesorero del PP había hecho esta solicitud, según fuentes jurídicas.

Por no existir, tampoco existen documentos del pacto: Duran dice que se los pidió a Bárcenas, pero que él respondió que no había papeles, porque "era un acuerdo entre caballeros". Ante su insistencia, él se sintió ofendido en su honor.

¿ Y la cuantía que iba a recibir Bárcenas?, le preguntaba Villegas. Durán sacó el balón fuera y contestó que era la cifra que había dicho el letrado del PP, aunque él no la recordaba exactamente.... Unos 700.000 euros, le apuntó Gayarre.

Villegas volvió a la carga, a cuenta de que ni siquiera recordara la cifra. Y el director de la asesoría jurídica popular respondió: "yo no he venido a examinarme de matemáticas". Entonces la jueza Ceballos salió al quite y terció: ya le había dicho que 700.000 euros.

"¿El PP cotizó a la Seguridad Social por Bárcenas cuando no tenían por qué hacerlo?", preguntó Villegas.

"Me está preguntando por un tema jurídico. Eso lo arreglaron los asesores que tenían cada una de las partes. Afortunadamente se pagaron esas cotizaciones. Si nos hemos equivocado y hemos pagado de más es un error que habrá ingresado a las arcas públicas", contestó Durán.

"¿Pero es usted el director jurídico? Le estoy preguntando por una cuestión jurídica...", inquirió Villegas.

Durán respondió que no acudía a declarar como especialista jurídico, mientras la jueza, de nuevo, volvía a terciar para zanjar el asunto.

El abogado de Bárcenas preguntó que cómo era posible que, si no existía contrato, el PP pagar una "asistencia sanitaria" privada de Bárcenas. Y Durán reconoció que la famosa "indemnización en diferido" también incluía ese "pago en especie".

El PP admitió que pagaron 200.000 euros de más a Bárcenas respecto al acuerdo que alcanzaron. La razón: no se tuvo en cuenta que en 1987 cesó su relación laboral con el partido, ni el tiempo en que ejerció de senador. "Puede que pagáramos de más, pero eso no es delito", apostilló Durán.

El letrado Gayarre incidió que existió un acuerdo en 2010 para una indemnización pactada de 719.502 euros brutos. De este dinero, se retuvo a Hacienda 295.000 euros. Si se hubiera pagado la indemnización de golpe, la retención habría ascendido a 302.000 euros a pagar al fisco.

Ese dinero ya lo percibió Bárcenas, quien sólo ocupó cargos de alta dirección -nombrado por el presidente o el secretario general cuando eran elegidos en los sucesivos congresos populares-, cargos que suponen un nombramiento de confianza, pero no un contrato laboral: "Lo que se debía al señor Bárcenas está abonado", destacó el letrado.

El juicio por despido de Luis Bárcenas quedó este viernes visto para sentencia. El extesorero insiste en reclamar 905.353 euros por su despido tras no lograr un acuerdo con el PP. E insiste que si hubiera existido un pacto en 2010, éste se hubiera sustanciado en un documento. El PP no ha podido documentar este acuerdo.