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La primera alianza de izquierdas intensifica la agenda social en Aragón

El visto bueno del Consejo Ciudadano de Aragón a los primeros Presupuestos del Gobierno de Javier Lambán (PSOE-Cha) permitirá desplegar un abanico de iniciativas en materias como dependencia, ayuda domiciliaria, empleo, juventud, sanidad y cooperación al desarrollo, a la espera de que en cuatro meses entre en vigor la renta social básica

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y su consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto.

EDUARDO BAYONA

@e_bayona

ZARAGOZA .- El visto bueno que a última hora de este martes dio el Consejo Ciudadano de Podemos en Aragón a los Presupuestos del Gobierno PSOE-Cha en Aragón, los primeros apoyados por una alianza de partidos de izquierdas y rechazados por todo el centro-derecha en los más de treinta años de historia de la comunidad, intensificará la agenda social que el Ejecutivo y sus socios de referencia –IU y la formación morada- han puesto en marcha en los primeros meses de la legislatura.

El principal escollo para esas cuentas se encontraba en la ampliación del IAI (Ingreso Social de Inserción, un salario social). Podemos condicionó hace unos días su apoyo a que fuera ampliada su dotación de manera que alcanzara el Salario Mínimo Interprofesional -655,20 euros-, medida que, según algunas fuentes, suponía mover alrededor de 17 millones del Presupuesto. Finalmente, el PSOE sacó adelante una enmienda que permitirá aplicar esa cuantía en dos casos: para unidades familiares de tres miembros y para las de dos que paguen alquiler de vivienda.

“No votamos que sí a los Presupuestos por la actitud del ejecutivo, sino por los datos objetivos, que hablan de una modesta mejora en la inversión social”, señaló el portavoz del Consejo Ciudadano de Pordemos

Tras un intenso debate, el Consejo Ciudadano de Podemos acordó, con un 61,5% de apoyos y un 23,1% en contra, que sus catorce diputados apoyen las cuentas. “No votamos que sí a los Presupuestos por la actitud del ejecutivo, sino por los datos objetivos, que hablan de una modesta mejora en la inversión social”, señaló el portavoz del consejo, Lorién Jiménez, que añadió que “no tendríamos que estar negociando contra la cicatería cuando hablamos de derechos sociales y de la dignidad de la gente, sino que tendríamos que debatir y colaborar hacia grandes acuerdos”.

La decisión llegaba unas horas después de que los morados aprobaran provisionalmente los Presupuestos en la Comisión de Hacienda –el respaldo definitivo estaba condicionado a la decisión de su ejecutiva- y de que el Consejo de Gobierno lanzara el anteproyecto de la Renta Social Básica, una medida incluida por los cuatro partidos de izquierdas en sus acuerdos de investidura de Javier Lambán que, tras pasar por el órgano consultivo en materia de Asuntos Sociales, será remitida a las Cortes el próximo 9 de febrero.

El escollo de la equiparación del salario social al mínimo interprofesional
El desbloqueo de esta medida deja en un segundo plano el IAI, que ahora reciben unas 7.000 familias y que se integrará en la Renta Social junto con las Ayudas a la Integración Familiar. Incluirá dos modalidades: una dirigida a complementar los ingresos de las familias con trabajadores –el IAI los excluye- y otra para las que carecen de ingresos y se encuentran en riesgo de exclusión social.

“Aumentar las ayudas del IAI al salario mínimo de manera indiscriminada entrañaba el riesgo de generar situaciones de injusticia con quienes solo cobran los 655 euros trabajando y, también, de desincentivar la búsqueda de empleo”, señalaron fuentes del Gobierno autonómico

Alcanzará a alrededor de 15.000 hogares y requerirá una dotación de entre 80 y 90 millones y estará aprobada en un plazo de entre tres y cuatro meses. Parte de esos fondos llegarán, vía modificación presupuestaria, de los remanentes del IAI –dotado con 32,5 millones- y de las ayudas familiares -3,5-. El hecho de que vaya a ser configurado como un derecho subjetivo vinculado a la carencia de rentas permitirá completar sus necesidades mediante cambios en el Presupuesto, explicaron fuentes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. La cuantía variará en función del “esfuerzo de integración” del solicitante.

“Aumentar las ayudas del IAI al salario mínimo de manera indiscriminada entrañaba el riesgo de generar situaciones de injusticia con quienes solo cobran los 655 euros trabajando y, también, de desincentivar la búsqueda de empleo”, señalaron fuentes del Gobierno autonómico, que hicieron hincapié en el hecho de que, salvo sorpresa en su tramitación parlamentaria, al salario social le quedan menos de cinco meses de vigencia.

Batería de medidas de PSOE, Cha, Podemos e IU

El visto bueno a los primeros Presupuestos del ejecutivo PSOE-Cha permitirá desarrollar otras medidas de corte social incluidas en ellos, entre las que destacan el aumento de las ayudas a la dependencia, que crecen un 20% para pasar de 62,2 a 77,7 millones; un incremento de la concertación de plazas residenciales, cuya dotación sube un 11%, o la extensión del plan –ahora en fase piloto en dos centros de Barbastro y de Borja- de atención terapéutica a dependientes moderados para evitar que se acentúe el deterioro de sus facultades.

El visto bueno a los primeros Presupuestos del ejecutivo PSOE-Cha permitirá desarrollar otras medidas de corte social incluidas en ellos, entre las que destacan el aumento de las ayudas a la dependencia, que crecen un 20% para pasar de 62,2 a 77,7 millones

Las cuentas autonómicas del 2016 también prevén que el Gobierno pase a financiar los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio en Zaragoza y en las comarcas, lo que permitirá liberar recursos de esas administraciones. Los Presupuestos y su Ley de Acompañamiento que el jueves aprobarán las Cortes de Aragón incluyen, tras incorporarlas por la vía de las enmiendas, iniciativas como el impuesto a la captación de depósitos bancarios (IU), que aumentará los ingresos de las arcas autonómicas entre cinco y diez millones al año.

Empresas con más de un 20% de temporales: sin subvenciones

Izquierda Unida ha obtenido apoyo para crear un plan de fomento de la igualdad en el ámbito laboral (100.000 euros) y otro de empleo para parados en situación de exclusión social (500.000), para aumentar la dotación para las casas de acogida de mujeres maltratadas (100.000) y para varias propuestas en materia de Juventus (700.000).

También logró que las empresas cuyas plantillas superen el 20% de temporalidad no puedan recibir subvenciones y que los fondos del Programa de Fomento del Empleo sean ampliables “para atender las necesidades de las políticas activas de empleo en función de la situación del mercado de trabajo de Aragón”.

Podemos, por su parte, consiguió respaldo, además de esa ampliación de última hora del salario social y un aumento del 4% mensual de las ayudas, para propuestas como aumentar en 277.000 euros la dotación de 2,5 millones para las ayudas al desarrollo y elevar en 1,76 millones varias partidas sanitarias, entre ellas el aumento de plazas hospitalarias en Zaragoza.

Recuperar el Estado del bienestar y los servicios públicos

Antes de la aprobación de estos primeros presupuestos, el ejecutivo había ido poniendo en marcha medidas destinadas a recuperar la maltrecha situación del Estado del bienestar (https://www.publico.es/politica/del-bienestar-resucita-aragon.html ) tras cuatro años de gobierno PP-Par y el tramo final del PSOE-Par desde el inicio de la crisis. En esa línea de trabajo se enmarcan la reforma fiscal (https://www.publico.es/politica/aragon-sube-impuestos-ricos-y.html ), que permitirá aumentar en cien millones al año los ingresos de la comunidad; medidas en materia de vivienda, algunas de ellas aplicadas en coordinación con el Ayuntamiento de la capital, y el llamado decreto de emergencia, centrado en el capítulo habitacional y en la pobreza energética.

En este sentido, el Gobierno autonómico suscribió hace unos días con Endesa, la principal empresa de suministro de gas y electricidad en Aragón, y con la Federación de Municipios un convenio para evitar cortes, o garantizar la reanudación del servicios, en casos de impago de familias en riesgo de exclusión social que tengan derecho a recibir ayudas públicas para cubrir necesidades básicas de subsistencia.

El Presupuesto “contempla como prioridad todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y la recuperación de los servicios públicos”, sostiene Lambán.

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