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Prisión permanente revisable Catalá quiere "atender la demanda social" con la prisión permanente revisable, pero niega que sea "electoralista"

El ministro de Justicia asegura que el 80% de los españoles están de acuerdo con la medida que el Gobierno ampliará con los delitos cometidos por violadores en serie, asesinos que oculten los cadávares o pirómanos que causen muerte.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (d), durante la rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión hoy del Consejo de Ministros. EFE/Juan Carlos Hidalgo

"No es una medida electoralista" pero sí se hace para "atender la demanda social". El Gobierno de Mariano Rajoy no sabe ya cómo justificar su nuevo impulso a la prisión permanente revisable que, en la última semana se ha convertido en un esfuerzo no sólo de intentar que se derogue y diferenciarse de Ciudadanos, sino de endurecerla.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha ofrecido hoy un nuevo argumento: "Derogarla nos convertiría en una isla en Europa", aseguró tras afirmar que casi todos los países de la UE cuentan con la prisión permanente revisable en sus legislaciones e, incluso, con muchos más delitos que los que incluye la española. 

El sucesor de Alberto Ruiz-Gallardón -quien impulsó esta medida en 2015- defendió que la norma original había sido "prudente y coherente", dado que se aplicaba a sólo ocho delitos "muy graves" y contaba "con todos los avales jurídicos y legales". Catalá negó que haya sido el Gobierno quien ha vuelto a poner este tema en la agenda informativa -sino la oposición, al pedir su derogación-, pero sí aprovechó para luchar contra la imagen inmovilista de Rajoy y fortalecer la de un Ejecutivo que se mueve y legisla.

Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, además de la reforma de las condiciones de rescate de los planes de pensiones privados que anunció Rajoy ayer, el anteproyecto de ley de reforma de la prisión permanente revisable que incluye cinco supuestos más que, desde que se apruebe en el Parlamento -si logran convencer a la oposición- estarán sujetos a esa pena.

Se trata de los violadores en serie que, tras cumplir penas por dos delitos sexuales, reincidan en un tercero; los asesinos que hayan secuestrado a sus víctimas; los que -como en el caso de Diana Quer- oculten su cadáver provocando "daño adicional y humillación" a los familiares; los que violen a un menor tras privarle de libertad o torturarle; o los pirómanos o todos aquellos que atenten contra infraestructuras -como carreteras, por ejemplo- que causen muertes. En este último caso están incluidos los que causen graves estragos liberando energía nuclear, por ejemplo. En ningún caso se aplicaría de forma retroactiva, por lo que el caso de Marta del Castillo quedaría fuera.

"Ya veremos qué sucede en el trámite parlamentario, pero cuando tomamos una iniciativa es para que llegue a buen fin", se mostró confiado Catalá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Confiamos en que los grupos ejerzan su principal función: representar a los ciudadanos", espetó tras dar por hecho que "el 80% de los españoles consideran que debe existir una pena muy grave para delitos gravísimos". No obstante, se mostró dispuesto a "dialogar" sobre los plazos de revisión de la norma con el fin de facilitar el acuerdo, siempre que no se "desnaturalice" la medida.

Catalá incurrió en graves contradicciones a la hora de defender su propuesta. Por un lado, alabó que otros países como Francia y Alemania incluyan los delitos de rebelión, sedición o alta traición al Estado entre los penados con prisión permanente revisable, pero negó que sea intención del Gobierno copiar su modelo. "No queremos entrar en debates que generarían una polémica adicional", reconoció. 

Sin embargo, sí defendió la propuesta que el Grupo Popular ha llevado esta semana al Congreso para impedir que este tipo de delitos -penados ya con hasta 40 años de cárcel en el ordenamiento español- no puedan ser indultados. "No creemos que haga falta subir las penas -con la permanente revisable-, pero sí son delitos muy graves que no deberían ser objeto nunca de indulto", zanjó. Ello afectaría, por ejemplo, de ser condenados, a Oriol Junqueras o Carles Puigdemont -si vuelve a España y es juzgado-.

De Catalunya fue el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, quien valoró la situación. Así, intentó ridiculizar la propuesta para que el president cesado sea investido simbólicamente en Bruselas ("Son piruetas que no tienen ninguna base legal ni jurídica y perturban la credibilidad de las instituciones catalanas", dijo) y, sin querer opinar sobre la hipotética candidata a presidenta de la Generalitat Elsa Artadi, dejó el desbloqueo en manos de Roger Torrent.

El ministro de Educación volvió a instar a Inés Arrimadas (Ciudadanos) a presentarse a la investidura para forzar que echen a correr los tiempos, pero también auguró que será el presidente del Parlament quien vuelva a reunir a los grupos para buscar soluciones al informe de los letrados que deja en stand by la situación.

De no hacerlo, el Ejecutivo mantiene su postura habitual. "Si los independentistas no se ponen de acuerdo, habrá bloqueo en Catalunya sine die y seguirá el 155 sine die", concluyen en Moncloa.