En un plazo máximo de algo más de tres meses, Catalunya contará muy probablemente con una nueva regulación sobre las viviendas de uso turístico (HUT, por sus siglas en catalán), pero será bastante menos ambiciosa de lo que pretendía el Govern. A principios de noviembre el ejecutivo de Pere Aragonès aprobó un decreto sobre los pisos turísticos que, entre otras cuestiones, establecía un tope máximo de establecimientos de este tipo, pero la más que segura derrota parlamentaria de la propuesta -tanto Junts como el PSC se oponían a ella tal como estaba redactada- ha forzado a ERC a aceptar las demandas de los socialistas y a rebajar el alcance de la regulación.

En concreto, el acuerdo entre PSC y ERC -que se ha cerrado minutos antes de que el decreto se votara en el Parlament-, establece que la normativa pasará a tramitarse como proyecto de ley y que se votará como máximo en el último pleno del Parlament de marzo del 2024. En este plazo, los dos grupos buscarán más apoyos, puesto que suman 66 diputados, es decir, quedan a dos de la mayoría absoluta que garantizaría la aprobación de la legislación.

Además, en el nuevo proyecto desaparece el tope previsto por el Govern -un máximo de 10 HUT por cada 100 habitantes- y serán los ayuntamientos los encargados de decidir en cada caso si quieren fijar o no un límite de pisos turísticos, "de acuerdo con su realidad".

Otro cambio es que la regulación afectará a 140 municipios, y no a los 262 previstos en el decreto aprobado por el ejecutivo. En concreto, solo será de obligado cumplimiento en los municipios definidos como zonas tensionadas con dificultades de acceso a la vivienda. El texto sí contempla acabar con las licencias eternas para HUT para pasarlas a conceder para periodos de cinco años. Ahora bien, este plazo será prorrogable "de forma automática por periodos de igual duración siempre que el planteamiento urbanístico lo permita".

¿Qué defendía el Govern?

Antes de llegar al Parlament, el decreto de regulación de las viviendas de uso turístico había generado un fuerte debate en los municipios afectados, además de provocar el rechazo de las patronales del sector. Las últimas semanas habían aparecido manifiestos a favor y en contra de la regulación, defendiéndola por la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda o criticándola porque ataca la autonomía municipal, en función del caso.

El Govern había aprobado el decreto el 7 de noviembre. A grandes rasgos, la normativa planteada por el ejecutivo implicaba acabar con las licencias eternas de pisos turísticos, puesto que se tendrían que renovar cada cinco años; y fijaba un tope de un máximo de 10 HUT por cada 100 habitantes, lo que de entrada supondría la eliminación de 28.000 establecimientos de este tipo en todo Catalunya -globalmente al conjunto del país hay más de 100.000-.

Básicamente, ahora mismo hay 47 municipios que superan este tope, concentrados fundamentalmente en el litoral o en el Pirineo. Entre otros, tienen más de diez pisos turísticos por cada 100 habitantes las localidades de Roses, con más de 9.000 HUT; Castelló d'Empúries, l'Escala, Begur, Pals, Calonge i Sant Antoni, en la Costa Brava; Naut Aran, la Vall de Boí, Alt Àneu o Alp en el Pirineo; Salou, Cambrils y Mont-roig del Camp en la Costa Daurada; y l'Ametlla de Mar y l'Ampolla en las Terres de l'Ebre.

Manifiestos contrarios

Para la consellera de Territorio, Ester Capella, actualmente la situación de los HUT en Catalunya es una "anomalía" y su falta de regulación está "pervirtiendo" la ley del suelo, retirando viviendas del mercado residencial. "El derecho a la propiedad no es ilimitado, tiene una función social", ha asegurado la consellera en una entrevista en la ACN.

Según ella, las más de 100.000 viviendas de uso turístico que hay en Catalunya tienen una "afectación" sobre la vivienda permanente, especialmente en determinadas zonas donde provocan un "desarraigo" y rompen la "cohesión social".

La voluntad de regulación ha provocado una importante reacción municipal con textos a favor y en contra del decreto. Entre los defensores de la regulación estaba el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. Además, entidades y entes locales del Alt Pirineu i Aran han elaborado un manifiesto para apoyarla. En el texto, denuncian que los HUT se han multiplicado por cuatro en los últimos ocho años y han pasado de 1.298 el 2015 a 4.719 a mediados de 2023.

Y, según el documento, este es uno de los elementos que ha provocado una grave crisis de vivienda en la zona, puesto que cada vez hay menos casas disponibles y las que hay tienen unos precios de alquiler que ya superan el "máximo histórico" o están a punto de hacerlo. Por lo tanto, los municipios del Alt Pirineu i l'Aran que superan el tope de pisos turísticos fijado por el Govern defienden la regulación.

En cambio, Salou (Tarragona) ha impulsado un manifiesto contrario al decreto, que ha recogido el apoyo de unos 30 municipios. En este caso, el texto destaca la importancia de la autonomía local y cuestiona el decreto por invadir las competencias urbanísticas municipales y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y territorios. Las localidades firmantes aseguran que la regulación tendría un impacto económico negativo.

Además de Salou, el texto tiene el apoyo de los ayuntamientos de Alp, l'Ametlla de Mar, Begur, Cadaqués, Calafell, Castell-Platja d'Aro, Deltebre, Espot, l'Escala, Palafrugell, Platja d'Aro, Queralbs, Roses o Tossa de Mar, entre otros.