El rascacielos para uso hotelero y comercial en proyecto en una zona emblemática –en las cercanías del icónico faro, La Farola– del Puerto de Málaga que impulsan, sobre todo, el PP y el Ayuntamiento de la ciudad genera inquietud y desasosiego en amplios sectores sociales –se han recibido 1.382 alegaciones diferentes– y ahonda en un modelo de ciudad que insiste, según alguna escuela de pensamiento, en un uso rentista del suelo y profundiza en el extractivismo del turismo, que deja bajos salarios y condiciones precarias de trabajo.

La obra en cuestión –"un complejo hotelero, turístico, de ocio, recreo y cultural, con 45.000 metros cuadrados y una altura de 35+3 plantas (con categoría cinco estrellas)", según se recoge en la documentación que obra en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, que tiene como uno de sus modelos el hotel W, frente al Mediterráneo, en Barcelona– lleva planificándose desde hace varios años y sus promotores han sido vinculados al dinero catarí, aunque no terminan de estar del todo claros para el Colectivo Ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte.

"El principio es una empresa que se constituye en Marbella, catorce días antes [Andalusian Hospitality II, SL– de presentar la solicitud de concesión en el Puerto. Empresa que dicen que es del entorno catarí, incluso se atreven a vincularla con el emir, y quien dice ser su representante, y que es el que aparece por el Ayuntamiento de Málaga, de vez en cuando, es el antiguo presidente del Real Madrid, Ramón Calderón", afirma Juan Antonio Triviño de Defendamos Nuestro Horizonte. Pero para Triviño, quienes han sido los auténticos promotores son el arquitecto, José Seguí, junto a los políticos gestores del Ayuntamiento, que dirige Francisco De la Torre, y del puerto, en el que hasta 2019 estuvo Paulino Plata.

Este lunes, el Ayuntamiento de Málaga dará previsiblemente, en su comisión de urbanismo, un impulso al proceso administrativo, que ha generado algunas dudas sobre su limpieza: la abogacía del Estado lo cuestionó y esta semana ha habido cierta polémica sobre si ha caducado o no la autorización ambiental que concedió la Junta de Andalucía en 2017, con un Gobierno socialista. El consejero andaluz de la Presidencia en funciones, Elías Bendodo, aseguró que no.

La Ley de Puertos prohíbe los usos hoteleros, pero excepcionalmente los permite, previa autorización del Consejo de Ministros, si se cumplen una serie de requisitos en los planeamientos –es en eso en lo que anda el consistorio–. Así que finalmente, el asunto tendrá que pasar obligatoriamente por la mesa del presidente del Gobierno y su gabinete, porque así lo exige la norma.

Privatización de lo público

Para Triviño el asunto de fondo es que, con este proyecto de un rascacielos de 150 metros de altura, "una zona que es de uso público se privatiza para beneficio directo de vete a saber quién". "Incluso, ya veremos qué negocio, al final, acaban montando. Hay muchos elementos que nos invitan a la duda de si realmente estamos ante una pretendida construcción de un hotel o de otro negocio", añade.

Si los políticos no evitan esa construcción, serán los jueces los quienes la paren. No descartamos nada: la armadura judicial la tenemos preparada. Espero que los políticos promotores recuperen la cordura, rectifiquen y evitemos así un Algarrobico II en la ciudad de Málaga", afirma Triviño.

El supuesto coste de la edificación ha ido in crescendo a lo largo de estos años y ya supera los 200 millones de euros. Aunque de hacerse, presidiría la ciudad, la realidad es que la obra daría la espalda a Málaga, a la mayoría de sus habitantes.

El urbanista Eduardo Serrano considera: "Hay toda una serie de medidas encaminadas a hacer de esta ciudad un lugar de excelencia para un segmento de la población ínfimo: no hay casi nadie en esta ciudad que pueda pagarse una noche en ese hotel en el centro de la bahía o aparcar su embarcación en el puerto para megayates. En definitiva, se pone a la venta el disfrute de lo que esta ciudad ha construido durante siglos, de un bien común, un legado que es para uso y disfrute de toda la población, y que a su vez debe enriquecerse y preservarse para las futuras generaciones".

Ecologistas en Acción, en un comunicado enviado a Público, considera que la obra entra en lo que llaman "paquete de Qatar", presuntos peajes que se pagan a cambio de inversiones millonarias. La organización alerta de que el rascacielos, que tachan de infraestructura "fálica", a la larga, estará "expuesto a las subidas del nivel del mar que se están produciendo año tras año debido al cambio climático".

"Al final –argumenta Ecologistas en Acción– tendremos un edificio en el que habrá que invertir mucho dinero para mantener seca su base, o bien, aceptar que se inundará. Y es que las construcciones en la costa se deben eliminar; medida recogida en los planes de adaptación al cambio climático y tan necesarios para enfrentar las consecuencias de una crisis climática como la actual".

El alcalde De la Torre ha venido defendiendo que el rascacielos tiene "más ventajas que inconvenientes". "[Es] un hotel de gran categoría, con un número importante de habitaciones y con espacio para convenciones y congresos importante, que es un turismo de calidad en la ciudad. La palabra excelencia, calidad, que queremos que acompañe a las acciones de Málaga, no solo en el plano turístico, también en el plano cultural, deportivo, empresarial, tecnológico", aseguró hace unas semanas.

El único grupo municipal que se ha mostrado desde el origen en contra del rascacielos ha sido Unidas Podemos, que esta semana ha reclamado "sensatez" a De la Torre. Para su portavoz, Paqui Macías, el alcalde tiene que "gobernar pensando en la mayoría social y el beneficio de la ciudad", lo cual implica, a su juicio, "rechazar este tipo de proyectos especulativos, aún más si provienen de fondos de inversión de dudosa reputación y solvencia".