Publicado: 02.10.2015 16:48 |Actualizado: 02.10.2015 16:48

La secretaria de Rato y su nuevo testaferro quedan en libertad, imputados por delitos de corrupción

El magistrado de Madrid reclama del Tribunal Supremo que resuelva qué órgano llevará el caso sobre el exvicepresidente económico: si la Audiencia Nacional o el juzgado de instrucción 31 de la capital. A Rato se le investiga por siete delitos.

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MADRID.- La secretaria de toda la vida de Rodrigo Rato, Teresa Arellano Carpintero, y su gerente de confianza, Miguel Ángel Montero, han quedado este viernes en libertad con la medida cautelar de comparecer una vez al mes en el juzgado, tras declarar ante el juez de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal.

Ambos han quedado en libertad y habrían quedado imputados por delito fiscal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, informa Efe.

Arellano y Montero fueron detenidos el pasado miércoles por la Guardia Civil y habrían cooperado en la investigaciones sobre la investigación abierta contra el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia y que se centra en siete delitos: cinco fiscales, blanqueo de capitales y, desde este jueves, corrupción entre particulares.

Tanto Arellano como Montero habían permanecido desde el miércoles en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). El jueves, el juez, Antonio Serrano-Artal, interrogó a directivos de las empresas Zenith y Publicis, que se vieron beneficiadas con contratos millonarios de publicidad de Bankia en 2012, con Rato como presidente.

Además, el juez Serrano-Artal se ha dirigido al Tribunal Supremo para que resuelva qué órgano judicial debe instruir el 'caso Rato: si la Audiencia Nacional, como el juez sostiene y la propia Fiscalía, o el juzgado de instrucción de Madrid.

La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente, al entender que Rato pudo incurrir en un supuesto delito de autoblanqueo de capitales por importe de 6,5 millones de euros a través de su empresa Kradonara, que recibió ingresos de un paraíso fiscal y que realizó inversiones en Berlín.

El Tribunal Supremo deberá resolver ahora este conflicto, denominado conflicto de competencia negativa, para acordar qué juzgado es el competente: si un juzgado central de instrucción o el juez de Madrid.

Nueve imputados


El juez ha interrogado este viernes al supuesto testaferro de Rato durante hora y media y, después, a la secretaria personal durante otra hora adicional. Horas antes, Rodrigo Rato compareció ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para dar explicaciones sobre el nuevo delito que se le imputa: el de corrupción entre particulares.

El expresidente de Bankia fue interrogado por los pagos de 833.000 euros recibidos en una de sus sociedades, Kradonara 2001, por el empresario Alberto Portuondo, que se encuentra en prisión preventiva desde mediados de agosto por blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

En su momento, Portuondo reconoció ante el juez que, en tiempos de Rato al frente de Bankia, asesoraba a los responsables del banco que resolvían las adjudicaciones de los contratos de publicidad. Eran asesorías verbales, al parecer.

Y en esa misma época, Portuondo ingresó cerca de dos millones de euros de las empresas Zenith y Publicis, las mismas que ganaron el multimillonario concurso de publicidad para dar a conocer el lanzamiento de Bankia y su posterior salto al parqué.

Los investigadores piensan que parte de ese dinero, 833.000 euros, acabó llegando a Rato a través de los pagos que Portuondo hacia a Kradonara, a razón de unos 40.000 euros mensuales durante los años 2011 y 2012.

Fuentes jurídicas insisten en que la relación entre la firma de Rato y la de su supuesto testaferro era "totalmente profesional y duró años", además de que está perfectamente documentada y el juez tiene ya pruebas de ello. Aún así Rato tuvo que dar el jueves explicaciones a la Guardia Civil durante una declaración breve, tras la cual pudo regresar a su casa.

En este procedimiento hay ya nueve imputados: el propio Rato, el empresario Alberto Portuondo, el abogado Domingo Plaza, el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero, la secretaria Teresa Arellano y otras cuatro personas que estarían relacionadas con las compañías Publicis y Zenith.