La comisión negociadora del CGPJ, entre el sector conservador y el progresista, para la designación de dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC) ha concluido este miércoles sin acuerdo, ante la negativa de los conservadores a proponer un candidato. La próxima reunión será el día 13 de octubre. 

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ya adelantó que su dimisión se produciría si no había avance entre el Gobierno y el PP para la renovación del órgano del gobierno de los jueces, pero no antes de que se logre la renovación del TC. Un tercio de los magistrados del tribunal de garantías está en funciones desde el pasado mes de junio y es competencia del CGPJ designar a dos de los magistrados y al Ejecutivo, a otros dos. 

Los conservadores del CGPJ han informado de que aún no disponen de candidato. Los progresistas ya pusieron sobre la mesa una lista de nueve candidatos, pero el sector conservador indica que su búsqueda de candidatos  "ha resultado infructuosa" hasta en tres ocasiones. 

El sector progresista, en minoría, ya ha reducido su lista de candidatos a tres y podría llegar al candidato definitivo en la próxima cita, según informan fuentes del sector a este diario. 

Respecto a la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a España la semana pasada, que fue usada de excusa por los conservadores para postergar aún más la obligación de renovar el TC, ha salido a colación durante la reunión de este miércoles. El sector conservador, representado por los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, ha argumentado que la visita "es tan reciente que hay que dar tiempo para que rinda, sin duda, los efectos que todos esperamos". 

Los conservadores han alertado de "la agravación de la precaria situación del Tribunal Supremo, de no mediar antes sentencia del Tribunal Constitucional", que tiene pendiente resolver el recurso de Vox y PP contra la reforma que prohíbe realizar nombramientos en la cúpula judicial cuando el  CGPJ esté en funciones, como ocurre desde hace casi cuatro años.

Esta advertencia tiene todos los visos de convertirse en la nueva excusa del sector conservador para retrasar el acuerdo.