Por primera vez en la historia, el Pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido en dos jornadas sucesivas para analizar una reforma del Gobierno. Y el suspenso ha sido mayúsculo en la primera sesión, y cierto puente tendido hacia el ministro de Justicia en la segunda.

Sólo dos de los 36 magistrados presentes apoyaron la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón en materia de recurso de casación, que queda muy restringido en la reforma. Al término, han optado por elaborar un texto articulado con sugerencias al Anteproyecto gubernamental.

Los magistrados dedicaron dos días para reunirse a puerta cerrada en un pleno no jurisdiccional, con unas conclusiones que en ocasiones han sido muy críticas sobre la reforma de Gallardón sobre una ley poderosa: la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Anteproyecto enviado a las Cortes altera tanto la estructura del Poder Judicial y ha sido tan cuestionada que el Consejo General del Poder Judicial ha optado por dar cauce a los jueces para recabar sus opiniones. De ahí la reunión de la Sala III (de lo Contencioso-Administrativo) en Pleno. Esta Sala se ocupa de los conflictos entre administraciones públicas, así como de los litigios de ellas con los ciudadanos.

En la sesión del lunes, los magistrados fueron muy críticos con un nuevo invento del ministerio: la jurisprudencia vinculante del Supremo. En la del martes, trataron de contemporizar sus críticas con la elaboración del texto alternativo al recurso de casación.

La reforma incluye la figura del recurso para alcanzar la unificación de doctrina. La Sala III determinará cada año 'el número máximo de recursos de casación para la unificación de doctrina' que admitirá al año siguiente. Así figura en el artículo 100 de la reforma de la LOPJ enviada al Parlamento.

Por si fuera poco, este recurso de casación tendrá una limitación máxima de folios. El artículo 101 dispone que el Supremo podrá regular 'la longitud máxima' de los escritos de preparación, interposición y oposición del recurso de casación para la unificación de doctrina.

Otra idea de Gallardón y de los redactores de la reforma es la creación de una jurisprudencia vinculante. Será acordará por cada Sala de forma trimestral. Y lo que allí se disponga será de obligada aplicación en todos los Juzgados y Tribunales inferiores, precisamente los que más están en contacto con la cambiante realidad social.

Por si fuera poco, las Salas deberán oír a las administraciones públicas antes de fijar su jurisprudencia vinculante. Y si un ciudadano la invoca ante los poderes públicos 'éstos podrán rechazar motivadamente su aplicabilidad al caso concreto, justificando expresamente las razones de su decisión' (artículo 32).

El Pleno de la Sala III dedicó parte de las sesiones del lunes a esta nueva figura, con muchas voces críticas al suponer la creación de una nueva fuente del derecho.

Varios magistrados cuestionaron la constitucionalidad de una jurisprudencia vinculante: los jueces sólo deben obedecer a las leyes, como dice la Constitución, y no a una jurisprudencia que emane del Supremo, argumentaron. La mayoría entiende que implica 'burocratizar' la función del juez, quien sólo está gobernado por el imperio de la ley y que debe interpretarla con arreglo a la realidad social del momento. Varias voces aseguraron en el Pleno que la figura es contraria a la independencia judicial.

También se contempló como un ataque a la independencia judicial la supresión de las categorías judiciales previstas por Gallardón.

El texto articulado del Pleno de la Sala III será remitido al ministerio de Justicia, al CGPJ y a la Sala de Gobierno del Supremo, que se reunirá el jueves para analizar la reforma.

El Pleno de la Sala III no abordó otros aspectos polémicos de la reforma, al no afectar a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Así, la estructura judicial que crea el Anteproyecto es una estructura jerarquizada, de obediencia obligada al Supremo en la jurisprudencia vinculante y sin libertad de expresión ni siquiera para los representantes de los jueces y con una Audiencia Nacional más poderosa, aunque este tribunal excepcional estaba llamado a desaparecer tras el fin del terrorismo.

En concreto, el Anteproyecto impone el silencio a los jueces y las asociaciones judiciales: no podrán opinar sobre un caso de interés público que esté en trámite. Tendrán prohibido realizar comentarios jurídicos o críticas a reformas legislativas de cualquier asunto. Tampoco se podrán pronunciar  públicamente, 'o mediante otro tipo de comportamientos', sobre consideraciones jurídicas de cuestiones que sean competencia de otros poderes del Estado.

También suprime la figura de los jueces decanos, los únicos cargos elegidos directamente por los jueces de un partido judicial y que es una figura muy respetada por la carrera.

En la primera instancia -la que recibe la demanda inicial de justicia del ciudadano- ya no habrá un solo juez. Trabajarán de forma colegiada, pero el presidente del tribunal de instancia será designado por un órgano político: el CGPJ, que hasta ahora extendía su poder de nombramiento desde los magistrados del Supremo hasta las presidencias de las Audiencias Provinciales y no descendía más abajo. Las Audiencias desaparecen, al igual que los juzgados de paz.