La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles que las campañas del PP en València en 2007 y 2011 se financiaron de manera irregular a través de donaciones y pagos de empresas privadas. Rita Barberá fue alcaldesa durante ese período de tiempo, hasta 2015.

Las investigaciones indican que la campaña electoral de 2007 tendría que haberse financiado con un presupuesto de 150.000 euros, pero las investigaciones concluyen que el partido liderado por Feijóo habría utilizado unos dos millones de euros que no fueron declarados en su totalidad.

Durante el período en el que se habría cometido el delito de malversación, Rita Barberá era la alcaldesa del Ayuntamiento de València y ahora, Alfonso Grau, mano derecha de ésta, ha sido el primero en testificar ante la Audiencia Provincial. Grau ya estuvo en prisión provisional cuando fue acusado por el caso Azud.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (Compromís) solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho. Por otro lado, José Salinas (exdirector de la Fundación Turismo Valencia) y Juan Eduardo Santón (exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo) se enfrentan a cinco años por malversación, y Carmen García Fuster (exsecretaria del PP) a un año por delito de cohecho.

Solo han quedado cuatro personas acusadas de las 49 iniciales, entre las que se encontraban el propio partido y concejales y asesores del mismo en el Ayuntamiento valenciano durante la alcaldía de Barberá. Sin embargo, el procedimiento contra ellos se archivó.

La investigación de las cuentas del PP

La exconcejala María José Alcón le contó a su hijo y a su hermana que había en marcha una "operativa de transferencias bancarias" a la cuenta municipal del PP de València, que luego eran reintegradas en dinero en efectivo. A raíz de esta conversación, la Guardia Civil analizó las cuentas del partido.

La investigación destapó que varias empresas habían sido contratadas en 2007 y 2011 por importes mayores a los que realmente se declararon. Según fuentes cercanas al caso, se trataba de compañías que tenían "intereses económicos" con el Ayuntamiento. En paralelo, un agente de la Guardia Civil ha declarado que en la vivienda de García Fuster había sobres con dinero.