El caso Azud, cuyo sumario se hizo parcialmente público la semana pasada, ha hecho volver al País Valencià a las épocas de los trajes de Camps, los pitufeos de Rita Barberá, los millones de Alfonso Rus y las comisiones de Zaplana. El retorno es literal, puesto que los presuntos delitos de corrupción que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habrían producido entre 1999 y 2013, en plena época de la euforia especulativa que provocó la burbuja inmobiliaria.

A diferencia de otros casos de aquella época, esta investigación policial muestra una imagen de la corrupción mucho más transversal y enquistada que el tópico de "PP ladrón". De una manera u otra, todos los partidos existentes en aquellos años se han visto salpicados, aunque sea colateralmente, por el sumario. E incluso algunos que todavía no existían. Si bien, obviamente, el Partido Popular ha sido el más afectado, el Partido Socialista no se queda atrás, lo cual tiene cierto mérito, teniendo en cuenta la diferencia de poder institucional que tenían ambas formaciones en la época de los presuntos delitos. Entonces, el PP dominaba no solo la Generalitat, sino también las tres diputaciones y la gran mayoría de ciudades.

Con todo, la Guardia Civil ha acusado el supuesto conseguidor del PSOE, José Luis Vera, de haber intermediado con el alcalde de Benicàssim de aquel momento, el socialista Francesc Colomer, para desarrollar una operación urbanística en el parque natural del Desert de les Palmes, con la complicidad de la orden religiosa de las Carmelitas Descalzas. Además de gestiones con concejales socialistas, en la oposición, en València y Xixona. Aunque de forma más tangencial, también Compromís aparece en el sumario.

La empresa del histórico dirigente del Bloc Nacionalista Valencià –actualmente Més Compromís, principal formación de Compromís- Pere Mayor aparece involucrada en una operación de recalificación de terrenos en Burjassot para instalar un centro comercial de Eroski. La operación no se llevó nunca a término y tampoco se investigará si hubo ningún delito, puesto que, en caso de haberlo, ya habría prescrito. Indirectamente, incluso Vox ha aparecido mencionado en la trama. Y eso que era realmente difícil, puesto que la formación de extrema derecha no se fundaría hasta el 2013.

Pero el presunto principal conseguidor del PP, el abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, tenía que ser uno de sus fichajes estrella. Con el alejamiento de la familia Barberá del PP, que consideraba que el partido había traicionado el legado de la exalcaldesa, algunos miembros de la familia se aproximaron a Vox.

La sobrina de Rita e hija de Corbín, Rita Corbín Barberá, sonó como número dos por València en las listas de Santiago Abascal. La operación se frustraría por la detención de José María Corbín, pocas semanas antes de las elecciones, cuando saltó el caso Azud. 

La excepción Izquierda Unida

Pero el nombre de la formación que no aparece en la parte de los 700 volúmenes de documentación desclasificados hasta ahora es Izquierda Unida. Bueno, en realidad sí que aparece, pero en una dirección totalmente opuesta al resto.

En uno de los correos interceptado por la UCO entre el empresario Jaime Febrer, jefe de la trama, y el entonces concejal de urbanismo de València y actualmente diputado del PP, Jorge Bellver, el constructor se queja de que "el expediente ha caído en manos de un tal Raúl, que es un técnico de Planeamiento de Izquierda Unida muy complicado y que va por libre".

Así que Febrer le pide al concejal que interceda para cambiar el funcionario encargado de tramitar el expediente para agilizar el procedimiento. "Jorge ayer recibí correo de Mónica Montoro muy preocupada, porque el ED (...) no lo lleva directamente Florentina (...). En este momento está en manos de un técnico llamado Raúl. Sé que soy un coñazo con este tema, pero mira a ver sí le puedes dar una solución rápida y que lo tome directamente Florentina. Un abrazo. Jaime", se puede leer en otro de los correos desclasificados.

La documentación aportada por la UCO no específica si Bellver hizo la gestión ni como, pero "la anécdota" ha sido ampliamente difundida por diferentes cargos y militantes de Esquerra Unida, en una demostración que ellos "no son iguales".

Más preocupados en el PSOE que en el PP

A pesar que el grueso de comisiones y operaciones inmobiliarias implican administraciones gobernadas por el PP, el caso Azud podría dañar más a los socialistas que a los populares. Por un lado, el electorado del PP ya quedó totalmente anestesiado de los escándalos de corrupción de su partido y es difícil que este tema les pase aún más factura. Estos días se ha iniciado también el primer juicio por el caso Imelsa, que investiga la caja B del PP valenciano, sin que el partido haya mostrado rastros de incomodidad.

Todos estos casos se consideran "agua pasada" y se dan por amortizados. En el caso Azud, además, el único implicado que todavía tiene relevancia al PP es el diputado Jorge Bellver, mientras que el resto están todos fuera.

Para los socialistas la situación es bastante diferente. Uno de los principales encausados –y encarcelado de forma preventiva durante dos meses- es Rafael Rubio, concejal del PSOE en València en la época en que presuntamente cobró comisiones de centenares de miles de euros por parte de la trama. Pero es que Rubio era subdelegado del Gobierno español en activo en el momento de su detención, además de una de las piezas clave de la corriente del exministro José Luis Ábalos dentro del partido. 

El presunto conseguidor del PSOE, José Luis Vera, era una persona con relevancia en el partido hasta la fecha. Contratado como jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública de la Diputación, Divalterra –después de haber pasado por múltiples cargos- no fue despedido hasta este jueves, meses después de que saltara el escándalo.

Otros nombres implicados –aunque no acusados-, como el del exalcalde de Benicasim, Francesc Colomer, forman parte, hoy en día, del gobierno de la Generalitat. A estos hechos hay que sumar la actuación de uno de los pesos pesados del partido, Manolo Mata, que en julio pasado aceptó dirigir la defensa de Jaime Febrer.

A pesar de la incomodidad que la decisión generó entre sus socios de coalición y también dentro de las mismas filas socialistas, Mata optó por mantener la doble tarea de diputado y portavoz parlamentario socialista, con la de abogado de un presunto corruptor de cargos de su partido "mientras fuera posible". Cuando, con la publicación parcial del sumario, esto dejó de ser posible, Mata optó por dimitir de sus cargos y volver a su trabajo de abogado.

El mismo Mata alegó "cansancio" de la actividad política y desde su entorno confirman que "ya hacía tiempo que tenía ganas de dejarlo". La motivación escogida para hacerlo, sin embargo, no ha hecho más que provocar sospechas y extrañeza.