MADRID.- El Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) pagó un 2% a David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica y socio del exconsejero madrileño Francisco Granados, del total adjudicado en un contrato de eficiencia energética con la empresa Cofely (60,8 millones de euros), a través de una sociedad instrumental.

Así consta en un auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, rechazando el sobreseimiento de la causa para el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga (desde 2011 hasta su detención en octubre de 2014) y que aparece en los tomos del sumario de la trama Púnica a los se ha levantado el secreto.

Para desestimar su recurso, el juez recuerda que se está investigando un contrato de eficiencia energética adjudicado a la multinacional francesa Cofely , el 5 de diciembre de 2013, por 60'8 millones de euros y del que se destinó un 2% de su importe anual (4 millones de euros) a la confección de un estudio de consultoría por la entidad Rural Energética.

Ese estudio fue adjudicado por el Ayuntamiento "a los solos efectos de instrumentar (...) una distracción de caudales públicos, articulando un flujo de fondos desde el Ayuntamiento" a dicha empresa, que en realidad es una sociedad instrumental de la trama societaria de Marjaliza.

Sospechan que esos informes eran en realidad elaborados por la propia Cofely, quien también subcontrataba a otras empresas de obras y reformas de la misma trama de David Marjaliza.

Por este y otros contratos (como con Walter Music o el de depósitos de ropa usada), Velasco constata que en la etapa de Boza "continuaron las prácticas irregulares en materia de contratación administrativa que se habían detectado en etapas anteriores".

"Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato preferencial, gestionando a su dictado los expedientes de su interés y removiendo los obstáculos burocráticos en los distintos departamentos del Ayuntamiento", destaca el auto.

Con estas referencias, el juez entiende que Boza integraba "una trama de corrupción liderada por los ediles municipales del Ayuntamiento de Valdemoro y un grupo de empresarios locales que han incurrido indiciariamente en indicios delictivos de cohecho, malversación de caudales, falsificación, revelación de secretos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación, blanqueo y organización criminal"

La existencia de una organización criminal el juez la basa en el cumplimiento de una serie de requisitos: "colaboración de dos o más personas, búsqueda de beneficios de poder, permanencia en el tiempo y sospecha de comisión de delitos graves".

Otros indicadores de organización criminal, dice el juez, también aparecen tales como "un reparto de tareas específicas entre los miembros, existencia de mecanismos de control y disciplina interna, empleo de corrupción política, de medios de comunicación o justicia, actividad internacional, empleo de violencia e intimidación, empleo de estructuras comerciales y económicas y participación en blanqueo de capitales".