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Valle de los Caídos El abad del Valle de los Caídos no irá al Senado a aclarar las exhumaciones

El responsable de la abadía ofrece a los senadores la posibilidad de concertar una fecha para que puedan visitar el mausoleo del dictador, contestar "in situ" a sus preguntas y ofrecerles cuantas explicaciones precisen sobre las condiciones en las que se encuentra el osario donde reposan los restos susceptibles de ser exhumados.

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Fotografía de archivo del Valle de los Caídos. EFE/Archivo

El abad del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha comunicado al Senado que no declarará ante la Comisión de Justicia de la Cámara, tal y como pedía el PSOE, sobre su negativa a acometer exhumaciones en el mausoleo, pero ha invitado a los senadores a visitar la abadía y aclararles allí cualquier duda.

Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que el responsable de la abadía ha enviado un escrito a la Comisión de Justicia del Senado en el que anuncia que no acudirá el próximo lunes al requerimiento cursado desde este órgano, y alega para ello su condición de sacerdote y sus obligaciones con la comunidad benedictina.

Eso sí, Santiago Cantera ofrece a los senadores la posibilidad de concertar una fecha para que puedan visitar el enclave, contestar "in situ" a sus preguntas y ofrecerles cuantas explicaciones precisen sobre las condiciones en las que se encuentra el osario donde reposan los restos susceptibles de ser exhumados.

Al no tratarse de un cargo público, el monje no está obligado a acudir a la comisión, algo sólo obligatorio para los particulares cuando son llamados por una comisión de investigación parlamentaria.

El grupo socialista pretendía que explicara a la Comisión de Justicia los motivos por los que se niega a facilitar las exhumaciones de los restos de dos hermanos anarquistas enterrados en el recinto del Valle de los Caídos, Manuel y Antonio Lapeña, pese a que un juzgado autorizó sacarlos a petición de sus familiares.

Los benedictinos han paralizado la operación tras recurrir esta decisión judicial bajo el argumento de que la operación podría dañar la basílica, donde también está enterrado el dictador Francisco Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Los socialistas también pretendían que compareciera ante la Comisión de Justicia el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, requerimiento que no ha sido tramitado, así como el abogado Eduardo Ranz, representante de las familias que quieren recuperar los cuerpos de sus allegados depositados en el Valle de los Caídos, en principio citado para el próximo 12 de marzo.

El abad, que en su misiva a la comisión hace hincapié en la separación Iglesia-Estado para justificar su negativa a acudir el lunes a la Cámara Alta -según han explicado las fuentes- envió la comunicación ayer, al día siguiente de que la comisión hubiera aprobado por vez primera una moción unánime sobre Memoria Histórica.

Se trata de una propuesta que defendió el socialista Francesc Antich sobre la viabilidad de las exhumaciones, pactada con todos los grupos, y en la cual se trasladaba el "total apoyo" del Senado a Patrimonio Nacional y al Ministerio de la Presidencia para "facilitar" la retirada de restos humanos de los osarios.

El texto aludía al "cementerio público" del Valle de los Caídos puesto que según un informe de la Abogacía del Estado, los osarios de la nave central y la nave de crucero de la basílica deben considerarse cementerio público y no de la Iglesia, y resultaría conveniente evaluar su estado.

En este último aspecto incide la moción unánime, al apostar por un estudio técnico para evaluar la viabilidad de la retirada de restos humanos teniendo en cuenta las condiciones del recinto.

Además el pasado lunes, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, anunció también en el Senado que el Gobierno considera oportuno renovar el convenio que rige el funcionamiento del enclave suscrito en 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos.

Sánchez-Cortés invocó el "nuevo marco constitucional" y la "nueva realidad social" de España y abogó por una revisión consensuada.