Publicado: 17.05.2014 17:19 |Actualizado: 17.05.2014 17:19

Víctimas de catástrofes españolas presentan un manifiesto para el 25-M para exigir justicia, verdad y memoria

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Las asociaciones de víctimas del accidente de Spanair, Metro de Valencia, Víctimas del Alvia-Santiago, Yak-42 y la familia Couso se han unido en la Red de Víctimas Españolas (REVES) para exigir a la clase política española respeto, justicia, verdad y memoria, ya que se sienten "ninguneados, ignorados y maltratados".

Así lo han explicado los portavoces de las diferentes asociaciones en una rueda de prensa celebrada en Madrid, para presentar un manifiesto que han suscrito y que entregarán a los partidos políticos que se presentan a las elecciones europeas del 25 de mayo. En este acto estaba prevista la asistencia de representantes de las familias de las víctimas del Madrid Arena, que rubricarán el manifiesto más adelante.

Entre las propuestas y peticiones que incluye el citado manifiesto se incluye la creación de una Oficina de Víctimas Europeas, la constitución de un grupo de trabajo que elabore el Estatuto Europeo de las Víctimas y la creación de un Consejo Nacional de Seguridad, dependiente del Congreso de los Diputados que investigue las catástrofes dentro y fuera del Estado español.

Durante su intervención, la presidenta de la asociación de víctimas del accidente del vuelo de Spanair JK-50-22, Pilar Vera, ha manifestado que "hoy está más cerca de hacerse realidad el sueño" por el que viene luchando desde marzo de 2010 y es la "unión" de las víctimas en España, lo que, a su juicio, será "extraordinario y único". "Para las familias no es una cuestión económica, sino de derecho y respeto", ha remachado.

"A todas las víctimas, aunque el origen de nuestra tragedia sea diferente, nos unen los mismos sentimientos. Frustración, dolor, impotencia, injusticia, adversidad frente a lo imposible, muros de silencio", ha indicado, para después añadir que "la unión de todos hará que cambien los procedimientos, las normas y los métodos" que han provocado estas tragedias y evitar que "el tiempo, enemigo de la memoria, haga su trabajo con el olvido".

María Teresa Gómez Limón, de la Plataforma de Víctimas del Alvia-Santiago, ha puesto en valor la "ejemplar" instrucción del juez del caso, al tiempo que ha acusado al fiscal porque "no se dedica a defender a las víctimas, sino que se dedica a defender a los acusados porque son poderosos", al Estado español porque "el Ejecutivo manda sobre el Legislativo y sobre el Poder Judicial" y ha acusado al Ministerio de Fomento de "ahora y al de antes" porque ha vendido un billete de alta velocidad por "un afán de codicia".

"Nosotros vamos a seguir esta lucha", ha asegurado Gómez Limón, para después asegurar que lo verdaderamente importante del manifiesto que han presentado es que "pase las fronteras de España" porque ya no confían en las instituciones españolas. "Aquí no hay democracia, sólo hay un teatro que se montan los poderosos para ganar unos y otros", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas de Yak-42, Miguel Sencianes, ha asegurado que antes de que sus familiares murieran, creían que los políticos españoles "no mentían y que estaban al servicio de todos los ciudadanos, sobre todo, en los casos de vulnerabilidad".

Además, ha denunciado la "impunidad completa" que hubo en su caso y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "indultó hace dos años a los tres únicos acusados, declarados delincuentes", haciendo el "peor agravio a la memoria de 62 ciudadanos y a sus familias".

"No podemos consentir que una negligencia provoque una muerte más, no se puede consentir que un político nos mienta y mucho menos a las familias que han perdido a un ser querido, no se puede engañar con la identidad de los ciudadanos y menos si está muerto, nunca más se debe permitir que una madre busque el cuerpo de su hijo durante dos años y mucho menos que estos hechos tan graves queden impunes con un indulto", ha señalado Sencianes.

En último lugar, Paco Cardona (en nombre de la presidenta de la Asociación 3 de Julio de Metro de Valencia, Beatriz Garrote) ha indicado que este acto "no debería ser necesario" ni que las víctimas tengan que exigir que se atiendan sus derechos de "información y de reparación".

Según Cardona, la respuesta que las diferentes administraciones y gobiernos del Estado español dan ante una tragedia está "más encaminada a proteger a los responsables de estos sucesos que en algunas ocasiones es la misma administración pública, que a defender los derechos de las víctimas".

"Nos hemos sentido ninguneados, ignorados y maltratados", ha aseverado, al tiempo que ha sentenciado: "¡Basta ya! Llevamos mucho tiempo luchando y exigimos que tomen medidas para que ninguna víctima vuelva a ser pisoteada por quienes debieron defenderla".

Para terminar el acto, Pilar Vera ha recordado a las últimas víctimas de accidentes aéreos como el ocurrido el 28 de octubre de 2013 cuando una avioneta se estrelló en los riscos de un pinar en Gran Canaria o el del pasado 19 de marzo cuando un helicóptero militar cayó al mar entre las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, y ha invitado a sus familiares sumarse a esta nueva red.

En su manifiesto, las víctimas solicitan que la Oficina de Víctimas Europeas tenga su sede en el Parlamento Europeo y dé apoyo, respaldo y ayuda a "cualquier ciudadano europeo que sufra una tragedia" ya sea dentro o fuera de Europa, bajo los principios de "ayuda mutua, solidaridad, justicia y verdad, prevención y memoria".

En relación con el grupo de trabajo encargado de la elaboración del Estatuto Europeo de las Víctimas, las asociaciones proponen que esté constituido por las propias víctimas españolas y "bajo el amparo, patrocinio y apoyo de los eurodiputados".

Asimismo, la Red de Víctimas Españolas ha instado a los políticos españoles a acometer una serie de cambios legislativos "con el fin de reparar los mismos errores que se suceden con los ciudadanos afectados por una catástrofe".

Según las víctimas, el Estado debe investigar a título propio, así como sancionar aquellas investigaciones o actuaciones que sean ineficientes y reconocer a la familia de la víctima como el "principal interesado" en esclarecer las circunstancias del accidente y nombrar una figura mediadora independiente aceptada por ambas partes.

Finalmente, REVES exige que se favorezca la investigación sobre las circunstancias de los accidentes y las posibles responsabilidades, que se responsabilice a los "políticos o agentes del Estado que mientan" a las familias; que se inhabilite para cargo público a quien tenga responsabilidad política o jurídica sobre la pérdida de la vida de los ciudadanos y que se prohíba el indulto en estos casos.