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Villarejo, Inda y Cerdán intentaron un tercer chantaje a la Casa Real con el romance de Juan Carlos y Marta Gayá

'Público' desveló en enero de 2017 cómo el comisario José Villarejo, ahora en prisión acusado de blanqueo, cohecho y organización criminal, y el ex DAO Eugenio Pino intentaron chantajear a la Casa Real y al CNI desvelando los romances de Juan Carlos I. Ahora es Ana Romero en 'El Rey ante el espejo' quien revela el tercer intento de 'las cloacas' de utilizar estas informaciones como moneda de cambio para salir indemnes de los procesos judiciales que los acorralan.

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Juan Carlos I y Felipe VI. REUTERS

Verano de 1993, Palma de Mallorca. Mario Conde, tras comprar el 50% de la revista Época, le asegura al rey Juan Carlos I: "Majestad, aquí ya no se volverá a publicar ninguna foto suya". Marzo de 2017: el digital de Eduardo Inda publica una grabación del monarca emérito a un amigo que data de los años 90, en la que asegura que "nunca he sido tan feliz", en referencia al romance que mantiene con Marta Gayá, una mujer de la alta sociedad mallorquina y que continúa manteniendo una estrecha relación con el ex jefe de Estado.

La periodista Ana Romero confirma ahora en el libro El rey ante el espejo (Esfera de los libros) lo desvelado por Público hace un año, cuando reveló una grabación al comisario Enrique García Castaño -"tronco" del comisario José Manuel Villarejo y de sus periodistas presuntamente infiltrados, Eduardo Inda y Manuel Cerdán- y al ex número 2 de la Policía, Eugenio Pino, y desmontó el intento de estos altos mandos policiales y sus portavoces de salir indemnes de los procedimientos judiciales que les acorralan y que ya han llevado a Villarejo a prisión acusado de blanqueo, cohecho y organización criminal.

Conde, enemigo, delincuente y revelador de secretos

Aparte de la información que Villarejo y sus hombres de confianza, Eduardo Inda y Manuel Cerdán, pretendían sacar sobre Corinna, los otros dos escándalos con los que querían chantajear al rey Felipe VI y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dirige Félix Sanz Roldán, eran los romances de Juan Carlos I con Bárbara Rey y Marta Gayá.

Estos amoríos formaban parte de la rumorología desde la década de los noventa, pero cuando pasan a ser parte del complot de las cloacas, acaban convirtiéndose en arma arrojadiza contra la actual Casa Real.

¿Quién tenía esa información? Entre otros, el banquero caído en desgracia Mario Conde, que durante la época del pelotazo económico en España se convirtió en el guardia de corps de Don Juan de Borbón, hasta que su hijo Juan Carlos I, con ayuda de Felipe Gónzalez, lo aparta del camino con la intervención de Banesto.

La sombra de Mario Conde en las cloacas de Interior se deja ver en la causa del pequeño Nicolás: la finca La Alamedilla, con la que se pretendía blanquear 20 millones de euros a través de un banco de Guinea, formaba parte del tesoro perdido de Banesto, como el ex magistrado Antonio Martín Pallín puso de manifiesto en la sentencia del Supremo por el caso Banesto: Conde se la vende a su vicepresidente, Arturo Romaní, quien a su vez la vende a una sociedad formada por el ex director de Operaciones Inmobiliarias del Banco Santander, Javier Martínez de la Hidalga, y por Adrián de la Joya, entre otros.

Lo cierto es que, como desvela ahora Ana Romero, esa información que sirvió en los 90 como moneda de cambio a Mario Conde con el anterior jefe del Estado, no ha servido en esta etapa de Felipe VI para frenar ninguna investigación.

Cloacas en apuros

Según Romero, algunas de estas informaciones habían llegado en los años 90 a la pareja periodística que formaban Manuel Cerdán y Antonio Rubio en El Mundo. Según este último, actual director del máster de periodismo de investigación de Unidad Editorial, la información de que los servicios secretos habían pagado a Bárbara Rey fuera de España no se publicó en su momento porque no se podía demostrar.

Sin embargo, Villarejo, Inda y Cerdán no tuvieron escrúpulos en desvelarla en 2017, sin ninguna prueba, simplemente para librarse de las diferentes causas judiciales en las que están involucrados.

El único partido que interpuso una querella por estos hechos -chantaje a las altas instituciones del Estado- fue Podemos tras las revelaciones de Público en 2017. Pero el juez Santiago Pedraz,  de la Audiencia Nacional, la remitió a los juzgados de instrucción de Madrid alegando que no era competencia de la Audiencia Nacional. Un año después, los juzgados de Plaza de Castilla no han dado salida a esta orden de investigación de la Audiencia Nacional.