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Dictadura argentina Amenazas a testigos y presiones políticas: la historia oculta del juicio a Videla en España

La Audiencia Nacional guarda documentos sobre intimidaciones y ataques contra personas que tomaron parte en el proceso contra la dictadura argentina. También figura la llamada realizada por el presidente Menem al magistrado español en marzo de 1997, justo después de que solicitara la extradición de un militar.

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Jorge Luis Magnacco junto al dictador argentino Jorge Rafael Videla, durante el juicio por crímenes de lesa humanidad en 2011.

Se llamaba Esperanza, pero sólo sentía desazón. Cuando miraba a su alrededor, aquella mujer sólo encontraba vacíos. Y cuando ponía la vista hacia el futuro, apenas veía impunidad. Esperanza Catalina Pérez era su nombre completo. La dictadura argentina asesinó a su marido y a dos de sus tres hijos. Ella vivió hasta el 13 de junio de 2011, cuando su corazón se apagó lentamente en una cama del hospital Puerta de Hierro de Madrid. Nunca, absolutamente nunca, había dejado de pedir justicia.

El asesino también tenía nombre y apellido: Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1978, cuando la familia de Esperanza fue literalmente destrozada, este militar de inocultables ambiciones era el jefe del Ejército en Rosario, la ciudad argentina en la que vivían los Labrador. Su furia asesina sería debidamente premiada por sus superiores, que le permitirían ascender hasta la “presidencia” de la dictadura en 1981. Un año más tarde, cuando Argentina se lanzó a la guerra contra el Reino Unido por las islas Malvinas, Galtieri fue el principal responsable de mandar a aquellos jóvenes a una muerte segura. Los soldados –hasta 649, según las estadísticas oficiales- murieron bajo el fuego enemigo. El teniente general vivió hasta el 12 de enero de 2003, cuando falleció a causa de una enfermedad.

Los datos personales de este genocida figuran hoy en la Audiencia Nacional. Allí se conservan varios documentos relacionados con la causa judicial que instruyó el juez Baltasar Garzón por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Galtieri, Videla y otros militares argentinos durante la última dictadura (1976 -1983). De hecho, los asesinatos perpetrados contra la familia Labrador –oriundos de San Esteban de la Sierra, en Salamanca- fueron determinantes para que el magistrado librase una orden internacional contra el dictador y solicitara al gobierno de Argentina, entonces en manos de Carlos Saúl Menem, que actuara en consecuencia.

“Quiero hablar con Garzón”

El 25 de marzo de 1997 fue martes. Ese día, Garzón libró una orden de captura internacional contra este genocida. Por entonces, Galtieri se movía libremente por Argentina, donde se mantenían vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ante esa situación, el presidente Menem -un firme defensor de la impunidad- no tardaría en reaccionar.

Según señala un documento al que ha tenido acceso Público, a las 13:15 del 26 de marzo de 1997 –cuatro horas menos en Buenos Aires-, el entonces presidente argentino llamó por teléfono al juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional y habló directamente con el secretario, a quien le indicó que quería “hablar con el magistrado-juez titular de este juzgado”. Sin embargo, Garzón no se encontraba “en ese momento” en su despacho, tal como le informó el funcionario. Seguido, Menem indicó que volvería a llamar. De esa posible segunda llamada no existe constancia documental.

Llamada del presidente de la República Argentina Carlos Saúl Menem al juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional./PÚBLICO

Amenazas anónimas

En ese contexto, distintos documentos que obran en poder de este periódico demuestran que no fue una investigación fácil. Mientras Garzón recibía llamadas desde la mismísima Casa Rosada, hubo testigos que sufrieron amenazas y ataques “anónimos”. Por ejemplo, el sobreviviente Luis Gallardo –quien había sido secuestrado y torturado hasta en tres ocasiones durante la dictadura- recibió amenazas “sobre él y su familia” en su domicilio de Tucumán (norte del país), “motivadas por su declaración” ante el juez de la Audiencia Nacional en junio de 1998.

Lo mismo ocurrió con Adelaida Celina Carloni de Campopiano y Ricarda García Bermejo, cuyos respectivos hijos (ambos de origen español) también habían desaparecido en la provincia de Tucumán. Ambas habían declarado ante Garzón el 12 de junio de 1998. Adelaida había denunciado lo ocurrido con su hijo Julio César, secuestrado el 21 de octubre de 1976, mientras que Ricarda había centrado su testimonio en la terrible historia de su hija Azucena, quien en el momento de su desaparición se encontraba embarazada de cuatro meses. De hecho, se estima que su hijo o hija es uno de los aproximadamente 400 casos de robos de criaturas que Abuelas de Plaza de Mayo continúa investigando. El compañero de Azucena, Jorge Osvaldo Rondoletto, también desapareció.

Documento que recoge las amenazas a familiares de los desaparecidos durante el régimen dictatorial argentino de Videla./PÚBLICO

Según consta en un escrito de sus abogados, tras declarar ante Garzón “ambas señoras han recibido amenazas anónimas contra su integridad física, debido al contenido de su declaración así como al hecho de haberse desplazado desde la República Argentina a Madrid para prestar su testimonio”. “Con fecha 5 de julio de los corrientes ambas testigos han regresado a la República Argentina, por lo que interesa que por este Juzgado se comunique con la Autoridad argentina competente para que por esta se establezcan las medidas adecuadas de protección a las mencionadas señoras, máxime atendiendo a la avanzada edad de las indicadas”, advertían los letrados de la acusación.

“No denuncies más”

A la socióloga Alicia Rosa Golán Meda, quien el 26 de junio de 2000 había relatado la persecución sufrida por su familia, le quemaron la vivienda. Así consta en un escrito presentado por esta testigo aproximadamente un año después, cuando volvió a prestar declaración ante Garzón. Entonces relató que “a su llegada a Buenos Aires se encontró con que le habían incendiado su casa y realizado boquetes en paredes y techo, robándole documentación de sus denuncias e investigaciones sociales”.

La mujer señalaba además que a finales de 2000 había sufrido “un segundo atentado, esta vez contra su persona por parte de dos individuos que le esperaron a la salida de su domicilio y la lesionaron gravemente, diciéndole ‘no denuncies más’”. En su escrito, Golán añadía que se encontraba al frente de un Centro de Investigación Social dedicado a realizar “investigaciones sociales sobre corrupción estatal, municipal y judicial”. Nada que un oportuno incendio no pudiese arreglar.

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