Audita Sanidad ha denunciado ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, organismo adscrito a la Subsecretaría de Hacienda, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por los contratos menores adjudicados durante los años 2017 y 2018, bajo los gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido.

Los consejeros al cargo en estos años fueron Jesús Sánchez Martos y Enrique Ruiz Escudero, hasta hace unas semanas también al mando de esta cartera con Isabel Díaz Ayuso como presidenta.

La organización ha interpuesto esta denuncia junto a la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública, si bien no es la primera vez que se pone el foco en la gestión de los contratos públicos sanitarios en la región. Es más, ya habían sido denunciados ante otras cuatro entidades con anterioridad: el Tribunal de Cuentas del Estado, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según las investigaciones llevadas a cabo por la plataforma, solo el 1% de contratos firmados en este periodo fueron a través de un concurso de licitación. O lo que es lo mismo, que el 99% fueron contratos menores para los cuales no es necesario someter a previo concurso público la adjudicación, sino que las empresas son seleccionadas a dedo.

En términos globales, entre 2017-2018 se adjudicaron un total de 1.026.323 contratos menores, que han supuesto un importe total de 1.644 millones de euros. Lo que implica que la Consejería de Sanidad firmó una media de 1.406 contratos a dedo al día por un importe medio de 2.252.731 euros.

Vicente Losada, uno de los redactores de los informes que evalúan estas presuntas irregularidades en la Consejería de Sanidad, ha criticado el "sobrecoste" que dichos contratos suponen para las arcas de la sanidad pública.

"Solamente con ese dinero se podrían haber construido en su lugar 41 centros de salud de Atención Primaria que tanto necesitamos o haber contratado a 11.937 médicos, por ejemplo", ha expresado Losada.

Desde Audita Sanidad sospechan que la política sanitaria de la Comunidad de Madrid está "más orientada a garantizar el beneficio de las empresas privadas" que al "cuidado de las personas". La plataforma se plantea, además, elevar la denuncia a los tribunales europeos o, incluso, recurrir a lo penal por presunta prevaricación.

El hecho de que se hayan centrado en estos dos años responde a la imposibilidad de los miembros de la organización para abarcar el enorme volumen de ejercicios fiscales existentes, han detallado. Con todo, Losada asegura que "se trata de una práctica que sigue teniendo lugar en la actualidad".

De hecho, esta es la misma fórmula jurídica que usó Ayuso para el contrato de las mascarillas durante la covid, con el que su hermano cobró 55.850 euros, así como con las empresas Vin Dore 24K y Air Global Media, que fueron denunciados por Unidas Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción y su homónimo europeo.