Vecinas, ecologistas, ganaderos y agricultoras; científicas y mariscadoras; alcaldes y concejales de los municipios afectados por la planta de celulosa que la empresa portuguesa Altri planea levantar en la localidad lucense de Palas de Rei, reclamaron este mediodía en Bruselas que la Unión Europea no financie el proyecto con fondos comunitarios.

En un viaje organizado por la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego, Ana Miranda, representantes de los colectivos que se oponen a la factoría expresaron el pasado lunes sus argumentos en el Parlamento Europeo, y al cierre de este artículo se encontraban reunidos con funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente y de la Secretaría General de la Comisión Europea.

Altri, la segunda empresa productora de papel en Portugal, quiere instalar un macrocomplejo en la comarca lucense de A Ulloa con capacidad para producir hasta 400.000 toneladas al año de pasta base de celulosa y 200.000 de tejido semisintético lyocell. A máximo rendimiento, consumirá cada año 1,2 millones de toneladas de madera de eucalipto y extraerá casi 17 millones de metros cúbicos anuales de agua del río Ulla.

Según el proyecto que ha entregado a la Xunta, Altri devolverá al río un 65% de ese volumen a una temperatura de 27 grados, lo que podría elevar en otros tres grados la de su caudal. El Ulla desemboca en la ría de Arousa, donde el sector marisquero ya ha expresado su estupor por los previsibles daños que los vertidos podrían causar sobre los ecosistemas de la ría.

Además, la fábrica expulsará gases y partículas tóxicas a través de una chimenea de 75 metros que según las plataformas que se oponen a su instalación podría afectar a la salud humana y animal y provocar lluvia ácida, algo que la empresa niega, asegurando que se ajustará a los límites que exigen las leyes gallegas, españolas y europeas.

"Hay que levantar la alerta medioambiental en las instituciones comunitarias, pues se podría incumplir la normativa comunitaria en varias materias: agua, suelos, aire, especies protegidas, zonas de Red Natura...", apunta la eurodiputada del BNG.

Para sacar adelante sus planes, Altri se ha asociado en Galicia con la empresa Greenalia y ha contratado a la consultora de los exministros José Blanco, socialista y natural de Palas de Rei, y Alfonso Alonso, del PP. La compañía ha anunciado una inversión de 850 millones de euros, pero ha admitido que solo seguirá con el proyecto si obtiene un 25% de ese dinero de los fondos Next Generation de la UE.

"Esa financiación está sujeta a normas como la que impone que los proyectos no causen un daño significativo sobre el medio ambiente. ¿Qué industria provoca un daño medioambiental más significativo que la industria papelera?", se pregunta Xoán Castro Ínsua, ingeniero del Centro de Investigacións Agrarias de la Xunta.

Según Ana Fernández Santamarina, de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), la producción de celulosa generará, entre otros compuestos, amonio, nitratos, sulfatos, fosfatos y fósforo total, cuyas reacciones con las sustancias que ya se encuentran en el embalse de Portodemouros, de donde se extraerá el agua, no han sido analizados en el estudio de impacto ambiental presentado a la Xunta.

Amenaza para los recursos hídricos

Quienes se oponen a la fábrica luchan contrarreloj para oponerse a los planes de Altri, que la pasada legislatura logró que el Parlamento de Galicia se pronunciase a su favor por unanimidad, haciéndolo pasar falsamente por una instalación verde y sostenible para la fabricación de tejidos ecológicos.

En realidad, los afectados alertan de que se dedicará principalmente a la producción de pasta de celulosa, altamente contaminante, que amenaza los recursos hídricos de varias comarcas por el elevado consumo de agua que exige poniendo además en peligro la actividad agroganadera y de los sectores turístico y cultural locales vinculados a la naturaleza, al patrimonio artístico y el Camino de Santiago.

La Xunta de Alfonso Rueda ya ha declarado el proyecto de interés estratégico para la comunidad, para acelerar así los trámites que permitan su puesta en marcha, y el Gobierno de Pedro Sánchez también ha dado los primeros pasos para aprobar su condición de proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE), que permitiría a Altri acceder a la financiación comunitaria.

Lo haría a través del programa destinado a descarbonización, algo que los afectados consideran otra irregularidad dado que, aseguran, la planta no solo no contribuiría a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que contribuiría a incrementar la polución con gases tóxicos.

Ese es uno de los argumentos que llevaron a la reunión de este martes, a la que asistieron, entre otras, María Teresa Fábregas, directora del grupo operativo del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Comisión Europea, que regula el acceso a los PERTE sufragados con fondos Next Generation; y Paul Speight, jefe de la Unidad de Cumplimiento de la Normativa Medioambiental del Ejecutivo comunitario.

Los representantes de las plataformas están presentando miles de alegaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto.